JORNADAS ANARQUISTAS PACHUCA 2017

Mayores informes en este Blog y al correo fandoeros@gmail.com

Los kurdos desafían los planes de las potencias para Medio Oriente

Los kurdos desafían los planes de la s potencias para Medio Oriente

Por Leandro Albani 

31/08/2016

Turquía se acerca a Siria prometiendo la “paz”, pero invade militarmente el país con el objetivo de desbaratar la resistencia kurda. Mientras tanto, Estados Unidos y Rusia juegan sus fichas en Medio Oriente generando un futuro incierto. “Los tiempos cambian”, dice la popular frase. Y en Medio Oriente, esos tiempos cambian de forma acelerada con el transcurso de las horas. El ejemplo más concreto y reciente es el del gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Hasta hace apenas unas semanas, sobre Erdogan y su administración caían todas las críticas (principalmente de Siria, Rusia e Irán) por solventar y apoyar al Estado Islámico (o Daesh). Pero ahora, reuniones del más alto nivel mediante, el gobierno turco intenta posicionarse como la llave que permitiría devolver la estabilidad en territorio sirio.

Frustrado el golpe de Estado del 15 de julio pasado en Turquía, Erdogan viró con su política y, luego de restablecer relaciones con Rusia, declaró su disposición en colaborar para derrotar al Daesh y ayudar con la solución del conflicto sirio.

El primer ministro turco, Binali Yildirim, efectuó varias declaraciones en este sentido. El sábado expresó que su gobierno busca asumir un papel más activo en Siria durante los próximos seis meses para evitar una “división sectaria” del país. De esta manera, Yildirim se refirió más que a “salvar” a Siria, a redoblar los esfuerzos para derrotar el proceso revolucionario que desde hace más de cuatro años se despliega en el norte de Siria, la región kurda denominada Rojava.

En los últimos días, desde el gobierno turco remarcaron que uno de sus principales objetivos es cortar la acción de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG/YPJ) y del Partido de la Unión Democrática (PYD), ambos vinculados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Erdogan y sus funcionarios no han parado de repetir que la lucha debe direccionarse con el Estado Islámico y el PKK, poniendo a ambas organizaciones en el mismo plano, pese a que se encuentran en las antípodas ideológicas.

En las últimas horas ocurrieron una serie de hechos que muestran que el proceso político generado en Rojava corre peligro:

-El 23 de agosto, Erdogan se reunió con Masud Barzani, el multimillonario presidente del Kurdistán Autónomo de Irak. Barzani, líder histórico del Partido Democrático de Kurdistán (PDK), es un enemigo declarado del PKK. Ambos mandatarios discutieron medidas para combatir a la insurgencia kurda y al Daesh. La relación de Erdogan y Barzani se acrecentó con el correr de los años, razón por lo cual el dirigente del PDK no emite palabra cada vez que la aviación turca bombardea las montañas de Kandil, ubicadas en el Kurdistán iraquí y donde se encuentra la comandancia del PKK. A diferencia del PKK, Barzani busca a toda costa declarar un Estado kurdo independiente que comprenda los territorios iraquí y sirio. Debajo de ese suelo están las principales reservas petroleras de ambos países. Las razones de Barzani se encuentran en el control de esas riquezas

-El mismo martes, Turquía ingresó por tierra y aire a Rojava, bajo la excusa de combatir al Daesh. El punto elegido fue Jarablus, el paso fronterizo que el Estado Islámico utiliza para traficar armas y petróleo. Las milicias YPG/YPJ intentan recuperar el control de esa zona para unir los cantones de Cizîr, Kobanê y Efrîn, que conforman Rojava. Ante la avanzada turca, Jalid Isa, representante del PYD, denunció que el gobierno de Erdogan “está tratando de convertir su ocupación indirecta de Siria en directa”, por lo cual exigió que Turquía “se retire inmediatamente del territorio sirio y detenga su apoyo a los grupos terroristas en Siria; de otra manera, obligaremos a las fuerzas turcas a salir de nuestro territorio”. Por su parte, las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS, integradas por kurdos y árabes) alertaron sobre los “peligrosos desafíos que las potencias regionales están imponiendo a nuestro pueblo”. En estos momentos, las fuerzas turcas están combatiendo junto al Ejército Libre Sirio (ELS), grupo considerado “terrorista” por el gobierno de Damasco. A su vez, Rodi Osman, representante del Kurdistán sirio en Moscú, denunció que Jarablus “fue bombardeada por tanques, artillería y aviación. En el ataque también participaron miembros de grupos radicales islamistas, como el Frente Fatah al Sham (antiguo Frente al Nusra), Ahrar al Sham, Sultan Murad, Nureddin al Zinki y Yeish al Fath”.

-Al mismo tiempo que Turquía atacaba Jarablus, el vicepresidente de Estados Undios, Joe Biden, visitó Ankara. Según el portal Russia Today, Estados Unidos y Turquía llegaron “a un acuerdo por el cual los kurdos no pueden estar en los territorios que se encuentran al oeste del río Éufrates”. Si las fuerzas kurdas no respetan esto, “Washington dejará de prestarles ayuda”, afirmó Biden. La Coalición Internacional que lidera la Casa Blanca es, según el PKK, un aliado táctico en Siria para derrotar al Daesh. Pero algo que se sospechaba empezó a ocurrir: con las declaraciones de Biden se ve el primer paso público de Washington para distanciarse de las Y^PG/YPJ. Estados Unidos respalda militarmente a las milicias kurdas y a las FDS, pero no comparte la creación de una federación autónoma en el norte de Siria y tampoco el proyecto político y social que se impulsa en Rojava.

-Como nunca había ocurrido antes, las YPG/YPJ se enfrentaron al Ejército sirio durante varios días en la ciudad de Hasake. Desde que las Fuerzas Armadas sirias se habían retirado de Rojava, dejando el control a las milicias kurdas, ocurrieron algunas escaramuzas entre ambos bandos. Aunque se llegó a una frágil tregua entre las YPG/YPJ y el Ejército sirio, las tensiones no disminuyeron. Polat Can, portavoz de las YPG, declaró que el ataque ordenado por Damasco intenta “crear enfrentamientos con los kurdos en Hasake para compensar la pérdida de ISIS de la ciudad Manbij”. Polat Can fue claro al decir que “los kurdos hoy están luchando una guerra que podría evitar guerras en el futuro, por lo que no vamos a negociar más sobre la presencia militar del régimen en la región”. Cuando todavía los fusiles se mantenían hirviendo, Hakan Fidan, enviado del jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia (MIT) de Turquía, visitó Damasco para reunirse con funcionarios sirios. El diario libanés As Safir informó que el general Ismail Hakki Pekin, que sirvió como jefe del Departamento de Inteligencia de las Fuerzas Armadas turcas, visitó Siria el 27 de mayo pasado.

Por estas horas algo está cambiando en Siria. Con el acercamiento de Turquía a Damasco, la cuestión kurda parece que está siendo puesta como moneda de cambio, como ya ocurrió en otros momentos. Si en Siria se define buena parte del futuro de Medio Oriente, las opciones no son muchas: o triunfan las ideologías más reaccionarias (encarnadas en el Daesh y en grupos solventados por Arabia Saudí), o se mantiene el status quo histórico sosteniendo al gobierno sirio (algo que buscan Rusia y sus aliados), o se abre paso a un profundo proceso de democratización y transformación social encarnado en la experiencia de Rojava. Por lo visto, esta última opción no conforma ni a Estados Unidos ni a Rusia, y mucho menos a Turquía, que hace todos los esfuerzos para desbaratar la revolución en el norte de Siria y su inevitable contagio a las otras regiones del Kurdistán.

leandroalbani@gmail.com

fuente: http://www.barometrointernacional.com.ve/2016/08/31/los-kurdos-desafian-los-planes-las-potencias-medio-oriente/

Denuncian falta de apoyo del gobierno a #jornaleros #migrantes #Tlapa #Guerrero

* Desde el inicio de la administración de Héctor Astudillo, trabajadores del campo fueron relegados de los programas gubernamentales.




Justo al iniciar la temporada alta de migración -entre septiembre y enero-, el Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de La Montaña denunció ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el trato discriminatorio y la explotación laboral que padecen a manos de las empresas agrícolas del norte del país.

Las familias indígenas migran en esta temporada a 18 estados, principalmente Sinaloa, Sonora y Guanajuato; el año anterior, el consejo registró 6 mil 752 personas, principalmente de los municipios de Tlapa, Cochoapa el Grande, Xalpatláhuac, Coapanatoyac y Atlamajalcingo del Monte.

