A sólo una semana de
iniciado el año, apareció en diferentes medios una extraña noticia en
torno a una balacera ocurrida en Ayutla entre la “policía comunitaria”
de Guerrero y un grupo de presuntos secuestradores, en el que resultó
muerto un individuo de nombre Cutberto Luna Chávez. Los policías
comunitarios habían colocado retenes en las entradas de Ayutla como
respuesta al secuestro del comisario de Rancho Nuevo, Eusebio Alvarado
García, quien había sido levantado en días anteriores. Según los
“policías comunitarios”, Luna Chávez se resistió a la revisión y agredió
a los comunitarios con un arma de fuego por lo que éstos repelieron el
ataque abatiendo al agresor. Entre pedazos de información incompleta y
contradictoria, se supo que el comisario Alvarado García fue liberado
poco después, mientras que los retenes de la policía comunitaria
siguieron operando en búsqueda de los delincuentes. En menos de una
semana, ya habían sido detenidos aproximadamente 40 personas.
Para
quien haya seguido mínimamente el proceso organizativo del Sistema de
Seguridad y Justicia Comunitaria de la Montaña-Costa Chica de Guerrero,
los hechos reportados no dejaban de ser por demás extraños, ya que
contrastaban visiblemente con el modus operandi de la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria
(CRAC-PC). Era la primera vez que se reportaban operativos de policías
comunitarios encapuchados con pasamontañas y paliacates, así como toques
de queda y suspensión de actividades escolares. Tampoco se había
conocido de personas abatidas en retenes de la CRAC-PC. Además, el
elocuente discurso en torno al proceso de “reeducación” de los
infractores parecía haber sido sustituido por un mucho menos elaborado y
más reactivo discurso en torno al principio de “ojo por ojo, diente por
diente”.
Días después se supo que los civiles armados y
encapuchados que pusieron los retenes no eran parte de la estructura de
la CRAC-PC. Se habló de un levantamiento armado espontaneo por parte de
los pobladores de Ayutla, quienes hartos de sufrir los estragos de la
delincuencia organizada habrían decidido organizarse de manera autónoma
para defenderse, expresando así en los hechos una profunda crítica al
Estado. ¿Pero es este el caso? ¿Estos operativos realmente son
manifestación de una verdadera voluntad de autodefensa popular con
arraigo profundo en las comunidades de la Costa Chica, como sugieren
muchas de las reacciones mediáticas que se han suscitado en los últimos
días? ¿Significa esto que está propagándose el ejemplo de la CRAC-PC en
la región, fortaleciendo así este proceso comunitario?
Si se
trata efectivamente de un proceso popular, no puede más que llamar la
atención que el gobernador Aguirre Rivero, lejos de responder como ha
hecho con otros movimientos populares en Guerrero (con actos represivos y
calumnias), reconoció la labor de los “comunitarios”i y se dispuso inmediatamente a entregar despensas a las comunidades en cuestiónii, además de declarar públicamente su intención de apoyarlos con uniformes, radios, e incluso con salariosiii.
No quiere decir esto que deba desestimarse una respuesta favorable del
gobierno a los movimientos sociales. Sin embargo, no se necesita ser muy
perspicaz para sospechar de un trato diferencial frente a un contexto
de represión generalizada. Después de todos los obstáculos por los que
ha tenido que pasar la CRAC-PC durante más de diecisiete años, y aun así
no ser todavía plenamente reconocida; después de las constantes
agresiones gubernamentales a la estructura comunitaria que han resultado
en órdenes de aprehensión y detenciones arbitrarias contra policías y
coordinadores comunitarios; después de que el gobernador tardó más de un
año para conceder una audiencia a la CRAC-PC, y cuyos acuerdos fueron
completamente incumplidos, ¿cómo no ha de resultar extraño que en menos
de cinco días de haberse instalado los retenes civiles en Ayutla, el
gobernador no sólo visitó a los civiles alzadosiv
sino que parece haberse convertido en ferviente admirador y defensor de
las maravillas de la seguridad comunitaria? ¿Cómo no ha de ser también
extraño que mientras la CRAC-PC ha sido en gran parte invisibilizada por
los grandes medios de comunicación, Joaquín López Doriga concediera un
espacio en su noticiero para hablar de cómo los pobladores de la región
apoyan a la “policía comunitaria” de Ayutla? ¿Será que el “alzamiento
popular” no es realmente tan “popular” como se ha afirmado?
