Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
Ante la crítica situación que enfrentan las mexicanas en el mercado laboral, mujeres sindicalistas acordaron articular sus organizaciones para fortalecerse y detener la aregresiva reforma laboral propuesta por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Las sindicalistas concertaron la creación de un plan de acción que dá respuesta al deterioro de las condiciones de trabajo mediante la organización, señaló Martha Heredia Figueroa, vicepresidenta de Equidad de Género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), durante la inauguración del Cuarto Encuentro Nacional de Sindicalistas.
Heredia apuntó que es momento de que las sindicalistas pásasen del análisis de la precariedad en el mundo del trabajo y la denuncia de las violaciones a los derechos laborales, a las acciones, que se traduzcan en beneficio de las mujeres trabajadoras.
Durante su intervención en el Cuarto Encuentro, al que asistieron mujeres representantes de los sindicatos educativos, electricistas, mineros y petroleros, Lourdes Zea, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), señaló la importancia de que las trabajadoras organizadas actúen para impedir que en este periodo de sesiones se apruebe la reforma federal del PRI-PAN.
Zea refirió que la modificación a la Ley Federal del Trabajo que plantean esos partidos políticos pone en riesgo los derechos laborales conquistados en el último siglo.
El reto será sumar a la lucha de las sindicalizadas la participación de las empleadas que carecen de representación sindical, de modo que en conjunto emprendan acciones para mejorar las condiciones en las que se ocupan las mujeres en el país.
Al respecto, Silvia Ramos, representante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), señaló algunas de las problemáticas que enfrentan las mexicanas en el mercado laboral, como la subcontratación, la transgresión a la libertad sindical y los bajos salarios.
La sindicalista refirió que la realidad de las trabajadoras es contraria al discurso de "prosperidad" que enuncia Felipe Calderón, ya que el crecimiento económico "se sustenta sobre la base de marginación del empleo y los derechos laborales.
Silvia Ramos señaló que el resultado de esa política laboral se refleja en el aumento de población en pobreza, la cual pasó de 48.8 millones de personas en 2008 a 52 millones para 2010; mientras que la población en pobreza extrema se mantuvo en 11.7 millones, con base en información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En ese sentido, Ana María López, abogada y socióloga experta en movimientos sociales, apuntó que debido a la desventaja de las mujeres en el mundo laboral, ellas son quienes están en mayor medida en condiciones de pobreza.
Y puntualizó que en este escenario las sindicalistas deben "alzar la voz para exigir el respeto a nuestros derechos laborales y a nuestros derechos como mujeres, para vivir en equidad y democracia".
OKUPAR! CONSTRUIR! RESISTIR!
BIBLIOTECA INGOBERNABLES
Mostrando entradas con la etiqueta FEMINISMO. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta FEMINISMO. Mostrar todas las entradas
sábado, septiembre 10
viernes, septiembre 2
Felipe Calderón eliminó el Estado de Derecho
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 30 ago 11 (CIMAC).- Felipe Calderón estableció un Estado de hecho y no de Derecho, lo que a lo largo de su administración ha recrudecido las violaciones a los Derechos Humanos (DH) de mujeres, niñas, indígenas, periodistas y de los propios defensores y defensoras de las garantías humanitarias.
Para el doctor en Ciencia Política por la UNAM José Enrique González Ruiz así se resumen cinco años de gestión calderonista en materia de DH. “La impunidad sigue siendo la regla, los perpetradores de delitos graves contra las personas nunca son sancionados. Por eso necesitamos un cambio, una transformación total del Estado”, demanda en entrevista.
Es larga la lista de pendientes de la actual gestión federal por el número de violaciones a los DH presentadas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, la impunidad es el rasgo común en casos como el de los asesinatos de las activistas Josefina Reyes, Marisela Escobedo, Josefina Chávez y Beatriz Cariño; y en el de las periodistas Elvira Hernández Galeana y Yolanda Ordaz.
RECUENTO DE LOS DAÑOS
Con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal, el Estado mexicano ha sido condenado en cinco ocasiones por incurrir en graves violaciones a los DH. De este modo, México es el país, sólo después de Colombia, con el mayor número de denuncias (232) ante la CIDH.
En noviembre 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió la primera sentencia contra el Estado mexicano. Se trata de tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, perpetrados en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero.
La segunda condena la recibió en diciembre de 2009, la cual se refiere a la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, en Guerrero, en 1974.
En 2010 el Estado mexicano recibió tres veredictos más: en octubre tuvo dos condenas por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de militares en 2002.
Y en diciembre la CoIDH condenó a nuestro país por la detención arbitraria y tortura de dos campesinos ecologistas de Guerrero, en 1999.
Si bien todas estas violaciones a los DH no se cometieron durante la actual administración federal, sí corresponde a Felipe Calderón castigar a los responsables y resarcir el daño a las víctimas.
A estas condenas en proceso de cumplimiento, se suma el aumento de 45 por ciento entre 2010 y 2011 de quejas por presuntas violaciones a DH ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
SIMULACIÓN
En un lustro, el Estado mexicano ha sido cuestionado a nivel internacional porque lejos de reducir la delincuencia y garantizar la vigencia de los DH, implementó una política de seguridad que simula el respeto de esos derechos.