En las instalaciones de la Unidad de Servicios Integrales (USI) de Tlapa, Guerrero, miembros del consejo señalaron que en México no existe un marco legal apropiado que proteja sus derechos ni políticas públicas que reviertan las condiciones deshumanizantes en que viven. Ahí, los funcionarios de la ONU constataron de primera mano la desatención y la precariedad en que se encuentra este espacio al que llegan las familias indígenas a descansar y a preparar sus alimentos.

Desde hace 11 años, el consejo estableció un acuerdo con las autoridades de Guerrero para que dotara de insumos básicos al comedor comunitario; el apoyo ha debido ser peleado cada año con denuncias públicas y protestas. Las y los jornaleros denunciaron que actualmente, tanto el Gobierno Federal como el estatal han desatendido la situación al grado que no existen programas específicos para las miles de familias pobres que deambulan en el país en busca de trabajo.

Los funcionarios de la ONU conocieron el caso de la empresa agrícola china Buen Año, ubicada en el municipio de Costa Rica, Sinaloa, donde el patrón amenazó a los trabajadores por atreverse a bloquear la entrada al campo y por parar labores durante dos días. La protesta de más 5000 trabajadores se debió a que el empresario aumentó de 10 a 15 el número de cajas de vegetales pagando el mismo sueldo de 65 pesos por tarea. Ninguna autoridad se interesó en intervenir en favor de los jornaleros migrantes.

El consejo emplazó al gobernador del estado de Guerrero a establecer un encuentro donde se retomen sus principales demandas y se genere una interlocución apropiada que brinde protección a los derechos de los jornaleros migrantes.

Chiapas, Veracruz y Oaxaca, estados más violentos contra migrantes: informe

by Sididh_master

*Presentan ONG el estudio Migración en tránsito por México: rostro de una crisis humanitaria internacional; consignan aumento de deportaciones y delitos cometidos por autoridades.





Foto de Elizabeth Ruiz Alvarado


Ciudad de México, 30 de junio del 2016. Veracruz, Oaxaca y Chiapas son los estados más violentos contra migrantes, consigna el informe Migración en tránsito por México: rostro de una crisis humanitaria internacional, presentado ayer por 16 organizaciones coordinadas en la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), quienes destacaron que el Estado mexicano incumple con sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas en tránsito.


De acuerdo con el registro de la Red, los principales delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos contra personas en tra?nsito por Me?xico esta?n vinculados al derecho de propiedad privada (robo), derecho a la integridad fi?sica (lesiones) y libertad personal (detenciones arbitrarias), mientras que los agentes que ma?s violan estos derechos son las polici?as federal y municipal.


El informe también muestra que no hay un sólo estado del país donde no haya retenes migratorios, y señala que mientras en 2014 las autoridades mexicanas deportaron a 107 mil 199 centroamericanos, para 2015 la cifra llegó a 158 mil 736 expulsiones, 48 por ciento más.


El informe anual destaca que los delitos cometidos por autoridades en general en 2015 crecio? 20 por ciento respecto al año anterior, “lo que demuestra la poli?tica punitiva del Plan Integral Frontera Sur y de la violacio?n sistema?tica de los Derechos Humanos que se vive en nuestro pai?s y que por ende, afecta a las personas en tra?nsito”, puntualizaron las organizaciones. De acuerdo a los registros de la Redodem, los estados ma?s violentos para las personas migrantes son Chiapas, Veracruz y Oaxaca, donde principalmente se cometen robos, extorsiones y secuestros.


Los testimonios de migrantes permitieron a la Red (que registró a 30 mil 321 personas en su base de datos) establecer que Honduras es el pai?s del que proviene la mayor cantidad de personas migrantes; el segundo pai?s expulsor es El Salvador y enseguida Guatemala. En cuanto a las causas, el principal factor que alienta la migracio?n es el econo?mico —desempleo, bajos salarios, encarecimiento de la canasta ba?sica. La segunda causa tiene que ver con cuestiones ambientales relacionadas con el extractivismo, despojo de tierras y megaproyectos. La tercera causa es la violencia. Para las organizaciones, “esto nos permite confirmar que los gobiernos de Centroame?rica continu?an sin atacar las causas estructurales que originan la migracio?n de sus nacionales, propiciando serias violaciones a los derechos humanos”.


También se informó que aunque Estados Unidos sigue liderando como lugar de destino final, Me?xico se ha convertido en una opcio?n para personas que huyen de la violencia, lo que contrasta con el bajo i?ndice de otorgamiento de la condicio?n de refugiado.


Las organizaciones defensoras de derechos humanos exhortaron a las autoridades a implementar una poli?tica migratoria con apego y acceso a los derechos humanos; investigar, sancionar y reparar el dan?o derivado de los delitos cometidos por autoridades y particulares, y a brindar informacio?n pertinente y reconocimiento de la condicio?n de refugiado a migrantes que salen de sus pai?ses por causa de la violencia, además de trabajar en conjunto con la sociedad en la construccio?n de una cultura de hospitalidad y solidaridad. También se llamó a los gobiernos centroamericanos a avanzar en una agenda de trabajo que atienda las causas estructurales que causan la expulsión de sus conciudadanos.

Policía de Nochixtlán asesina a Salvador Olmos compañero punk de los medios libres

26 de junio de 2016.- La Radio Comunitaria Tu Un Ñuu Savi, Palabra del Pueblo de la Lluvia, denuncia el asesinato de uno de sus miembros: el compañero Salvador Olmos García, a manos de la policía de Nochixtlán. El compañero fue torturado, atropellado y asesinado por la policía municipal de Nochixtlán, mientras anoche asistía al llamado a reforzar la Radio Tu Un Ñuu Savi que las noches recientes ha estado bajo hostigamiento de vehículos sin identificación. El compañero Salvador, “Chava”, “El abogado” era un participante del movimiento punk, músico, activista de derechos humanos y locutor del programa Pitaya Negra de la Radio Comunitaria Tu Un Ñuu Savi, medio libre y comunitario del movimiento popular en Oaxaca.

Es larga la historia de las interrelaciones del movimiento punk y del movimiento de los medios libres. Los punks, las punks, esos y esas disidentes, han tomado los medios desde hace largo tiempo, en el camino se han encontrado con otros y otras disidentes, participantes de los movimientos sociales que han tomado los medios, se han reconocido en la mirada desafiante pero compañera, en la rebelión y en la alegría cotidiana, en el amor y en la rabia, en el sueño y en la construcción cotidiana. Hoy otro compañero punk y de los medios libres ha caído, por Radio Tu Un Ñuu Savi suenan rolas punks en homenaje a Chava, “el abogado”, y suena también la canción “A las barrikadas”.

Estos días las radios libres y comunitarias oaxaqueñas están bajo amenaza, transmitieron en vivo reportes de la masacre de Nochixtlán, rompieron el cerco informativo. Hay que difundirlas, apoyarlas, estar al pendiente de que no vayan a ser acalladas, de que sus radialistas libres y sus comunicadores comunitarios no sigan siendo agredidos.

Hoy mismo falleció otro compañero herido durante la masacre de Nochixtlán del domingo pasado, con él y con Chava ya son 13 compañeros caídos en Nochixtlán.

Desde los medios libres exigimos justicia por los 13 y nos organizamos.

¡Compañero Salvador Olmos García presente!

 

CENTRO DE MEDIOS LIBRES VER NOTICIA

Altiplano potosino, en riesgo inminente por minería y un basurero tóxico

by Sididh_master *Anuncian ejidatarios resistencia a los proyectos; el pueblo wirrárika los apoya.

Ciudad de México, 23 de junio del 2016. Ejidatarios y habitantes del altiplano potosino denunciaron que sus tierras y aguas se encuentran en peligro por la instalación del confinamiento de Residuos Tóxicos de Palula, en el ejido La Victoria, municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, y por megaproyectos de minería.

Los habitantes acusaron que ni las empresas ni el gobierno les han consultado sobre la instalación de los proyectos, además de que han falsificado documentos para conseguir los permisos de funcionamiento. El pueblo wirrárika, que vería afectadas las tierras y plantas que utilizan en sus ceremonias sagradas, señaló que se unió al rechazo de los pobladores.

Integrantes del Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo, el Comité en Defensa del Agua del Desierto de Catorce y la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala advirtieron de los riesgos de contaminación y a la salud de los pobladores por la posible filtración o dispersión de sustancias tóxicas, y señalaron que aunque los empresarios señalan que no hay vida en los alrededores que se pueda ver afectada, esto es falso.

El empresario que pretende instalar el basurero es José Cerrillo Chowell, y el tiradero -que además de las propias sustancias que reciba, utilizará otros tóxicos para tratarlas- se ubicaría en una zona que es ganadera y de agricultura. Los posibles afectados señalan que la población amenazada es de cerca de 20 mil personas de los municipios de Cedral, Charcas, Catorce, Guadalcázar y Santo Domingo. Las organizaciones exigieron “que cesen las simulaciones, las campañas de división, los chantajes, los grupos de choque, las difamaciones y la compra de conciencias. No estaremos con los brazos cruzados mientras acaban con nuestro futuro, mientras continúe la amenaza sobre nuestro territorio y sobre nuestras vidas”.