El 7
de enero, el consejero de la CRAC-PC de Ayutla, Arturo Campos, declaró
que quienes están detrás de los operativos son miembros de la UPOEG.
Dijo que se trata efectivamente de pobladores “de algunas comunidades
del municipio de Ayutla, pero que no pertenecen a la CRAC, y otros que
provienen de poblados del municipio vecino de Tecoanapa, dirigidos por
Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero (UPOEG)”v.
Como se recordará, el 25 de noviembre en el contexto del 17 aniversario
de la CRAC-PC, se hizo pública la incorporación de 27 comunidades de
Ayutla a la estructura comunitaria. Sin embargo, un mes después, el 22
de diciembre, en una asamblea en la comunidad de la Concordia se
incorporaron oficialmente únicamente 23 de estas comunidades, formando
así la CRAC-PC de Ayutla, cuya Casa de Justicia se instaló en la
comunidad mixteca de “El Paraíso”. En esa ocasión los medios reportaron
una ruptura al interior de la policía comunitaria de Ayutla, ya que las
cuatro comunidades que no fueron ratificadas habían formado su propia
estructura de seguridad bajo la dirección de la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Dicha ruptura
parece responder a dos visiones diferentes en cuanto a la relación que
deben tener las comunidades y sus estructuras comunitarias con el
Estado. La UPOEG se ha caracterizado por promover una relación más
cercana a las instituciones del Estado, mientras que la CRAC-PC ha
mantenido, al menos discursivamente, un claro distanciamiento con el
gobierno. Vale la pena mencionar que mientras la CRAC-PC ha hecho
explícito dicho distanciamiento con el Estado, el principal dirigente de
la UPOEG, Bruno Plácido Valerio buscó incluso una diputación federal
por la vía plurinominal en las pasadas elecciones, la cual por cierto
fue ignorada por las cúpulas del PRD, quienes decidieron llenar su lista
plurinominal de militantes perredistas cercanos a la corriente de Nueva
Izquierda (“los Chuchos”). La UPOEG ha expresado públicamente su
aprobación a la participación de las instituciones de seguridad
oficiales en actividades de coordinación con la policía comunitaria.
Como ejemplo, baste ver las acciones de esta organización en los días
inmediatamente posteriores a la implementación de los retenes civiles,
cuando Plácido Valerio se reunió con diferentes instancias del gobierno
del estadovi,
incluyendo el gobernador Ángel Aguirre y el secretario de Gobierno,
Humberto Salgado Gómez, para negociar la participación de la policía
estatal en los operativos, aunque después, el mismo Plácido denunció que
la policía estatal “sólo tiene interés por los presuntos delincuentes
detenidos desde que se instalaron los retenes, por lo que advirtió que
podrían romper el diálogo que acordaron con el gobierno estatal”vii.
A juzgar por la facilidad con la que los dirigentes de la UPOEG han
logrado dialogar con el Estado, parece ser que el gobierno de Ángel
Aguirre le ha otorgado a este organismo el papel de interlocutor
conveniente, ya que puede así erigirse como defensor de las causas
sociales, haciendo alarde de su voluntad para escuchar a los movimientos
sociales. Por su parte, la UPOEG y su dirigente Plácido Valerio,
parecen complacidos ostentándose como voceros de los pueblos armados de
Ayutla. Por supuesto, no se puede menospreciar el hecho de que los
habitantes de las comunidades de la región, efectivamente están cansados
de la inseguridad y de la negligencia del Estado, el cual no ha podido
garantizar la seguridad de la población. Las causas profundas que dan
pie a que las comunidades construyan policías comunitarias son realmente
legítimas. Es loable el coraje de los campesinos, indígenas y demás
pobladores que llevados al punto de hartazgo, participan en procesos de
auto-organización en materia de seguridad y autodefensa. Sin embargo,
los operativos de los últimos días son cuestionables no sólo por la
manera en que quienes aparecen al frente han coqueteado de manera
peligrosa con el Estado, sino porque incluso su accionar ha dejado
serias dudas con respecto a su apego a los principios sociales y
humanitarios que han caracterizado la impartición de justicia
comunitaria.
