Estado mexicano, eslabón de la violencia contra las mujeres 

Gladis Torres Ruiz/CIMAC

En nuestro país, la cifra de impunidad en la investigación, esclarecimiento y castigo de los crímenes alcanza el 98.5 por ciento de los delitos, acusan 200 organizaciones por los derechos de las mujeres en el informe “El gobierno de México miente”.

Las agrupaciones denuncian que durante el sexenio de Felipe Calderón las autoridades no han cumplido con su deber de actuar con debida diligencia, para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, quienes –por el contrario– tienen que “sortear una serie de obstáculos normativos, sufrir discriminación y violencia”.

El informe se presentará ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el próximo 17 de julio en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

Desde el 25 de agosto de 2006 (todavía durante el gobierno de Vicente Fox), las expertas que integran el Comité de la CEDAW solicitaron al Estado mexicano que mejorara el acceso de las víctimas a la justicia. Instaron también a las autoridades a garantizar que se imponga un castigo efectivo a los culpables, y beneficiar a las víctimas con programas de protección.

El Comité pidió al Estado mexicano poner en marcha mecanismos de seguimiento eficaces, y evaluar permanentemente la repercusión de todas sus estrategias y las medidas adoptadas.

No obstante, a seis años de distancia, las autoridades judiciales continúan con un trabajo deficiente ante los casos de asesinatos de mujeres, afirman las organizaciones en el informe “El gobierno de México miente”.

Agregan que tal situación coloca al Estado mexicano como parte de la cadena de violencia contra las mujeres, al cometer violencia institucional en el momento en que “dilata, obstaculiza o impide el acceso a la justicia”.

FLAGRANTE IMPUNIDAD

Las agrupaciones defensoras de los derechos de las mexicanas detallan que el sistema de justicia en este país persigue delitos de baja cuantía cometidos en flagrancia, por lo que los delitos relevantes –tales como el feminicidio– quedan en la impunidad. En ese sentido –observan– “menos del 1 por ciento de los delitos son resueltos por las instituciones de combate a la delincuencia y justicia”.

Las defensoras advierten al Comité que en México no hay cifras desagregadas por sexo o género, por lo que no es posible tener certeza del porcentaje de casos que involucran a mujeres que son efectivamente investigados y sancionados.

En el informe también advierten que prevalece la estigmatización de las víctimas por parte de las autoridades, toda vez que los servidores públicos las descalifican al acusarlas de que ellas provocaron la violencia en su contra.

El personal judicial argumenta que las mujeres eran “drogadictas, sexo servidoras o delincuentes ligadas al crimen organizado”, y por tanto no merecen gozar de los derechos que sí son reconocidos para las mujeres “normales”, situación que se traduce en actos de discriminación, exponen las organizaciones.

De igual manera indican que el acceso a la justicia para las mujeres está limitado por la falta de medidas que respondan a las necesidades específicas de la población femenina.

Advierten que el marco legal vigente tampoco garantiza a las mujeres ese derecho, debido a que no se han implementado de manera efectiva las políticas y normas especializadas en materia de discriminación y violencia de género.

Falta además una transversalización de la perspectiva de género en el marco legal, y la armonización de las leyes locales con las federales.

Ente las organizaciones que elaboraron el informe están el Grupo de Mujeres de San Cristóbal, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que aglutina a más de 43 grupos civiles de 17 estados de la República.