Los denunciantes indicaron que los empresarios han ofrecido dinero, casas y viajes, porque el altiplano les gusta para eólicas, minería, invernaderos y tiraderos”, pero advirtieron que defenderán sus tierras “hasta sus últimas consecuencias”.

El rebelde es...

El rebelde es, si me permites la imagen, un ser humano dándose de golpes contra las paredes del laberinto de la historia.

Y, que no se me malinterprete, no es que se dé de topes buscando el camino que lo llevará a la salida. 

No, el rebelde golpea las paredes porque sabe que el laberinto es una trampa, porque sabe que no hay más salida que rompiendo las paredes. 

Si el rebelde usa la cabeza como mazo no es porque sea un cabeza dura (que lo es, a no dudarlo), sino porque el romper con las trampas de la historia, con sus mitos; es un trabajo que se hace con la cabeza, es decir, es un trabajo intelectual. 

Así que, en consecuencia, el rebelde padece un dolor de cabeza tan fuerte y continuo que olvídate de la migraña más severa. 

(Subcomandante Insurgente Marcos)

Culpan a policías de Veracruz de alrededor de 40 desapariciones

Las madres de los jóvenes desaparecidos exigieron a las autoridades estatales y federales que encuentren los encuentren lo antes posible.

(Tomada de Twitter)

(Tomada de Twitter)

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR | ESTADOS | 2016-01-17 17:43:00

VERACRUZ (La Silla Rota).- Integrantes del Colectivo “Solecito Veracruzano”, acusaron que en la zona conurbada con Boca del Río, y su región, hay cerca de 40 casos registrados de desaparición forzada por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.

Las mujeres, madres todas de personas secuestradas, se manifestaron en un café del Puerto Jarocho, para exigir a las autoridades estatales y federales que encuentren lo antes posible a los cinco jóvenes “levantados”, el pasado lunes en el municipio de Tierra Blanca.

Lucía De los Ángeles Díaz, una de las activistas, detalló que ese colectivo está compuesto por 70 familias que tiene un ser querido desaparecido, y de ese total, por lo menos 40 casos hay señalamientos en contra de la Policía Estatal.

Es por eso que solicitó al gobernador Javier Duarte de Ochoa haga renunciar al titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, que debió dejar el cargo desde hace cuatro años, cuando iniciaron las desapariciones en la entidad.

“No puede permitirse algo así, se está permitiendo por negligencia, por omisión, pero no sé qué motivo tiene él para permitir que estas cosas sucedan en Veracruz”, dijo.

Dijo que de esos 40 casos hay testigos que declaran y aseguran que el secuestro de sus seres queridos fue a manos de los mismos oficiales policiales y aun así no se han resuelto los casos.

“La mayoría de los casos son policías, de hecho tenemos casos de muchachos que se los llevaron, en cada caso, y esos casos están sin ningún tipo de avance. Tenemos documentado que son policías. Todo esto está sucediendo.

“Queremos que las autoridades superiores se den cuenta, que volteen hacia abajo y se den cuenta de todo lo que está sucediendo. De Tierra Blanca es uno de los lugares que tenemos conocimiento que, de hecho, una compañera tiene dos hijos desaparecidos ahí”.

maaz

En Chihuahua y Chiapas, arranca la Caravana Nacional por Ayotzinapa

by Sididh_master

* Exigen respeto al trabajo del Grupo de Expertos.

Ciudad de México, 18 de enero de 2016. Con reuniones con decenas de organizaciones de la sociedad civil y con la exigencia de que las autoridades respeten el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), arrancó el 16 de enero la Caravana Nacional por Ayotzinapa en los fronterizos estados de Chihuahua y Chiapas.

Integran esta caravana madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa ejecutados y desaparecidos en Iguala, Guerrero, además de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La movilización se da en el contexto de la campaña de desprestigio que enfrenta el GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para supervisar la investigación sobre el caso.

En Chihuahua, las familias realizaron una marcha, una conferencia de prensa y una reunión con más de veinte organizaciones estudiantiles, ambientalistas, políticas y culturales, así como personas a título individual. Entre las asistentes se encontraban las normalistas de la escuela de Saucillo. Padres y madres de los normalistas acudieron a solidarizarse con obreros de la planta Lexmark, quienes fueron despedidos injustificadamente.

En Chiapas, las familias se reunieron con organizaciones en la capital, Tuxtla Gutiérrez, y visitaron Oxchuc, pueblo que vive un conflicto ante la rebelión de los pobladores contra la presidenta municipal.

Se prevé que hoy, la ruta sur de la Caravana realice actos en Oaxaca, mientras la ruta norte se encontrará en Coahuila. La caravana concluirá el día 28 de enero.

Presentan manual de protección para comunidades rurales y defensores de derechos humanos

Presentan manual de protección para comunidades rurales y defensores de derechos humanos

Un conjunto de organizaciones vinculadas a la protección y defensa de los derechos humanos de los campesinos y las comunidades rurales de Colombia, Perú y Bolivia, realizaron de manera conjunta el “manual de protección para comunidades rurales y defensores de derechos humanos.”

El manual está dividido en seis partes: las estrategias de los estados y empresas para entrar a los territorios; los escenarios específicos de riesgo para los integrantes de las comunidades; insumos para elaborar un protocolo de seguridad; mecanismos de prevención personal y colectiva; protocolos de reacción frente a ataques (seguimiento, retén, retención, detención, amenaza y allanamiento) y por último, el necesario seguimiento a los incidentes que les toquen vivir.

“El extractivismo en América Latina se ve reflejado en un incremento de la explotación de los bienes mineroenergéticos y las agroindustrias. Los gobiernos de la región que profesan el neoliberalismo, se apoyan en gran parte sobre la lógica extractivista para beneficiar a su pequeña élite y en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías. Sin embargo, aunque parezca sorprendente, los llamados gobiernos progresistas de Bolivia, Ecuador y Venezuela también han construido sus economías nacionales alrededor de la lógica extractiva, con el fin de incrementar sus recursos públicos para la inversión social”, analizaron integrantes del Pueblo Misak, situados en el departamento del Cauca, en Colombia.

El manual puede descargarse en pdf de aquí: http://movimientom4.org/wp-content/docs/manual-proteccion-comunidades-rurales-y-defensores-DDHH.pdf

Autoridades campesinas denuncian intentos de despojo

* Reune encuentro a autoridades agrarias de ejidos, bienes comunales y pueblos indígenas de diez estados.


Campesino – Imagen agropecuaria

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2015. Autoridades agrarias de ejidos, bienes comunales y pueblos indígenas de diez estados se reunieron este fin de semana para denunciar los megaproyectos que amenazan sus territorios y convocar a la organización de los pueblos.

El encuentro, realizado en el Centro Prodh los días 26, 27 y 28 de noviembre, reunió a campesinos y organizaciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Michoacán, Nayarit, Veracruz y la Ciudad de México.

Las autoridades reunidas estimaron que la diversidad cultural, la tierra y el territorio de sus pueblos están siendo amenazadas, pues “megaproyectos, instancias de gobierno, partidos políticos, empresas transnacionales y nacionales, el crimen organizado y las políticas públicas que se elaboran sin tomarnos en cuenta, intentan despojarnos, dividirnos, expulsarnos”. Denunciaron que los gobiernos pretenden engañarlos con instancias y programas que ofrecen dadivas asistencialistas “en lugar de cumplir su obligación de respetar nuestros derechos”. Denunciaron específicamente la reforma energética como un retroceso en los derechos sociales históricamente reconocidos.

En un comunicado, las y los participantes denunciaron que compañeras y compañeros suyos han sido amenazados, lesionados e incluso asesinados en la defensa de la tierra. Lamentaron también que los gobiernos han convertido el ejercicio del derecho a la consulta en una forma de engañar a los pueblos, no para escuchar su palabra.

Ante el panorama descrito, las autoridades anunciaron que seguirán en defensa de los territorios “porque somos pueblos originarios y campesinos” y ponderaron su vínculo especial con la tierra.

“Estamos a favor de un desarrollo que no implique la destrucción de nuestras comunidades y nuestros pueblos, un desarrollo desde los pueblos y para los pueblos, que respete la vida, la naturaleza, nuestras culturas, nuestras formas de organizarnos y tomar nuestras decisiones; nos deslindamos del desarrollo impuesto por los gobiernos y empresas que impulsan los megaproyectos, destructores de nuestra naturaleza y nuestras comunidades”, especificaron, y recordaron que tienen el derecho de ejercer la autoderminación y autonomía como pueblos y comunidades.