En un artículo publicado el 10 de enero de 2013 en
el periódico La Noticia, Arnulfo García Mendoza, abogado de los
familiares de Cutberto Luna Sánchez (quien fuera abatido por los civiles
encapuchados) denunció los abusos en los que están incurriendo los
civiles armados de Ayutla, ya que según lo que reporta dicho periódico,
Luna Sánchez de oficio taxista no iba armado y nunca agredió a los
“comunitarios”, sino que fue abatido “por la espalda y que el taxista
fue rematado por miembros de la comunitaria con 2 balazos de escopeta en
la cabeza”. Además afirmó que “quien iba al mando de ese grupo (que) le
dio muerte al taxista, es el ‘comandante’ Ernesto Gallardo Grande,
originario del Mezón, municipio de Tecoanapa, quien ya lo había detenido
de manera arbitraria el pasado 9 de diciembre en la Población de
Tutepec, cuando había acudido en su auto taxi a comprar un becerro para
los quince años de una de sus sobrinas”viii.
Cabe destacar que Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC-PC
acusó en diciembre de 2012 a Gallardo Grande, miembro de la UPOEG, de
“autonombrarse comandante estatal durante los trabajos preparatorios de
la incorporación de los pueblos mixtecos, y desde esa trinchera crear un
grupo adversario de policías comunitarios”, además de afirmar que éste
“desarrolló trabajo en comunidades con principios distintos al
reglamento de la Coordinadora como comandante estatal, cargo que no
existe en el reglamento de la Policía Comunitaria” ix.
En
aquella ocasión, Arturo Campos, quien fuera elegido el 22 de diciembre
de 2012 consejero de la CRAC-PC en Ayutla, “acusó a los miembros de la
UPOEG de servir al gobierno y de infiltrarse entre la CRAC para
dividirla”, aunque días después, Bruno Plácido negó las acusaciones,
diciendo que la UPOEG no tiene intención de dividir a las comunidades:
“nos veríamos muy mal si dividiéramos a nuestras comunidades, nuestro
papel no es confrontar, ni dividir, es conjuntar. No somos un grupo de
choque”x. No obstante, a la luz de los recientes acontecimientos, la UPOEG y la CRAC-PC han ventilado sus diferenciasxi.
Como
se puede ver, resulta cada vez más evidente que hay dos proyectos
diferentes en cuanto a los procesos comunitarios de procuración de
justicia en la Costa Chica de Guerrero. Por un lado está el de la UPOEG,
cuya postura política es de negociación y conciliación con el Estado, y
cuyos militantes además han demostrado en los hechos que su acción no
sólo no se apega a los principios de justicia comunitaria que han sido
motivo de orgullo para los pueblos de la región, sino que además parecen
actuar a partir de códigos simbólicos no muy diferentes de los que
caracterizan el habitus de la delincuencia organizada, lo cual se hace
evidente en las afirmaciones de los “comunitarios” de la UPOEG: “por
cada uno que levanten, vamos por 10 de ellos”xii, “ojo por ojo”xiii, o “el que la deba que la pague”xiv.
Este proyecto, dicho sea de paso, es el que cuenta con el visto bueno
del Estado, e incluso está por ser regulado bajo el esquema hegemónico
de procuración de justiciaxv.