En el Examen Periódico Universal 2009, elaborado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México recibió 83 recomendaciones del mecanismo internacional en temas como justicia, armonización legislativa, políticas públicas, discriminación, violencia contra las mujeres, protección de periodistas y derechos de los pueblos indígenas y migrantes, entre otros.
En cinco años, representantes de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos han visitado el país, entre ellos los relatores de Libertad de Expresión, de Defensores de Derechos Humanos, de Migrantes, de Independencia de Jueces y Abogados, y de Personas Privadas de la Libertad.
En sus observaciones preliminares las y los relatores constataron el clima de zozobra que afecta la vigencia de los DH de la población, y manifestaron su preocupación por la violencia y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En 2010, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado mexicano simula cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de DH.
Tal es el caso de instancias ciudadanas como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Las agrupaciones acusaron al Estado mexicano durante la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Respecto a la sentencia de la CoIDH sobre el caso Campo Algodonero, igualmente la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas no se han cansado de reiterar el incumplimiento de las autoridades respecto al castigo a los responsables de feminicidio y la reparación del daño.
DEFENSORAS Y PERIODISTAS
En el documento “Protección para periodistas y defensores de Derechos Humanos”, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala como necesaria la implementación de políticas de seguridad ciudadana acordes con el pleno respeto y garantía de los DH.
La oficina reconoce que periodistas y defensores de DH se han convertido en uno de los sectores de la sociedad más vulnerables a la violencia e inseguridad, lo cual tiene un impacto negativo en las condiciones en que ejercen sus actividades.
Del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2009, la instancia de Naciones Unidas contabiliza un total de 36 defensoras, 72 defensores, 17 organizaciones civiles y seis familiares que fueron presuntamente víctimas de algún tipo de agresión.
En el caso de periodistas, las organizaciones civiles Cencos y Artículo 19 informan que en 2010 29 mujeres periodistas fueron víctimas de agresión, las cuales se caracterizaron por amenazas con componentes sexuales y con alusiones hacia sus familias.
De acuerdo con la OACNUDH, las amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión, muestran el grave entorno en el que desarrollan sus actividades.
FIN A POLÍTICAS REPRESIVAS
En opinión del coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), José Enrique González Ruiz, el concepto de seguridad tiene que ser de “seguridad humana” y no “democrática”.
Explica que la seguridad democrática hace referencia a políticas represivas mientras que la seguridad humana toma en cuenta el respeto de los DH y no deja en vulnerabilidad a la ciudadanía.
En sus informes, la OACNUDH observa que México atraviesa por un momento crítico debido a que la violencia plantea serios retos para las autoridades.
En diciembre de 2009 la ONU y la OEA elaboraron el “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, en el que afirman que el concepto de seguridad en nuestro país debe cambiar para dejar de concentrarse sólo en más “policías y cárceles”.
México, DF, 30 ago 11 (CIMAC).- Felipe Calderón estableció un Estado de hecho y no de Derecho, lo que a lo largo de su administración ha recrudecido las violaciones a los Derechos Humanos (DH) de mujeres, niñas, indígenas, periodistas y de los propios defensores y defensoras de las garantías humanitarias.
Para el doctor en Ciencia Política por la UNAM José Enrique González Ruiz así se resumen cinco años de gestión calderonista en materia de DH. “La impunidad sigue siendo la regla, los perpetradores de delitos graves contra las personas nunca son sancionados. Por eso necesitamos un cambio, una transformación total del Estado”, demanda en entrevista.
Es larga la lista de pendientes de la actual gestión federal por el número de violaciones a los DH presentadas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, la impunidad es el rasgo común en casos como el de los asesinatos de las activistas Josefina Reyes, Marisela Escobedo, Josefina Chávez y Beatriz Cariño; y en el de las periodistas Elvira Hernández Galeana y Yolanda Ordaz.
RECUENTO DE LOS DAÑOS
Con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal, el Estado mexicano ha sido condenado en cinco ocasiones por incurrir en graves violaciones a los DH. De este modo, México es el país, sólo después de Colombia, con el mayor número de denuncias (232) ante la CIDH.
En noviembre 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió la primera sentencia contra el Estado mexicano. Se trata de tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, perpetrados en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero.
La segunda condena la recibió en diciembre de 2009, la cual se refiere a la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, en Guerrero, en 1974.
En 2010 el Estado mexicano recibió tres veredictos más: en octubre tuvo dos condenas por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de militares en 2002.
Y en diciembre la CoIDH condenó a nuestro país por la detención arbitraria y tortura de dos campesinos ecologistas de Guerrero, en 1999.
Si bien todas estas violaciones a los DH no se cometieron durante la actual administración federal, sí corresponde a Felipe Calderón castigar a los responsables y resarcir el daño a las víctimas.
A estas condenas en proceso de cumplimiento, se suma el aumento de 45 por ciento entre 2010 y 2011 de quejas por presuntas violaciones a DH ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
SIMULACIÓN
En un lustro, el Estado mexicano ha sido cuestionado a nivel internacional porque lejos de reducir la delincuencia y garantizar la vigencia de los DH, implementó una política de seguridad que simula el respeto de esos derechos.
En el Examen Periódico Universal 2009, elaborado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México recibió 83 recomendaciones del mecanismo internacional en temas como justicia, armonización legislativa, políticas públicas, discriminación, violencia contra las mujeres, protección de periodistas y derechos de los pueblos indígenas y migrantes, entre otros.