Las autoridades convocaron a todos los pueblos indígenas, bienes comunales, núcleos agrarios y a todas las personas y organizaciones solidarias a organizarse, vincularse y luchar de manera colectiva; a “informarnos para defender la tierra; decir no a los productos transgénicos; parar los programas asistencialistas y engañosos del gobierno; ser fuente de aliento y esperanza para nuestras comunidades; y unir esfuerzos, no bajar la guardia, no permitir los megaproyectos, hacer frente de manera conjunta a cualquier amenaza”, finalizaron.

Impunidad y nuevas amenazas, tras seis años del asesinato de Mariano Abarca

* La minera canadiense reapareció con concesiones mineras en Chiapas.


Memorial – Hijos de la Tierra

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2015. A seis años del asesinato del defensor del territorio Mariano Abarca Roblero, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas denunció que el homicidio no sólo sigue impune sino que la mina de barita contra la que Mariano amenaza nuevamente con iniciar sus operaciones en el ejido Grecia, Chicomuselo, en medio de mayores divisiones y tensiones entre la población.

La organización señaló que también sigue impune la corrupción generada entre la empresa minera canadiense, apoyada por su embajada, y el ex presidente municipal Julio César Velázquez Calderón “ya que, pese a las pruebas contundentes, tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Chiapas desistieron de esta investigación”.

Los activistas explicaron que aunque la minera canadiense Blackfire, cuyos empleados amenazaron a la familia y dieron muerte a Mariano Abarca Roblero, aparentemente desapareció de su sede en Canadá, reapareció el mes pasado como empresa estadounidense presumiendo todavía concesiones en Chiapas.

“La familia Abarca Montejo, su viuda e hijos, así como la REMA, exigimos justicia frente a este homicidio y la corrupción, así como la eliminación de las concesiones mineras en Chiapas que traen muerte, deforestación, contaminación y mayor cambio climático”, exigieron en un comunicado.

La REMA y la familia del defensor asesinado se solidarizaron con la lucha en contra la mina Nueva Francia que llevan a cabo comunidades del municipio de Escuintla y otros municipios de la región, y anunciaron que se suman al Acto de Ratificación de los Territorios Libres de Presas y Minas que se llevará a cabo el 8 de diciembre del presente año en Tapachula, Chiapa

El cinturón dorado de la muerte

 Son tres regiones de Guerrero que se encuentran atrapadas por las mineras y por los grupos del crimen organizado.

Tlapa de Comonfort, Guerrero, 10 de noviembre de 2015. En el mismo día y casi a la misma hora en que el nuevo gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, tomaba la protesta a los integrantes de su gabinete en Acapulco, 9 elementos de la policía federal a bordo de tres patrullas, incursionaban en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri para detener al comisariado ejidal, Ricardo López García. Como ya es costumbre, los agentes federales iban acompañados de un civil, quien regularmente se encarga de señalar a las personas que llevan en la lista para ser detenidos.

Los habitantes tocaron las campanas y se arremolinaron en el domicilio del comisariado donde se encontraban los policías. Más de 200 pobladores los retuvieron por más de 14 horas en el interior de la comisaría municipal. A las 3 de la mañana del 29 de octubre fueron entregados a efectivos de la secretaría de Marina, quienes se encargaron de ponerlos a disposición del ministerio público federal.

En declaraciones a los medios de comunicación, tanto el comisario municipal Nelson Figueroa Peña, como el comisariado ejidal, Ricardo López García comentaron en representación de su comunidad, que los agentes federales y el civil detenido, Modesto Onofre Peña Celso, oriundo de Carrizalillo, colaboran con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Señalaron también que son los responsables de los secuestros, extorsiones y ejecuciones que se han suscitado desde hace dos años contra varias familias de la comunidad. Los informes de la subprocuraduría especializada para la investigación de la delincuencia organizada (SEIDO) corroboraron que lo dicho por Modesto Onofre, de que en los alrededores de Carrizalillo existían varios enterramientos clandestinos, era real. Hasta el día viernes 6 de noviembre, personal de la SEIDO había informado sobre la localización de 4 fosas con 6 restos de personas, siendo cuatro de ellas mujeres.

Carrizalillo, es una comunidad pequeña, de aproximadamente mil habitantes. Se ubica entre la zona centro y la región norte de Guerrero, a 30 minutos de la ciudad de Iguala, la capital del oro. Es también una de las entradas principales para la sierra de Tlacotepec y cuenta con caminos de terracería que comunican con la región de Cocula. De acuerdo con datos del 2011, la comunidad estaba conformada por 252 familias. Se trata de un ejido, cuya comunidad fue fundada antes del estallido de la revolución mexicana. Su núcleo ejidal cuenta con 1,406 hectáreas, sin embargo, el 83% de tierras fueron concesionadas en el 2005 a la empresa minera Goldcorp.

En ese año la comunidad de Carrizalillo firmó un contrato de ocupación temporal con la empresa canadiense para dar inicio al complejo minero conocido como “Los Filos”, que se compone de dos tajos a cielo abierto: el Bermejal y los Filos. Fue hasta enero de 2007, cuando los ejidatarios decidieron cerrar la entrada de la empresa para anular el contrato de compra-venta de sus tierras y para mejorar su renta anual que era de mil pesos la hectárea. Esta lucha tuvo como consecuencia el desalojo violento de las familias por parte de las policías del estado y del municipio. A pesar de que varias mujeres y niños resultaron heridos, los ejidatarios permanecieron 80 días en plantón para obligar a la minera a mejorar la renta de sus tierras. En el 2009 arrancaron la firma de un convenio para que la Goldcorp se comprometiera a revisarlo cada año. Con este acuerdo lograron doblegar a la empresa que obligaba a los dueños de las tierras a revisar sus contratos cada 30 años. Este triunfo lo coronaron con el pago de la renta de sus tierras en onzas troy para ubicarse también en la misma órbita de los precios internacionales del oro.

Desde que las negociaciones comenzaron a dar resultados tangibles, al recibir pagos que oscilaban entre 100 mil a más de un millón de pesos (de acuerdo al número de hectáreas que cada ejidatario o ejidataria tenían rentadas con la empresa), el problema de la inseguridad empezó a agudizarse. Las familias en lugar de invertir su dinero en cuestiones básicas de salud, alimentación, educación y vivienda, se engolosinaron con la compra de camionetas de lujo. Despilfarraron el dinero en nimiedades y se exhibieron como gente pudiente. En el 2010 afloraron los secuestros, las extorsiones, los asesinatos y también las acciones arbitrarias de los cuerpos policiacos y militares.

El 28 de diciembre de 2010 el presidente del comisariado ejidal Onofre Peña Celso fue detenido y golpeado por elementos del Ejército mexicano cuando se desplazaba en su camioneta en el tramo que va de Carrizalillo a Amatitlán. Fue en marzo de 2011 cuando secuestran al señor Gilberto Celso Solís, quién después de tenerlo 21 días en cautiverio, apareció muerto en una barranca. Este primer caso que conmocionó a la comunidad marcó la debacle ante un ambiente de inseguridad que fue complejizándose con la entrada del crimen organizado, que se encargó de cobrar la cuota tanto a los ejidatarios, como a los trabajadores sindicalizados y hasta la misma empresa.

Del mes de marzo de 2011 al mes octubre de 2015 se tiene un registro de 23 personas asesinadas dentro del ejido de Carrizalillo. Esta violencia ha sido incitada en los últimos dos años por las bandas del crimen organizado que han marcado sus límites territoriales en la comunidad de Mezcala dejando en la ruina a un gran número de familias, quienes además de perder a sus seres queridos, han tenido que abandonar sus casas y andar a salto de mata fuera del estado.

Carrizalillo forma parte del cinturón dorado de Guerrero, donde se encuentran asentadas más de una docena de empresas mineras en los municipios de Eduardo Neri, Iguala, Cocula, Tlacotepec, Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan. Son tres regiones del estado que se encuentran atrapadas por los grupos del crimen organizado. El control territorial está en manos de la delincuencia organizada al grado que las autoridades municipales están supeditadas a su poder depredador que ha logrado la cooptación de las fuerzas de seguridad pública y del mismo ejército. Esta cintura de los metales preciosos se ha transformado en el enclave donde convergen los intereses de las multinacionales mineras y los de las organizaciones criminales que han socavado la vida comunitaria y destruido el hábitat. Para nada las inversiones mineras han sido un detonador del desarrollo, más bien, se han erigido en consorcios que se coluden con el crimen organizado para generar terror entre los habitantes, para desplazarlos de sus tierras, dividirlos, cooptarlos e incorporarlos a sus filas. La voracidad de las multinacionales mineras no tiene límites, necesitan de la sangre de los dueños de la tierra para hacer más redituables sus ganancias. El capital necesita chupar la sangre de los trabajadores y trabajadoras y extraer la riqueza dorada de su subsuelo para imponer el imperio de la violencia y la conflagración fratricida. La disputa por las minas en Guerrero es la otra batalla que están enfrentando los pueblos contra la tríada maléfica del poder depredador: las autoridades, los empresarios y la delincuencia organizada.