Por
otro lado, lejos del principio de “el que la deba que la pague”, está
el ya histórico proyecto de seguridad y justicia comunitaria que
representa la CRAC-PC, el cual explícitamente busca ser un sistema no
punitivo, cuyo interés no es el “castigo” a los infractores, sino la
reeducación de quienes cometen infracciones. Este proyecto, que ha
tenido que recorrer un largo y difícil camino en su búsqueda de justicia
y bienestar, no sólo se ha centrado en el tema de la seguridad, sino
que además ha ido construyendo un sistema bien estructurado de
impartición alternativa de justicia, y de construcción de comunidad
incluso en temas como la salud, la educación, la comunicación, y
recientemente, la defensa del territorio frente a las mineras
transnacionales.
No obstante, aunque las dos posturas se han ido
aclarando en los últimos meses, la misma CRAC-PC está lejos de ser un
proyecto homogéneo, exento de disensos y contradicciones, ya que al
interior de esta se disputan posturas políticas muy diversas. Hay que
tomar en cuenta que actualmente el mismo Bruno Plácido es también
consejero de la CRAC-PC. Debido a la naturaleza misma de este proyecto
no existe un solo actor político que controle todo el proceso. Por el
contrario, el sistema comunitario es verdaderamente heterogéneo; está
ligado a procesos realmente populares, por lo que pueden encontrarse
tanto grupos que defienden intensamente su autonomía, como otros que
quieren abrir la puerta a la influencia gubernamental; hay algunos
grupos cercanos al Congreso Nacional Indígena, otros no tan cercanos;
hay algunos más politizados que otros; otros que luchan abnegadamente
por su pueblo, y otros más que sólo buscan intereses personales.
Tomando
en cuenta el comunicado oficial de la CRAC-PC, firmado por dieciséis
coordinadores, fechado el 13 de enero de 2013, en donde se deslindan de
la UPOEG y denuncian “la postura engañosa y de mala fe” con que esta
organización se ha manejado y aclaran que el modo en que se han
conducido los “comunitarios” de la UPOEG “no es propio de nuestra forma
de actuar”, parece ser que la postura mayoritaria al interior de la
CRAC-PC es la de mantenerse independientes y autónomos. En ese mismo
comunicado, la CRAC-PC denuncia “el afán de los dirigentes de la UPOEG
de hacerse de los principales cargos en la CRAC para encaminar el
trabajo de nuestra institución comunitaria hacia los intereses del
Gobierno del Estado”xvi.
Si
bien este tajante deslinde hace ver que la balanza, al interior de la
CRAC-PC, está inclinada hacia la defensa de la independencia y la
autonomía del proceso, así como hacia la clara denuncia de los
“intereses del Gobierno del Estado”, también es cierto que el peligro
está latente, ya que los grupos que buscan llevar a la CRAC-PC hacia una
creciente coordinación con el gobierno siguen dando la lucha. Un
eventual acercamiento al Estado y la subsecuente aceptación de sus
instituciones de impartición de justicia oficiales serían mortales para
el proceso. No se puede olvidar que el proyecto de la policía
comunitaria no es, como han querido ver algunos, una mera
desconcentración administrativa de las tareas de impartición de
seguridad y justicia, cuya existencia aligera las responsabilidades de
la administración pública, descargándolas en una nueva escala de
gobierno “comunitario”. La fuerza del proyecto comunitario, de la
CRAC-PC, estriba precisamente en que esta representa un proyecto
alternativo, algo diferente al Estado, una alternativa posible frente a
la actual crisis del poder; se trata precisamente de un ejercicio de
poder no heterónomo cimentado en principios fundamentalmente opuestos a
los del Estado. Lo que ha permitido a la CRAC-PC sobrevivir y
fortalecerse por diecisiete años es precisamente la manera en que han
reconstruido desde el fondo el concepto mismo de justicia, pasando de un
esquema punitivo a un esquema de reeducación y reparación, construyendo
en los hechos una utopía realizable.