En cinco años, representantes de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos han visitado el país, entre ellos los relatores de Libertad de Expresión, de Defensores de Derechos Humanos, de Migrantes, de Independencia de Jueces y Abogados, y de Personas Privadas de la Libertad.
En sus observaciones preliminares las y los relatores constataron el clima de zozobra que afecta la vigencia de los DH de la población, y manifestaron su preocupación por la violencia y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En 2010, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado mexicano simula cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de DH.
Tal es el caso de instancias ciudadanas como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Las agrupaciones acusaron al Estado mexicano durante la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Respecto a la sentencia de la CoIDH sobre el caso Campo Algodonero, igualmente la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas no se han cansado de reiterar el incumplimiento de las autoridades respecto al castigo a los responsables de feminicidio y la reparación del daño.
DEFENSORAS Y PERIODISTAS
En el documento “Protección para periodistas y defensores de Derechos Humanos”, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala como necesaria la implementación de políticas de seguridad ciudadana acordes con el pleno respeto y garantía de los DH.
La oficina reconoce que periodistas y defensores de DH se han convertido en uno de los sectores de la sociedad más vulnerables a la violencia e inseguridad, lo cual tiene un impacto negativo en las condiciones en que ejercen sus actividades.
Del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2009, la instancia de Naciones Unidas contabiliza un total de 36 defensoras, 72 defensores, 17 organizaciones civiles y seis familiares que fueron presuntamente víctimas de algún tipo de agresión.
En el caso de periodistas, las organizaciones civiles Cencos y Artículo 19 informan que en 2010 29 mujeres periodistas fueron víctimas de agresión, las cuales se caracterizaron por amenazas con componentes sexuales y con alusiones hacia sus familias.
De acuerdo con la OACNUDH, las amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión, muestran el grave entorno en el que desarrollan sus actividades.
FIN A POLÍTICAS REPRESIVAS
En opinión del coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), José Enrique González Ruiz, el concepto de seguridad tiene que ser de “seguridad humana” y no “democrática”.
Explica que la seguridad democrática hace referencia a políticas represivas mientras que la seguridad humana toma en cuenta el respeto de los DH y no deja en vulnerabilidad a la ciudadanía.
En sus informes, la OACNUDH observa que México atraviesa por un momento crítico debido a que la violencia plantea serios retos para las autoridades.
En diciembre de 2009 la ONU y la OEA elaboraron el “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, en el que afirman que el concepto de seguridad en nuestro país debe cambiar para dejar de concentrarse sólo en más “policías y cárceles”.
11/AGM/RMB/LGL
miércoles, agosto 31
En este gobierno, mil desaparecidas y un consignado
En este gobierno, mil desaparecidas y un consignado
|
|
|
30 Agosto 2011
En México, casi 1 mil mujeres y niñas han desaparecido durante el gobierno de Felipe Calderón, 900 por ciento más que en los dos últimos sexenios. No obstante, sólo cuatro casos son investigados a nivel federal, reconoce la PGR. Uno de ellos derivó en la consignación de un individuo por el delito de trata de personas. En la desaparición de al menos 15 mujeres podrían estar implicadas autoridades de uno de los tres niveles de gobierno
Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa han desaparecido, al menos, 917 mujeres. De éstas, 411 son menores de 18 años. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –consultado por Contralínea en agosto pasado– los reportes de mujeres y niñas extraviadas se incrementaron en 900 por ciento respecto de los dos últimos sexenios: 31 casos con Ernesto Zedillo Ponce de León y 71 con Vicente Fox Quesada.
El Estado de México ocupa el primer lugar en feminicidios a nivel nacional y encabeza la lista de mujeres y niñas desaparecidas, con 195 reportes de extravío. Le siguen el Distrito Federal, con 170, y Guanajuato, con 164. Al momento de su desaparición, la edad del 38 por ciento de estas mujeres, en realidad adolescentes, oscilaba entre los 12 y 17 años.
A pesar de que la Fevimtra sólo recoge los casos de mujeres y niñas desaparecidas a partir de febrero de 2008 –cuando se crea esta Fiscalía–, su conteo supera en 10 por ciento el de la SSP, este último constituido a partir de los reportes que las familias de las desaparecidas ingresan a un banco de datos electrónico.
A decir de José Antonio Pérez Bravo, coordinador General Técnico de la Fevimtra, el Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Chihuahua, son las entidades en las que las desapariciones de mujeres son más frecuentes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (Sinpef), elabora su propia estadística. Se basa en los reportes del Servicio Médico Forense y de las procuradurías estatales, “que son las que reciben directamente cualquier queja o denuncia por desaparición”, explica María Emilia Montejano, directora General del Programa sobre Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres. De acuerdo con el Sinpef, a cargo del Programa de Presuntos Desaparecidos del organismo autónomo, de 2006 a abril pasado, 5 mil 397 personas han desaparecido en México. De éstas, 1 mil 885 (el 32 por ciento) son mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) alerta: el Estado no cuenta con un diagnóstico sobre la situación de la desaparición de mujeres en el país. Por eso esta “guerra de cifras” es producto de la inexistencia de un registro único, confiable y objetivo del fenómeno, indica María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora Ejecutiva de la alianza constituida por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres.