*Artículo de opinión de Tlachinollan 

Prisión política y represión para imponer proyectos en el Estado de México

Las comunidades nahuas de Coyotepec, Cahuacán y Tlanixco, los pueblos otomíes de Xochicuautla, Huitzizilapan y Magú, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, así como profesores y colonos en resistencia ante las altas tarifas de energía eléctrica (articulados en “El Fuego de la Digna Resistencia”) denunciaron que, aunque “siempre” ha habido represión en ese estado, ésta se incrementó en las últimas dos administraciones, encabezadas por el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por el actual gobernador Eruviel Ávila Villegas, quienes reponden a intereses empresariales, precisaron.

Las amenazas que se ciernen hoy sobre estos territorios son proyectos inmobiliarios que les despojarán del agua y en los que “sólo se beneficiarán los ricos” que habitarán y las empresas que construyen, denunciaron. Es el caso de San Francisco Magú, que cuenta con una administración autónoma del vital líquido y que se rige por usos y costumbres.

Por su parte, Xochicuautla lucha contra un decreto presidencial de expropiación de tierras para construir una autopista de pago que, después de que los comuneros ganaran todos los recursos legales contra la obra, lanzó el gobierno federal para legalizar el despojo. Los ñäthó recordaron que Xochicuautla suministra agua al sistema Cutzamala y lo mismo hacen otras comunidades de la región, por lo que la defensa de su tierra beneficia a miles de personas más.

...

Ciudad de México, 30 de octubre de 2015. Fabricación de delitos, golpes, privación de la libertad e incluso asesinato son las herramientas de los gobiernos mexiquenses para imponer proyectos y despojar a los pueblos indígenas de tierras y aguas, denunciaron comunidades y organizaciones de colonos y profesores del Estado de México en un foro organizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Las comunidades nahuas de Coyotepec, Cahuacán y Tlanixco, los pueblos otomíes de Xochicuautla, Huitzizilapan y Magú, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, así como profesores y colonos en resistencia ante las altas tarifas de energía eléctrica (articulados en “El Fuego de la Digna Resistencia”) denunciaron que, aunque “siempre” ha habido represión en ese estado, ésta se incrementó en las últimas dos administraciones, encabezadas por el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por el actual gobernador Eruviel Ávila Villegas, quienes reponden a intereses empresariales, precisaron.

Las amenazas que se ciernen hoy sobre estos territorios son proyectos inmobiliarios que les despojarán del agua y en los que “sólo se beneficiarán los ricos” que habitarán y las empresas que construyen, denunciaron. Es el caso de San Francisco Magú, que cuenta con una administración autónoma del vital líquido y que se rige por usos y costumbres.

Por su parte, Xochicuautla lucha contra un decreto presidencial de expropiación de tierras para construir una autopista de pago que, después de que los comuneros ganaran todos los recursos legales contra la obra, lanzó el gobierno federal para legalizar el despojo. Los ñäthó recordaron que Xochicuautla suministra agua al sistema Cutzamala y lo mismo hacen otras comunidades de la región, por lo que la defensa de su tierra beneficia a miles de personas más.

En Cahuacán se lucha contra el plan de implementar un corredor industrial, centros comerciales y viviendas de lujo que despojarían de territorio a las comunidades; a uno de los líderes comunales, Jesús Cruz, se le fabricó una órden de aprehensión por robo y debe estar escondido.

En Coyotepec el problema por el agua empezó con el presidente municipal actual, que quiere controlar las únicas fuentes del líquido en el pueblo. Como éste es administrado por los habitantes, “ahora todos defienden”, explicaron los pobladores, quienes recibieron una llamada en medio del foro para avisarles que una comunera fue golpeada y encerrada por agentes municipales. Aquí también se pretenden llevar al agua a nuevos desarrollos inmobiliarios, y los defensores comunitarios son presas de hostigamiento, golpes y privación ilegal de la libertad.

Otros casos penales sirven para golpear a líderes sociales de organizaciones de colonos, como el profesor Oscar Hernández Neri, fundador de escuela para excluidos y actualmente preso en el penal Molino de las Flores, acusado de homicidio en un caso construido a base de tortura y desoyendo los peritajes quelo exculpan.

A pesar de la represión, “vale la pena defender el territorio, agua y bosque, que es patrimonio de las comunidades y de mucha gente más”, sentenció José Luis Fernández, representante de Xochicuautla. “Somos los verdaderos dueños de la tierra, nos han arrebatado lo nuestro pero unidos lo podemos recuperar”, finalizó Trinidad Cruz, de Cahuacán.

Derribando el mito del desarrollo: La Tirana, El Salvador

Esta publicación forma parte del proceso de documentación realizado por la Caravana Climática, una gira de acción por América Latina que recolectaó historias de pueblos que luchan en defensa de la tierra y por justicia climática. 

El Salvador, país con apenas 21 mil kilómetros cuadrados y poco más de 6 millones de habitantes, representa un territorio en constante tensión. Las contradicciones emanadas de las políticas de un gobierno heredero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, se subsumen al intervencionismo financiero impuesto por los Estados Unidos, chocan estrepitosamente con el rechazo de proyectos que lesionan los territorios y amenazan los bienes comunales de lxs salvadoreñxs. Se trata de una guerrilla institucionalizada que –al tornarse agradable a los ojos de la cúpula empresarial con las elecciones de 1994 y tras la firma de los acuerdos de paz en 1992– le ha dado la espalda a toda una generación de mujeres y hombres que decidieron luchar por la construcción de un país con justicia y dignidad.

Como uno más de los Estados en el continente etiquetados como «progresistas», el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, investido el 1º de junio pasado como el segundo presidente del FMLN, promueve y acepta la «ayuda» de Estados Unidos; nación que desde 2009, año en que los otrora guerrillerxs tomaron el poder, ha utilizado la agenda económica para injerir en el oficialismo salvadoreño, al tiempo que se pretende olvidar que fue el mismo país que financió a la contrainsurgencia durante el periodo de conflicto interno, desarrollado durante la década de los ochenta.

La alineación con políticas impuestas desde el extranjero se evidencian en casos como el ocurrido en mayo de 2014, cuando el gobierno norteamericano chantajeó al Estado salvadoreño para imponer la distribución de semillas para familias campesinas de mano de trasnacionales como Monsanto (en lugar de continuar con su política de compra a cooperativas nacionales) a cambio de la liberación de 277 millones de dólares a través del Millenium Challenge Corporation.

DOCSONORO: El Salvador, bosque de manglar como habitar

01:56

10:00

La mentira perpetuada en el nuevo milenio

En El Salvador y el mundo son evidentes las implicaciones negativas en lo social, cultural, económico, político y un sinfín de esferas donde se desenvuelve la vida humana, donde el mito del desarrollo ha dañado y marginado el bienestar comunitario; donde mediante maniobras de manipulación se venden falsas fórmulas de crecimiento y progreso, las cuales reinterpretan e imponen en la realidad proyectos que, a través de la voracidad con que los mercados exigen más y mayores ganancias en plazos cada vez más cortos, configuran un sistema depredador de bienes y comunidades.

Desde nuestras latitudes, la nomenclatura impuesta desde el norte global de los autodenominados «países desarrollados» y aquellos del «tercer mundo», se juegan tensiones acerca del modelo impuesto para producir el bienestar social. Sin embargo, el supuesto estado de subdesarrollo con el que se identifica a la región latinoamericana, no es una fase previa al desarrollo sino que es su producto y un modo particular de insertarse en la configuración del modelo de desarrollo actual. Es ahí en donde le ha tocado jugar el papel del subdesarrollo para sostener los beneficios que nutren a los llamados países desarrollados, y en buena medida es resultado del colonialismo y del imperialismo machacado durante años a través de políticas de Estado que buscan estar en sintonía con las exigencias de bienes desde los países industrializados.

El subsecretario adjunto del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Walter Bastian, detalló en 2006 que no creía que un eventual triunfo del FMLN hiciera retroceder el TLC y que existe interés de parte de muchos empresarios norteamericanos en invertir en El Salvador y en Centroamérica. «Este no es un tema de izquierdas, derechas o centros. Me encantaría ver al político que diga no quiero ver crecer la economía. Eso es una locura», dijo. Agregó que «todos los políticos quieren ver mejoras entre la población aunque también todos quieren ser electos».