El rumbo que tome hoy el
proceso comunitario es determinante, pues lo que hoy está en juego no es
solamente el interés de uno o dos grupos políticos regionales. Lo que
está en juego es mucho más profundo, pues se trata precisamente de uno
de los territorios más codiciados por las mineras transnacionales, para
las cuales la CRAC-PC es el principal obstáculo que impide la
explotación desmedida de los recursos. Siendo tan grandes los intereses
que se juegan, es evidente que el Estado hará lo posible por destruir,
cooptar o desestabilizar de cualquier manera el proceso comunitario,
incluyendo el favorecer grupos políticos de posturas no radicales,
proclives a la cooptación, dentro y fuera de la CRAC-PC, buscando así
reducir la fuerza y la cohesión del sistema comunitario. El gran dilema
de la policía comunitaria es actualmente el punto de bifurcación entre
dos opciones cada vez más claras: o se mantiene y profundiza la
autonomía de la CRAC-PC, marcando visiblemente su carácter popular y su
diferencia esencial con el Estado, fortaleciendo su capacidad de
resistencia; o se olvida de las razones profundas que le dieron origen y
comienza a coquetear con el Estado, abriendo paso a la injerencia
gubernamental en territorio comunitario, domesticando la resistencia y
destruyendo así la utopía posible de un proyecto verdaderamente
diferente, popular y emancipador.
Notas:i http://www.despertardelsur.com/ds/index.php?option=com_content&view=article&id=44596:ofrece-angel-aguirre-depurar-el-cuerpo-policiaco-de-ayutla&catid=16:8-columnas-portada&Itemid=25
ii http://www.proceso.com.mx/?p=330675
iii http://www.despertardelsur.com/ds/index.php?option=com_content&view=article&id=44596:ofrece-angel-aguirre-depurar-el-cuerpo-policiaco-de-ayutla&catid=16:8-columnas-portada&Itemid=25
iv http://periodicodigital.com.mx/notas/aguirre_visita_comunidades_armadas_de_costa_chica#.UPdJFvLg-5I
v http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/08/index.php?section=sociedad&article=002n1soc
vi http://www.diariodeiguala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4504:se-reunen-diputados-con-integrantes-de-la-upueg&catid=20:regiones&Itemid=71
vii http://www.jornada.unam.mx/2013/01/13/politica/003n1pol
viii http://www.lanoticiaguerrero.com/?p=3532
ix http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/12/23/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
x http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/12/24/index.php?section=sociedad&article=004n1soc
xi http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a914402d7da41d1caacdc2d226d5feb0
xii http://www.vanguardia.com.mx/seequivocaronalmeterseconelpueblodeayutla-1461665.html#.UPcJ0ULnxOk.twitter
xiii http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a914402d7da41d1caacdc2d22603ba6a
xiv http://tvolucion.esmas.com/noticieros/noticiero-con-joaquin-lopez-doriga/204233/habitantes-guerrero-crean-policia-comunitaria/
xv http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7df07da1c27c195b1924d56296f5bd12
xvi http://www.despertardelsur.com/ds/index.php?option=com_content&view=article&id=44545:se-deslinda-la-crac-de-movilizacionen-ayutla&catid=16:8-columnas-portada&Itemid=25
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falsa mentira lo que publican nada mas que la UPOEG tiene razon de los mivimiento levantado en la costa chica de guerrero, la CRAC-PC. es del pueblo por lo tanto tienen que obeder lo que el pueblo mande, desgraciada mente el coodinador de san luis Acatlan Pablo Guzman tiene miedo de enfrentar las delicuencia por lo que a dejado solo a los dirigentes de la UPOEG. desde la montaña de guerrero hago un llamado al publico en general si algo le pasa a nuestro diregente el pueblo de la montaña se movilizara.el pueblo en genral, solo el pueblo apoya y defiende a su pueblo que se debe de cer.
ResponderEliminarapoyen y luchen junto al lado de los pueblo, y su policia comunitario, gente que divide no lo queremo solo buscan problema, desde la montaña baja, le hago mencionar son bueno para criticar pero no resuelven, ahora queremo gente que hable poco pero que resuelva. nustra polica comunitaria y los dirigentes de la UPOEG es del pueblo por lo tanto tiene que obeder el mandato al pueblo,es ahora que los invito a que se unan a las lucha contra las delicuencia porque si no lo hace usteded seran las victima. (dirigente de la UPOEGy policia comunitario el pueblo esta con ustedes) construyamo camino de paz y de union .
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