A través de la Ley de Acceso a la Información Pública, las procuradurías estatales informaron al OCNF que en 2010 desaparecieron en total 2 mil 971 mujeres. En el Estado de México, 352; Distrito Federal, 1 mil 952; Jalisco, 301; y Nuevo León, 366. Las cifras de la SSP para el mismo año reportan que el número de desaparecidas en estas entidades fueron sólo 142.
Autoridades gubernamentales reconocen sus deficiencias. Pérez Bravo admite que las estadísticas del gobierno mexicano no reflejan la magnitud de las desapariciones de mujeres en el país: “No sabemos bien a bien cómo esté el fenómeno social en toda la República”. No obstante, se muestra confiado de que en lo que resta de este sexenio el panorama mejorará: “Se está haciendo un esfuerzo para georeferenciar los hechos” y “tener información objetiva de lo que está pasando a nivel nacional”.
1 mil desaparecidas; sólo un consignado
Si bien los registros de la Fevimtra refieren 1 mil 15 casos de desapariciones de mujeres, sólo en uno de éstos se ha acreditado plenamente la comisión del delito de trata de personas y corrupción de menores, indica Pérez Bravo. En octubre de 2010, el hombre que “sedujo” a una menor de edad en Puebla para después obligarla a prostituirse fue consignado. En otros tres casos se ha “advertido que hubo la comisión de delito y están en investigación”. A través del engaño, tres niñas originarias de Chiapas, Oaxaca, y del Distrito Federal, respectivamente, abandonaron sus hogares; luego fueron obligadas a realizar trabajos forzados y a prostituirse.
“Hasta la fecha, el Estado mexicano no ha consolidado debidamente cómo dar tratamiento a las desaparecidas”, reconoce Pérez Bravo, coordinador General Técnico de la Fevimtra. El hecho es también evidente para las organizaciones no gubernamentales que acompañan a las familias de las desaparecidas. Y es que la desaparición de una mujer o una niña no representa, por sí misma, un delito. Para que éste pueda configurarse como tal, debe probarse que la mujer fue llevada en contra de su voluntad. Sólo entonces podría hablarse de secuestro, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, trata de personas e incluso de feminicidio.
En Chihuahua, las desapariciones de mujeres y niñas se encuentran estrechamente vinculadas al fenómeno del feminicidio o al de la trata de personas, lo que representa un obstáculo para las investigaciones y resta efectividad a la localización de las víctimas, aseguran Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, abogados de la asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Prueba de ello es que, desde 1993, en Chihuahua ninguna persona ha sido consignada por haber desaparecido a una mujer o a una niña.
Lo anterior se replica en otras entidades del país. Cuando se informa de la desaparición de alguien, las autoridades inician un reporte administrativo ya sea por extravío (cuando una persona no puede regresar a su domicilio por una causa propia o inherente a su persona como la edad, una enfermedad o problemas mentales) o ausencia (cuando una persona no puede regresar a su domicilio por una causa propia o ajena, como conflictos familiares, problemas económicos o por haber sido víctima de delito); y no una averiguación previa, lo que implicaría la movilización del aparato gubernamental durante las 72 horas siguientes a la desaparición.
Los estereotipos también influyen, asegura Salas Ramírez. Si el hijo de Carlos Slim desapareciera, se asumiría que se trata de un secuestro y la búsqueda sería inmediata. No obstante, cuando una mujer desaparece lo primero que suponen los encargados de los ministerios públicos es que “se fue con el novio”.
Desaparición forzada de mujeres
Cuestionado al respecto, Tomás Serrano Pérez, director General del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que en el país las desapariciones de mujeres y niñas no están asociadas al fenómeno de las desapariciones forzadas. Al menos, el programa que preside no ha recibido casos de desaparición de mujeres en los que se presuma la participación de agentes del Estado o de personas que actúan bajo su autorización, apoyo o aquiescencia. No obstante, Pérez Serrano no descarta la posibilidad de que “un extravío pueda convertirse en una desaparición forzada”.
Para José Antonio Pérez Bravo, la desaparición forzada es “una situación muy diferente” a lo que investiga la Fevimtra. Refiere, sin embargo, que la instancia que coordina, en conjunto con la Fiscalía General de Chihuahua, investiga un caso de privación ilegal de la libertad, conocido como Alvarado, que se atribuye a elementos del Estado mexicano.
De acuerdo con la información que los familiares de las mujeres y niñas desaparecidas ingresaron al sistema electrónico de la SSP, al menos en seis de los casos que integran el Registro Nacional de Personas Extraviadas, se puede advertir la participación de agentes del Estado. Se trata de los casos de Licia Edith Zavaleta de los Santos, en Tabasco; María Antonieta Gracia Ahumada, en Tamaulipas; las hermanas Gabriela y Adriana Sosa Hernández, en Coahuila; y Graciela Flores Nieto, en San Luis Potosí.
El más reciente es el de María Concepción Delgado Martínez quien, en febrero de 2010, fue raptada por un soldado en las inmediaciones de su domicilio ubicado en San Luis Potosí. En la relatoría de hechos, el esposo de la joven de 23 años apunta: “Según datos de conocidos de mi esposa, el tipo tenía tiempo acosándola y le dijo que de cualquier forma ella sería y estaría con él a como diera lugar. Ella no quiso hacer denuncia porque era soldado de la zona y tenía miedo de él por sus amenazas”.