El caso salvadoreño demuestra esto a través de la negociación, aprobación y ejecución del Fondo Para el Milenio. Mientras que en los años de oposición a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el FMLN rechazaba proyectos como el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) es ahora el mismo que, como partido dominante, ratifica su inclusión en dichos pactos neoliberales. Evidencia de ello son las declaraciones del nuevo presidente cuando mostró el interés de «lograr un acuerdo para el desembolso de los fondos del Millenium Challenge Corporation dentro de los primeros días» de su periodo, confirmando lo que para funcionarios del comercio de Estados Unidos es un dogma:en el poder no hay izquierdas ni derechas, sólo negocios.

Dicho Fondo nació en el contexto de la Cumbre del Milenio convocada por la ONU en septiembre del 2000, y que entre sus objetivos principales, pretendía cumplir con «ocho propósitos de desarrollo humano que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015»; estatutos demagógicos que a un año de alcanzar el tiempo fijado para su obtención, se encuentran cada vez más distantes e inalcanzables. La verdadera intención del gobierno estadounidense se devela en la manera en que manipula aquel Fondo, a través de la organización FOMILENIO, el cual debiera servir para cumplir con los objetivos del mentado proyecto, pero que en la práctica impulsa planes maquinados por empresas trasnacionales. Por ejemplo, la promoción para construir la carretera trasnacional del norte y el desarrollo de los megaproyectos turísticos en la zona de la Bahía de Jiquilisco, en el Bajo Lempa, donde una extensa zona de manglares sería destruida para la edificación del nuevo «Cancún de Centroamérica».

Organización para la defensa del manglar

Muchas comunidades de la Bahía de Jiquilisco fueron obligadas a abandonar la zona del Bajo Lempa en la época de la conflicto civil armado debido a los bombardeos y la persecución que hizo el gobierno militar contra la población entre los años de 1985 y 1990.La Tirana, comunidad punchera (el punche es una especie de cangrejo que vive en bosques salados) y campesina fue una de las muchas que expulsó a sus habitantes a migrar durante esa época. Actualmente entre el verdor de los árboles frutales y el fresco de los manglares habitan 22 familias quienes después de reocupar la zona miran hoy como nueva amenaza a la crisis climática mundial, la cual ha provocado que el mar se haya comido hasta ahora más de 120 metros del bosque de manglar, poniendo en riesgo el equilibrio del ecosistema en donde obtienen su sustento diario.

«Desde 1970 hasta la actualidad, El Salvador ha perdido 60% del bosque de manglar».

Aunado a ello la implementación de un Plan Nacional de Turismo (impulsado desde la gestión del expresidente Mauricio Funes, pero con rastros de su preparación desde 2004) con proyección a 2020 como parte del plan rector del desarrollo salvadoreño plantea «la construcción de al menos 350 nuevos hoteles de lujo para ofrecer 23 mil habitaciones para los turistas que se quieren atraer en la zona». Dichas estimaciones hechas por el ministerio de turismo por medio del PNT buscan que el número de turistas llegue a 12 millones de personas para el 2020, hecho que implicaría la destrucción de 20 mil hectáreas de manglares para lograrlo; significaría el ecocidio del mayor manglar centroamericano del océano pacífico.

Bonifacio Cañas, integrante de las recién creada Asociación de Comunidades del Manglar por la Defensa del Territorio en la Bahía de Jiquilisco (ACOMADET, fundada el 21 de mayo del 2014 e integrada por 18 comunidades en una zona con más de 1, 600 hectáreas) explica que la aprobación de megaproyectos turísticos y desarrollos inmobiliarios que amenazan el ecosistema de los manglares y la sobrevivencia de las comunidades que ahí habitan, replican la historia producto de la guerra civil: ya que traerían consigo el desplazamiento forzado de personas y familias enteras, haciendo alusión al recuerdo de cuando de pequeño tuvo que migrar a San Salvador.

Las comunidades de la Bahía de Jiquilisco no han sido atendidas, ni consultadas en cuanto a la implementación de los Fondos del Milenio que se están proyectando para ser utilizados en proyectos de transformación en las inmediaciones de los manglares y el río Lempa. Hasta ahora no se les ha preguntado cuáles son los problemas a los que se enfrentan, como lo son la falta de instalaciones adecuadas para el mejoramiento del servicio del agua potable o instalaciones eléctricas; e incluso el mal estado de los diques a lo largo del Lempa y otros ríos que deterioran la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.

Mapa de El Salvador, resalta ubicación de la región del Bajo Lempa y la Bahía de Jiquilisco.

A pesar de ello los habitantes no están en contra del turismo. En la zona se recibe gente para visitar el bosque de manglar, observar aves e incluso para hacer surf, pero todo ello a baja escala, beneficiando y dejando una derrama económica importante para las familias, quienes han logrado generar y operar planes locales de mitigación y adaptación al cambio climático y los efectos directos que está imprimiendo en la zona.

Según el Plan Nacional de Turismo, «El Salvador será un destino turístico sostenible y competitivo refrente en Centroamérica».

En cambio, se pretende la imposición de mega proyectos turísticos, como campos de golf y hoteles de lujo, en donde pudimos constatar que algunas piezas para su concreción ya avanzan; además de la aprobación de 13 planes mediante el programa de Apuesta por Inversiones (donde se encauzan los recursos desde fomilenio) y que contemplan seis iniciativas turísticas, tres agroindustriales, dos energéticas, una acuícola y otra aeronáutica bajo el amparo del «interés nacional» avalado por el PNT 2020, quienes aceleran la implementación de dichos proyectos con el aval y financiamiento de entes internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.

Pese a que la amenaza representada en la expansión turística se cierne sobre las comunidades integrantes de la ACOMADET, existe otro peligro que se va extendiendo por las tierras de los campesinos: actualmente el monocultivo de caña se está empoderando de los espacios tradicionalmente dedicados a la agricultura tradicional. Desde octubre de este año 2014, terratenientes de la península de San Juan el Gozo pretenden ocupar aproximadamente 400 hectáreas para la siembra de caña de azúcar, los cuales contemplan la implementación de agroquímicos como el infame Roundup de Monsanto, que después de cumplir su función herbicida de amplio espectro, irán posteriormente a parar a los estuarios que corren hacia los bosques salados, aumentando el riesgo para el frágil ecosistema de manglar que de por sí es azotado ya por las consecuencias de la crisis climática.

Ante esta situación, el pasado miércoles 12 de noviembre, 60 personas representantes de ocho comunidades se congregaron en la zona donde se pretendían poner en marcha los tractores para preparar la tierra para el monocultivo, refirmando la postura de los habitantes de la Bahía de Jiquilisco, quienes defienden a toda costa las tierras cultivables y la biodiversidad completa de la zona, preservándolas sanas para las futuras generaciones y el mundo. Las comunidades reiteran su decisión a favor de la vida y la diversidad y por ello han asistido a la alcaldía de Jiquilisco para demandar a las autoridades locales la prohibición del monocultivo de caña en la región.

La región se encuentra en una grave tensión debido a la voracidad y atropello con que estos proyectos pretenden instaurarse en contra de los deseos y necesidades de los pobladores, planes que lejos de desvanecerse, permanecen latentes como una amenaza y sentencia a cumplirse en una de las regiones más frágiles de El Salvador, aquel país que apuesta por superar condiciones de pobreza para alcanzar promesas de «desarrollo» sacrificando comunidades y ecosistemas enteros.

Resistiendo ante la minería y la Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero

Por Ingrid Fadnes / Cartografía: Agencia Subversiones

La Montaña de Guerrero. Fotografía: Heriberto Paredes

La tierra que nos vio nacer, que nos da la vida y finalmente descansamos en ella eternamente. Por eso somos todos los colores que somos, todas las lenguas que hablan nuestros corazones, por eso somos pueblos, somos tribus y somos nación. Somos los y las guardianas y guardianes de estas tierras, de este país México, de este continente y del mundo.

Segunda declaración de la compartición CNI-EZLN, Sobre el despojo a nuestros pueblos, 16 de agosto de 2014

El 6 de octubre del 2012, los pueblos originarios de la comunidad de Ciénega, municipio de Malinaltepec, en la Montaña alta de Guerrero, convocaron a otros pueblos al «Foro Regional en Defensa de nuestros territorios y contra el proyecto federal de la Reserva de la Biosfera».

Previo a este evento, los comuneros denunciaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno por impulsar la creación de la Reserva de la Biosfera sin dar información y realizar consultas reales con las comunidades afectadas.

A los engaños del gobierno nuestra respuesta es organizarnos. Vamos a defender nuestro territorio, nuestro recurso. Vamos a defender la herencia que nos dejaron nuestros abuelos, dice Apolonio Cruz Rosas, comisariado de bienes comunales de la comunidad Santa Cruz el Rincón, Guerrero.

El 6 de septiembre de 2012, un mes antes, apareció una nota en el periódico El Sur informando que se firmó un convenio en presencia de Taurino Hernández Moreno, Coordinador Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Carlos Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN) y el rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) Rafael Aréstegui Ruiz, quien firmó el convenio, para crear la Reserva de la Biosfera en 6 municipios de la Montaña Alta y Costa Montaña de Guerrero. Los municipios dentro de la reserva son Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Iliatenco y San Luis Acatlán, abarcando en total 157 mil 896 hectáreas, en donde viven 207 comunidades con 153 mil 23 habitantes.

Fue después de conocer el Decreto sobre la Reserva de la Biósfera –no por consultas, sino por una nota periodística– que las comunidades se unieron para empezar un proceso de foros sobre las consecuencias de la reserva y también para discutir las experiencias de otras comunidades en México que han sido afectadas por reservas federales, tanto como por concesiones y exploraciones de empresas mineras. En la invitación al primer foro, denunciaron a Mansur, Moreno y al (ex) rector Aréstegui. «Las autoridades no toman en cuenta los derechos de las etnias y mucho menos se preocupan de proteger los territorios y respetar la libre autodeterminación de los pueblos», señalaron las comunidades en un comunicado donde explican que no se les informó ni se consultó a los pueblos indígenas antes de firmar un decreto.

La comunidad de Pascala del Oro ha sido uno de los escenarios de los procesos sociales al interior del tejido comunitario en La Montaña. Fotografía: Heriberto Paredes

La preocupación de las comunidades afectadas por la Reserva de la Biósfera es que es la palanca que abre brecha para una exploración minera en la región.

Proteger el medio ambiente para venderlo

Existen leyes para proteger el territorio indígena de la imposición del los gobiernos y/o empresas, sólo que cuando hay intereses económicos empaquetados dentro de un discurso de biodiversidad y equilibrio ecológico, cambian las reglas del juego. El gobierno federal establece por ley el derecho de aprobar reservas federales sin ningún permiso o consulta de los pueblos que viven en dicha región. Implementando la «Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente» pueden empezar a regular las actividades y despojar los pueblos de sus territorios.

Con la aprobación de la reserva y la ley las comunidades ya no pueden abrir caminos, brechas, nuevos tlacololes, ni sembrar o trozar árboles, sacar leña, ni cazar animales, hacer ruido o usar lámparas. Se despoja los pueblos del uso común de sus territorios. En cambio, la misma reserva y ley, da otros permisos para el gobierno. Se puede hacer investigación científica, pueden extraer plantas para la biotecnología, extraer animales para la investigación, ecoturismo y explotación de minerales y maderas. Para proteger la reserva el gobierno es quien nombra una dirección para vigilar y administrar. Puede ser el ejército o la policía federal y a quien no respeta lo que se establece dentro de la reserva se le aplican leyes federales.

La minería a cielo abierto para la extracción de oro ha dejado incontables efectos negativos en la salud de los habitantes de Carrizalillo. Fotografía: Cristian Leyva

Aréstegui, a respuesta a la denuncia de las comunidades, afirmó que «no hay tal imposición, ni para crear una reserva para las mineras, eso es algo de manera alarmista para propiciar un enfrentamiento», afirmó además, que decir algo así era «maniqueo y perverso». Como pretexto para establecer la reserva se da énfasis en la biodiversidad en el área y la importancia de mantenerla. La CONANP señala que en esta área existe 134 especies de plantas, las cuales están representadas en 96 géneros y 67 familias, pruebas claras que dan sentido a la elaboración un decreto para arrebatar el territorio a los pueblos que lo habitan. «La ecoregión», como le llama el Estudio Justificativo para el Establecimiento del Proyecto, representa ecosistemas globalmente importantes: los bosques de pino encino, el bosque de encino y el bosque mesófilo de montaña. Según estudios de CONABIO los principales factores que amenazan la biodiversidad de México y provocan la pérdida de los hábitats son: el aumento de las presiones antropogénicas que serian las actividades agropecuarias, la infraestructura humana y los centros de población.

El discurso del Estado a través de múltiples instituciones y secretarías empieza a llegar a un «molde conocido». Por ejemplo, Manzur, de SEMAREN, manifestó en el boletín sobre la reserva que «el interés de concretar este proyecto en Guerrero, una de las entidades con menor número de áreas naturales protegidas, es, no solamente garantizar la protección de los abundantes recursos naturales, sino también impulsar un programa de aprovechamiento y desarrollo sustentable que impacte positivamente en la vida social y productiva de la población de esta zona indígena». Sin tomar en consideración que esta diversidad biológica (que ahora quieren proteger), los animales silvestres, y las fuentes de agua, existe gracias a las comunidades de la Montaña y su conocimiento ancestral de cómo vivir con la naturaleza.

Este bosque está porque nuestros antepasados supieron cuidar el bosque. Saben cómo. La gente cuida. Ahora el gobierno dice que el va a cuidar. Quien autoriza la tala del pino? Llega al grande cantidad a la capital. Los incendios en las orillas de Chilpancingo, ¿cómo lo hacemos? Nos organizamos y lo apagamos. La palabra del gobierno se preocupa por el bosque, pero en los hechos esto se trata de una exploración de los recursos naturales, dice Apolonio Cruz Rosas.

Los comuneros de las Montañas han invitado compañeros del estado de Chiapas para contar sus experiencias dentro de la Reserva Montes Azules. También han visitado la mina Carrizalillo en el municipio Eduardo Neri, en el mismo Guerrero, para ver con sus ojos propios las destrucción que traen las mineras que operan al cielo abierto.

Escuchando al secretario del SEMAREN hablar de desarrollo sustentable, sobre una Reserva de la Biósfera, resuena al mismo discurso que se ha usado y que se sigue usando como pretexto para seguir con la política «proecológica» en el estado de Chiapas. El ex gobernador, Juan Sabines –del PRD– se hizo famoso con inolvidables frases mientras presentaba el proyecto REDD+ para los comuneros (seleccionados) de la Selva Lacandona en Chiapas: “Sus hijos y sus nietos se lo van a agradecer porque de eso van a vivir, porque van a recibir dinero por estarla cuidando, apostémosle a ellos, los que están chiquitos, para que ustedes tengan la certeza de qué van a vivir sus hijos en el futuro, van a vivir de la conservación de las reservas, del turismo y de la producción de hule o de palma de aceite”. Aseguró que los campesinos indígenas «ya no tienen que sembrar más maíz, porque van a vivir (sobrevivir) como guardabosques». En el boletín del SEMAREN sobre la reserva se asegura que el proyecto tiene «la finalidad de conservar la biodiversidad y a partir de ello generar progreso y bienestar social». A través del discurso buscan la justificación para despojar a los pueblos, para abrir camino para el capital.

El camino a una exploración minera, pasa por la fundación de una reserva natural

Una quinta parte de México está concesionada a alguna empresa minera. En total estamos hablando de que 36 millones de hectáreas están en manos de mineras que tienen la preferencia sobre cualquier otro uso del suelo –sea de los derechos de las poblaciones que están ahí o si es un patrimonio cultural– y pueden operar por encima de la reglamentación sobre el medio ambiente. México es el primer receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) para la exploración minera a nivel regional. Así, de acuerdo con la Secretaría de Economía, México ocupa el sexto lugar mundial en inversión minera y se encuentra entre los 10 principales productores de 16 minerales (es el primero en plata, el séptimo en oro y el décimo en cobre). El 69% de las empresas extranjeras en la minería son canadienses.

Lo que analizamos en el primer foro en contra de la biósfera era que el gobierno del estado de Guerrero mandó una petición al gobierno federal para que se decretara una Reserva de la Biósfera en la Montaña. En este momento se sabía que habían concesiones mineras y que las empresas transnacionales estaban esperando para que las comunidades fueran consultadas para que entrara la minería. La consulta estaba prevista para hacerse en la Universidad Intercultural. El primer paso en la consulta era que tenían que estar con el decreto de la reserva. Empezamos a estudiar la ley de equilibrio ecológico en México y descubrimos que la biosfera permite la minería, es como atribución de quien la administra la reserva. Dice Luisa Guzmán que forma parte del equipo del Centro de Estudios Ecuménicos de la Ciudad de México.

La extracción del codiciado mineral en el corazón el «cinturón de oro» ha ocasionado disputas por el control del negocio. La violencia es una de las principales características de esta actividad. Fotografía: Cristian Leyva

Otras experiencias con la agresiva expansión de las mineras, particularmente las canadienses, despiertan la conciencia y la rabia:

La minería en México es un asunto de la colonización. Es la misma exploración histórica y las empresas y el gobierno piensa que puede pasar por encima de los pueblos. La preocupación no solo es la contaminación, sino que en Guerrero, en esta zona, y creo que en gran parte del estado, conservan un sistema comunitario de decisiones colectivas y este tipo de acciones empieza fragmentar el tejido y empieza a dividir comunidades.