Asimismo, de acuerdo con información que la Secretaría de Gobernación proporcionó a Contralínea a principios de este año, se sabe que hasta ese momento la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos conocía de la desaparición forzada de cinco mujeres. Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, desaparecidas el 29 de diciembre de 2009 en Buenaventura, Chihuahua; Marisela Terrazas Guerrero, Socorro Martínez Galindo y Teresa Nava, desaparecidas en Durango.
Organizaciones sociales presumen la desaparición forzada de otras cuatro mujeres, activistas y defensoras de derechos humanos, que podrían obedecer a motivos políticos. Grupos paramilitares podrían estar involucrados en la desaparición de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; así como en la de Malena Reyes Salazar, defensora de derechos humanos, quien el 23 de febrero pasado fue ejecutada extrajudicialmente. Durante el vigente sexenio, Alicia Salaíz Orrantía, de la Asociación Civil Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, también sería detenida-desaparecida.
Incumplimiento de la sentencia del caso Campo Algodonero
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia sobre el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México, relativo a la “desaparición y ulterior muerte” de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, en noviembre de 2001.
El Estado ha incumplido el fallo del organismo internacional, no obstante dicha sentencia establece plazos fijos para el cumplimiento de sus 26 disposiciones –cuatro de éstas, relacionadas específicamente con las desapariciones de mujeres en el país–, advierten organizaciones no gubernamentales.
La resolución de CIDH, que preside Cecilia Medina Quiroga, obliga al Estado a adecuar, conforme a los estándares internacionales, sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para investigar los delitos relacionados con desapariciones. Uno de los protocolos a adecuar –“o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo”– es el Alba, mecanismo de búsqueda urgente de mujeres y menores desaparecidas, que hasta el momento sólo se aplica en Chihuahua, en promedio dos veces al mes, refiere José Antonio Pérez Bravo, coordinador General Técnico de la Fevimtra.
Si bien, desde julio pasado opera en Ciudad Juárez un nuevo diseño del protocolo Alba, que a decir de las autoridades mexicanas responde a los parámetros establecidos por la CIDH, para Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, quienes acompañan casos de mujeres desaparecidas en esta entidad, el protocolo sigue siendo ineficaz.
La visión del Estado plasmada en las líneas de acción de este mecanismo de búsqueda, tiende a reducir la desaparición de las mujeres al ámbito familiar, sin considerar el contexto de violencia estructural que se vive en el país, mismo que ha marcado un incremento en las desapariciones de mujeres perpetradas por desconocidos y en espacios públicos, apuntan los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Puesto que la desaparición no representa por sí misma un delito, en muchos de los casos los agentes de los ministerios públicos se niegan a atender a los familiares de las desaparecidas y los mandan al Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes a “levantar un reporte administrativo”. En caso de atenderlos, las autoridades empiezan a indagar el paradero de la mujer o de la niña en sus círculos más cercanos. En palabras de los defensores de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa: “Hacen lo que tú ya hiciste; pero además se toman más tiempo porque lo hacen a través de oficios”.
En este sentido, la sentencia de la CIDH es clara: “Implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna” y “eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda”.
La CIDH dispone también la creación de una página electrónica, “que deberá actualizarse permanentemente”, con la información personal necesaria de todas la mujeres jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas.
“Dicha página electrónica deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos”.
Con el objetivo de cumplir con la sentencia de la CIDH, la Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer el Reporte de extravío y/o ausencia de mujeres, que da cuenta de la desaparición de mujeres en Chihuahua desde 1993 a la fecha. Sin embargo, apuntan Micheel Salas y David Peña, lo hizo a través de un micrositio –al que se accede desde la página electrónica de esta fiscalía– que no satisface las directrices de la CIDH. Para María de la Luz Estrada, quien forma parte de las organizaciones de la sociedad que han empujado a las instituciones mexicanas a cumplir con sus obligaciones en materia de erradicar la violencia contra las mujeres, la existencia de ese micrositio “no significa que la autoridad esté comprometida realmente a hacer un registro”. Y eso se nota, por ejemplo, “cuando los datos no son precisos”.
Finalmente, la CIDH determinó que dentro del plazo de un año a partir de la notificación de su sentencia, el Estado debería tener una base nacional de datos, con la información personal disponible de las mujeres y niñas desaparecidas. También, con información genética y muestras celulares de los familiares de las desaparecidas y de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada, que fuera privada de la vida en Chihuahua.
A casi dos años de su publicación, la disposición 21 de la sentencia es letra muerta. La federación no cuenta con una partida etiquetada para este rubro, señala Teresa Incháustegui Romero, presidenta de la comisión especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México, de la Cámara de Diputados.
Hasta 2010, sólo 10 entidades (Chihuahua, Morelos, Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Durango y Baja California Sur) contaban con bancos de información genética; todos financiados con recursos locales. El gobierno de Colima notificó al OCNF que “no va a poder hacer obligatorio un banco de datos de ADN porque no hay presupuesto”. El banco nacional de información genética, indispensable para fijar las bases de una política integral en materia de desaparición, enfrenta, al menos, otro obstáculo: la falta de profesionistas mexicanos especializados en la materia, apunta Salas Ramírez.
martes, agosto 30
Mexico: Politica de Seguridad se traduce en mas Violencia de Genero
Gladis Torres Ruiz (CIMAC)
Lejos de estar más “seguras”, desde el 2006 las mexicanas están más expuestas a la violencia. Según estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), retomadas por el Banco de Datos del Feminicidio de Isis Internacional, de diciembre de 2006 a octubre de 2009 han sido asesinadas tres mil 726 mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registra -con base en datos de las procuradurías estatales- que de enero de 2009 a junio de 2010, se han perpetrado mil 728 homicidios dolosos de mujeres en sólo 18 entidades de la República; de ese total, 890 casos fueron definidos como feminicidio.