Máquina de la antipolítica

«No es una máquina para eliminar la pobreza que incidentalmente se involucra con la burocracia estatal; se trata de una máquina para el refuerzo y la ampliación de la burocracia estatal; se trata de una máquina para reforzar y ampliar el ejercicio del poder burocrático del Estado, que tiene casualmente la pobreza como su punto de entrada al lanzamiento de una intervención que puede no tener ningún efecto en la pobreza, pero que, de hecho, tiene otros efectos concretos« (Ferguson, 1994). Esta despolitización de la «máquina de la anti política» se manifiesta en programas de desarrollo que se enmarcan en «el lenguaje neutral de la ciencia». Ya sea iniciada por el Estado o por otros expertos, planes de mejora se elaboran a partir de un repertorio existente de diagnósticos, recetas y técnicas. Debido a esto hay muchos aspectos de las intervenciones de desarrollo que de hecho son «estandarizados» y aplicados de la misma manera de un lugar a otro. En el caso de Guerrero, como en muchos otros, el pretexto para implementar diversos programas ligados a la biodiversidad –sea Pagos por Servicios Ambientales (PSA) o decretos para establecer una Reserva de la Biósfera– se encuentra en la «política rural sustentable». El discurso hace énfasis en el crecimiento poblacional, la pobreza y la dispersión de la población y lo mezcla o relaciona directamente con la deforestación el agotamiento de agua, etc.

Tierra Colorada, una comunidad enclaustrada en el corazón de la Montaña. Fotografía: Heriberto Paredes

Como respuesta a la política agresiva capitalista del gobierno mexicano queda la organización. Hasta ahora se ha organizado 16 Foros regionales:

Mejor nos organizamos, vamos defender nuestro territorio, nuestros recursos, vamos a defender la herencia que nos dejaron nuestros abuelos. Queremos invitar a más gente a integrarse al movimiento. El Consejo de Autoridades Agrarias está abierto para quienes gustan participar y contribuir con nosotros a defender nuestro territorio, afirma Apolonio Cruz Rojas.

«La represión que los malos gobiernos han ejercido en contra de nuestros pueblos es en respuesta a nuestra decisión de no parar nuestra resistencia para no dejar de existir por obra de la cruenta guerra de exterminio. No tiene que ver solo con una persecución política, sino que es una reacción de los que arriba diseñan el despojo para consolidar sus intereses asentados sobre la explotación, el despojo, la represión y el desprecio que pueden tomar diferentes rostros y reflejos», posicionamiento del Congreso Nacional Indígena (CNI) del pasado 22 de marzo de 2015, sobre la ola represiva en contra de los pueblos.

Imperialismo usa el terror, ejecuciones y desplazamientos para adueñarse de territorios:

La desaparición forzada ha sido calificada por diversos activistas y académicos como una política de Estado implementada para esparcir terror en la sociedad y poder controlar a las poblaciones, al tiempo de inhibir la acción organizada y destruir cualquier intento de que la sociedad se una para exigir el respeto a los derechos humanos, y sobre todo justicia por la violación de éstos.

En este sentido, se ha argumentado que esta clase de fenómenos tienen como objetivo dejar el camino libre para la implementación de políticas y proyectos capitalistas, pues al desarrollar prácticas como la desaparición forzada, que constituyen el terrorismo de Estado y causan la parálisis de la sociedad a través del miedo, puede dejarse el terreno para que pase cualquier decisión sin obstáculo de grupos opositores de la sociedad.

Al respecto, el periodista Federico Mastrogiovanni, quien ha seguido muy de cerca el tema, afirma que para poder permitir la implementación de proyectos de corte neoliberal y ceder los recursos al capital, los que ostentan el poder han identificado como necesario crear terror sobre las comunidades, esto a través de acciones específicas donde “la desaparición forzada es una forma para hacerlo y es de las más efectivas”.

En tal sentido, el Dr. Gilberto López y Rivas asegura que la desaparición forzada se constituye como una política de Estado, sin embargo, enfatiza, ha estado presente en diversos periodos y ha tenido características distintas.

El académico señala que durante la llamada guerra sucia, el desarrollo de esta clase de prácticas se focalizó para aniquilar a los grupos subversivos.

“Si nosotros vemos el caso de la guerra sucia de los años 60,70, 80 observamos que estaba focalizada o centralizada en lo que podría ser los esfuerzos del Estado para aniquilar grupos de jóvenes que habían ido a la guerrilla, y se dio a través de grupos paramilitares, como la brigada blanca. Una verdadera cacería de estos jóvenes; familias enteras que participaron en la guerrilla de esos años y que fueron aniquilados por estos verdaderos escuadrones de la muerte”, señaló.

En lo referente asegura que en la actualidad, la puesta en marcha de prácticas como la desaparición forzada, que configuran el terrorismo de Estado, está relacionada con la implementación del capitalismo a nivel mundial.

“Observamos que hay un cambio cualitativo a nivel planetario que coincide claramente con lo que podría ser esta mundialización capitalista que invade territorios en búsqueda de recursos naturales y estratégicos. Esta expansión del capital neoliberal tiene lugar a partir de los 80 y creo que Chile fue un experimento de la imposición de este sistema, y si analizamos este caso, fue a partir de una cruenta dictadura militar (con prácticas como de la desaparición forzada) que se impuso este sistema. Es decir se estaban dando los experimentos sociales de como imponer un sistema (capitalista) de esta naturaleza, cómo quebrar voluntades, cómo destruir organizaciones, cómo aniquilar gente, cómo aterrorizar”, apunta.

López y Rivas asegura que en esta oleada del capitalismo, el papel del Estado ha sido ejercer el control a través de la fuerza.

“En esta política de una brutalidad extractivista que invade territorios, que saquea, que aniquila, que causa desplazamiento y que causa violencia, observamos que el papel del Estado es precisamente ejercer este dominio en el terreno de lo policiaco, de lo militar, de los grupos de inteligencia para aniquilar la resistencia que ofrecen los pueblos frente a esta invasión de sus territorios y frente a este saqueo permanente de sus recursos naturales y estratégicos”, dijo.

Aunado a lo anterior, apunta que esta clase de estrategias del terrorismo de Estado buscan quebrar las voluntades y aterrorizar, de tal manera que se destruya la organización “particularmente las que más teme el imperialismo que son las formas de organización comunitarias y políticas, que vislumbran un mundo distinto al capitalismo”.

De igual manera, el académico detalla que se pude considerar como terrorismo de Estado a esta clase de prácticas que generan presión porque emprende acciones a partir de lo ilegal y lo clandestino, partiendo “de una generalizada forma de acciones en el mundo de los secreto, de los clandestino, de la utilización, incluso, de grupos que actúan con tareas del Estado”.

“No es para nada una coincidencia que el llamado crimen organizado actué en una gran complicidad, por ejemplo, con las compañías y corporaciones mineras. Que actué con el ejército para conformar grupos paramilitares. Estamos observando aquí una verdadera distribución de tareas con un mismo objetivo: el desplazamiento, el aniquilamiento, la ejecución, de tal manera que asistimos a lo que es una verdadera guerra”, dijo.

Asimismo, explica que hoy en día en el mundo se observa una clase de reconfiguración del capitalismo a través de una dimensión militar, que toma como punto de partida y justificación el combate al terrorismo y al narcotráfico.

“Muchos analistas hablan de esta especie de reconfiguración mundial del capitalismo, que tiene una dimensión militar de control de población y que se usa a partir de dos supuestas guerras: la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico. A partir de esto, en los últimos dos periodos presidenciales, en México el resultado de estas guerras ha sido no sólo los cerca de 150 mil muertos, los miles de desplazados que van casi al medio millón, los miles de desaparecidos forzados, sino también la virtual adición de nuestro país a los planes estratégicos del gobierno de los EEUU en cuanto a su papel en América Latina, por ejemplo, y en cuanto al control que tiene EEUU de nuestras fuerzas federales que se han convertido en verdaderos ejércitos de ocupación interna”, asegura.

Al respecto, López y Rivas manifiesta la importancia de analizar los cambios que se están dando a nivel global, en donde el “imperialismo no duda en utilizar el terror a nivel planetario, que hace ejecuciones en el lugar que le plazca”.

“Nos vemos enfrentados a una situación de terrorismo de Estado que es replicada en países tutelados como el nuestro. Es decir estamos ante la presencia de lo que podría ser un Estado criminal, que practica el desvió de poder, fuera de la ley, fuera del Estado de derecho en donde reina la impunidad”, finaliza.