Más recursos, más armas… más violencia
En cinco años de gestión, el gobierno federal ha destinado año con año cada vez más presupuesto para las dependencias que encabezan la llamada “guerra” contra el crimen.
De acuerdo con el documento “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) señalan que el gasto público para seguridad y procuración de justicia en el ámbito federal casi se ha duplicado desde 2007.
En ese año se destinaron para ese rubro 66 mil 31 millones de pesos (mdp), mientras que para este año se aprobaron 115 mil 825 mdp.
El presupuesto destinado para el combate a la violencia de género se duplicó entre 2010 y 2011, al pasar de 65 mdp a 110 mdp. Lo paradójico es que la cifra aprobada para este rubro en 2011 representa sólo el 10 por ciento del gasto total para el combate a la criminalidad.
El monto de 110 mdp corresponde a lo asignado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En cinco años de administración calderonista, la opacidad en el manejo de los recursos federales contra la violencia de género ha sido una constante.
Para muestra un botón: En 2008 se le asignaron a la Segob 40 mdp para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género, y el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones incluidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), promulgada en 2007.
Para 2009, la Cámara de Diputados únicamente aprobó a la Segob 9 mdp para la elaboración del diagnóstico nacional, luego de que legisladoras de la Comisión de Equidad y Género detectaron que hubo subejercicio y falta de transparencia en el manejo de los 40 mdp. Hasta ahora el diagnóstico, una obligación marcada en la Ley General, sigue sin elaborarse.
Sin acceso a la Justicia
En el Diagnóstico sobre la Seguridad Pública en México, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la investigadora Gabriela Pérez García señala que la existencia de seguridad no se traduce necesariamente en la vigencia del Estado de Derecho, ni que esta seguridad vaya acompañada de justicia para la población, en particular para las mujeres.
“No es suficiente que una política garantice seguridad si ésta no genera justicia, ni adhesión a las leyes de la nación, y pasa por alto los Derechos Humanos y las garantías constitucionales; (en ese caso) es una política que no cumple con su cometido”, advierte.
Pérez García recalca que la seguridad tiene que ir de la mano de la justicia y el Estado de Derecho. “Las políticas que no responden a esta necesidad no son congruentes con la normatividad que regula el respeto a los derechos de la población”, insiste.
Alejandra Massolo, investigadora y consultora en temas de equidad de género y gobiernos locales, afirma que la violencia de género atenta directamente contra la ciudadanía de las mujeres y la igualdad de oportunidades de ejercer los derechos, participar en la vida pública, gozar de las libertades democráticas, y contribuir al desarrollo local y nacional.
En su estudio “Género y Seguridad Ciudadana: el papel y reto de los gobiernos locales”, indica que si la ciudadanía de las mujeres es todavía más formal que efectivamente real, la violencia que las afecta tanto en el ámbito privado como público, inhibe y desgasta sus derechos, sus espacios y su empoderamiento conquistados a lo largo de innumerables luchas, “manteniendo la normal supremacía de la ciudadanía masculina”.
En su propuesta de seguridad, presentada a principios de este mes, la UNAM y el IIDC apuntan que el acelerado crecimiento presupuestal para la policía y el Poder Judicial implica un estimado de 300 pesos per cápita, lo cual -aducen- sería incompatible con la participación de 100 pesos per cápita para el sistema de procuración de justicia, el cual incluye a la policía de investigación.
“Lo que muestra la común tentación de enfocar el desarrollo institucional solamente en una de las áreas relevantes para el combate a la corrupción y la reducción de la violencia”, explican las instituciones académicas.
Expertas en el combate a la violencia de género observan que hay una “gran desconexión” entre el incremento del presupuesto y los resultados en materia de seguridad pública. Aseguran que no hay un decremento de la violencia contra las mujeres, y que por el contrario ambas variables (presupuesto y criminalidad) aumentaron a la par.
Impunidad
María de la Luz Estrada, coordinadora general del OCNF, considera que en cinco años de administración de Felipe Calderón, hay un incremento sustancial de muertes violentas de mujeres, lo que atribuye a que en este sexenio no se ha entrado de fondo en el combate de este flagelo.
“(Calderón) se ha esforzado por acabar con violencia a la delincuencia organizada propiciando más violencia; no ha hecho una cosa mínima para atacar la violencia contra las mujeres, y en cambio sí ha abierto muchos frentes en contra de ellas (el aumento del feminicidio y la trata de personas), lo que propicia un ambiente de permisividad para violentar a las mujeres al negarles su acceso a la justicia y violentar sus Derechos Humanos”, explica.
Luz Estrada critica a instancias federales creadas en este sexenio para combatir la violencia de género, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim), por considerar que “no dan el ancho” y carecen de “compromisos reales” en el tema.
“Hasta el momento no hay registros de homicidios dolosos de mujeres, tampoco de desaparecidas”, lo cual nos tiene en alerta, enfatiza la activista.
Abunda que ahora con la “guerra” de Calderón contra el crimen como política de Estado, las organizaciones de mujeres tienen nuevos frentes para atacar la violencia de género. “Ya no sólo es el feminicidio, ahora también está la trata de personas vinculada a la delincuencia organizada”, subraya.
sábado, enero 22
Fallo inusitado pone a prueba reformas judiciales en México
(como reporta el caso Yahoo...)
MEXICO (AP) - Se suponía que el juicio por el asesinato de una niña de 16 años hallada carbonizada en una montaña de basura iba a poner de manifiesto las bondades de las recientes reformas el anticuado sistema judicial mexicano: tres jueces, frente a la familia de la víctima, al acusado y a los abogados de ambas partes, iban a anunciar el veredicto en una sesión abierta.
La ocasión, sin embargo, no hizo sino revivir las denuncias de impunidad en un país donde la gran mayoría de los delitos siguen sin ser juzgados. La madre de la víctima gritó "¡No!" cuando los jueces absolvieron a Sergio Barraza, acusado de haber asesinado a su hija, a pesar de que admitió al menos media docena de veces haberla matado y describió adónde había dejado el cadáver.
Marisela Escobedo se dedicó a denunciar lo ocurrido en el juicio por la muerte de su hija Rubí, realizando vigilias en las que se exigía que se hiciese justicia con Barraza, hasta que ella misma fue asesinada el 16 de diciembre. Barraza es el principal sospechoso.
El caso se ha convertido en una prueba de fuego para las publicitadas reformas al sistema judicial y todo el país habla del tema.
Los jueces, que fueron suspendidos y podrían ser juzgados, dicen que simplemente hicieron cumplir las leyes, que requieren pruebas sólidas. El viejo sistema legal de México, que sigue vigente en muchas partes del país, promovía la corrupción y las confesiones arrancadas con torturas. Los jueces del caso de Rubí afirman que el nuevo sistema no cuenta con fondos suficientes, que los investigadores no están capacitados y que la policía no hizo su trabajo eficientemente. Sostuvieron que debieron descartar lo que describieron como muchas evidencias circunstanciales u obtenidas en forma ilegal.
"Nuestra sentencia no mató a nadie, ni a Rubí ni a la señora Escobedo", afirmó la jueza Catalina Ochoa.
Algunos sectores dicen que los incompetentes fueron los jueces. Pero estos se justifican afirmando que tuvieron las manos atadas por la reforma, que favorece abiertamente los derechos de los sospechosos.
"El sistema pasó de un extremo a otro", expresó Isabel Miranda Wallace, paladín de la lucha contra el delito, cuya campaña de una década para hacer justicia con los secuestradores de su hijo fue el modelo que inspiró a Escobedo. "Antes se inculpaba a alguien inocente, ahora te exculpo aunque eres culpable".
Miranda Wallace ha estado pidiendo a los gobernadores estatales que demoren la reforma, que por ley debe entrar en vigor a más tardar para el 2016. El propio presidente Felipe Calderón, que apoya la reforma, llegó a decir que hay "jueces, que más que jueces, son verificadores de requisitos".
"Es decir, hacen un check list de todas las cosas que generalmente deben de cumplir: Bueno, aquí le faltó la firma del policía, para afuera. Duele mucho que el esfuerzo que hacen sociedad y gobierno por combatir la criminalidad, se debilite en la última etapa", agregó.
Irónicamente, la transparencia, que se supone debía enterrar para siempre los procedimientos a puertas cerradas, es motivo hoy de críticas. Bajo el viejo sistema, los archivos judiciales eran secretos y todos los procedimientos eran por escrito. Los jueces rara vez veían a un acusado, aceptaban confesiones o disponían convicciones.
En el 2008, Chihuahua pasó a ser el primer estado en adoptar la reforma judicial, que impone un sistema similar al de Estados Unidos, aunque sin jurados.
Los abogados interrogan varias veces a los testigos a puertas abiertas y una persona es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad.
Los juicios son filmados en video y los jueces están sometidos a la opinión pública.
Los tres jueces de este caso pueden ser juzgados por el Congreso estatal, algo que ellos consideran una violación de la independencia de la rama judicial.
Los jueces no pueden considerar confesiones que no fueron hechas frente a un juez, un detective y un abogado del sospechoso. En el caso de Rubí, Barraza se mofó ante conocidos y la policía de haber matado a la niña, pero no había un abogado presente cuando lo hizo.
Tras ser absuelto, salió del tribunal caminando como si nada y desapareció, sin poder ser ubicado cuando un tribunal de apelaciones anuló el veredicto al mes siguiente.
El tribunal de apelaciones dijo que las declaraciones que hace un sospechoso a otra persona, cuando no está bajo custodia, no deben ser hechas frente a un abogado necesariamente para ser tenidas en cuenta. Agregó que los jueces debieron haber tenido en cuenta las afirmaciones de Barraza de que quemó el cuerpo de Rubí "cerca de unas marraneras, en un camino de terracería, próximo a un panteón y una termoeléctrica" de Ciudad Juárez, donde fueron hallados los restos.
Miranda Wallace dice que apoya la idea de juicios abiertos, pero que teme que el hecho de ventilar en público la evidencia en un caso en el que el acusado es absuelto puede hacer que la gente intente tomar represalias.
"Esto va a crear impunidad y violencia, y va a propiciar que la gente se haga justicia por su propia mano", manifestó. "Todos vieron que yo fui a pedir justicia, pero no me la dieron".
Los jueces que absolvieron a Barraza dicen que son blanco de una caza de brujas.
El juicio en su contra que se propone ocultaría el verdadero problema: la falta de fondos, capacitación y apoyo para que la policía realice investigaciones confiables, sostuvo su abogado, Maclovio Murillo.
Si se cuestiona la reforma judicial, se podría volver al pasado.
"Anteriormente, los policías tomaban declaraciones, recordarán ustedes. Todo el mundo confesaba y aceptaba su culpabilidad", declaró Murillo. "Esas declaraciones se obtenían sin defensor, en las catacumbas".
El nuevo sistema, afirmó, evita que se fabrique evidencia.
lunes, diciembre 6
Género y Partidos Políticos en América Latina – GEPPAL
Género y Partidos Políticos en América Latina – GEPPAL es una base de datos creada a partir de una encuesta a 94 partidos políticos en países de América Latina.
Con el fin de determinar las limitaciones y oportunidades que existen para definir cursos de acción y guiar la identificación de estrategias de género, es importante entender en qué estado se encuentran la representación y participación de la mujer dentro de los partidos políticos, así como los factores que definen el nivel de compromiso y respuesta de estos últimos a las demandas específicas de género.
Dada la falta de datos confiables necesarios para emprender este tipo de análisis, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su Programa de Apoyo al Liderazgo y Representación de la Mujer, PROLID, y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), iniciaron un estudio regional sobre las características que a nivel de partido influyen en las oportunidades de las mujeres de participar en el quehacer político e impulsar la agenda de equidad de género.
Para tal fin, el BID e IDEA contrataron consultores en 18 países de América Latina para administrar una encuesta a 94 partidos políticos. Los datos, que fueron recolectados entre el 15 de enero y el 15 de octubre de 2009, son presentados en la base de datos GEPPAL.
Este esfuerzo de la recolección de datos y la investigación que la acompaña intenta ser una primera reflexión y servir como base a un debate postergado y dual: uno que subraya el rol esencial que juegan las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes en el fortalecimiento de los partidos como ejes de la representación en democracia, y otro que exhorta a los partidos a abrir el juego y ofrecer oportunidades para que tanto mujeres como poblaciones étnicas minoritarias y mayoritarias participen en calidad de iguales en la definición de las líneas programáticas y políticas de nuestras democracias.
Esperamos que los datos en la base sea de utilidad para los militantes de los partidos, activistas y académicos así como para todos aquellos interesados en una mayor y mejor participación de las mujeres como forma de consolidar nuestras democracias.
Fuente: GEPPAL
martes, octubre 5
Condena CoIDH a México reabrir casos de Inés y Valentina
Condena CoIDH a México reabrir casos de Inés y Valentina
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), condenó hoy al Estado mexicano por violar la integridad personal, y las garantías judiciales, de una debida investigación de las indígenas tlapanecas, y reconoció que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, fueron violadas sexualmente por elementos del Ejército mexicano en 2002.
Al notificar esta tarde a los peticionarios del caso los resolutivos de las dos sentencias, la CoIDH exhortó por segunda ocasión en este año al Estado mexicano, a reabrir la investigación de estos casos en la jurisdicción civil, y a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, el cual establece actualmente que las violaciones a Derechos Humanos (DH), a manos de elementos castrenses, sean investigadas y sancionadas en la jurisdicción militar.
Estas son las dos primeras sentencias que condenan al Estado mexicano por violencia sexual ejercida contra mujeres indígenas por elementos de las fuerzas armadas.
En ellas el Estado mexicano estaría obligado a brindar servicios adecuados de salud y hacer reformas para que cuando un tribunal civil decline su competencia a uno militar, los civiles puedan exigir que no sea así.Alrededor de las tres de la tarde de hoy, la CoIDH les notificó a los peticionarios de las resoluciones, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) los resolutivos de la sentencia.
En entrevista con Cimacnoticias, Alejandra Nuño de Cejil y Santiago Aguirre de Tlachinollan, abogados que llevan estos casos, dijeron que otra de las obligaciones fijadas por la Corte para el Estado mexicano es que se implementen protocolos de atención integral para las dos víctimas.Inés y Valentina fueron agredidas por militares en momentos y lugares distintos: Valentina el 16 de febrero de 2002 en Barranca Bejuco y un mes después, el 22 de marzo de 2002, Inés en Barranca Tecuani, Guerrero.
Cabe mencionar que estos casos llegaron a la CoIDH, luego de que la Comisión Interamericana de DH considerara que el Estado mexicano fue responsable de los hechos, en particular de la falta de investigación adecuada de las alegaciones de tortura y a la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los DH.
De acuerdo con los representantes legales de las víctimas, se espera que la Corte Interamericana, notifique al Estado mexicano de la sentencia en los próximos días, y que se haga pública la próxima semana.
Por Anayeli García Martínez
Fuente: Cimac Noticias
viernes, septiembre 10
Las nuevas muertas de Ciudad Juárez, ¿cuántas son?
de hadabruja
* Una enrevesada maraña de datos, intereses y matices semánticos hace difícil responder a esta pregunta aparentemente tan sencilla.
Por Inma Gil
BBC Mundo, México
Las cosas se complican con sólo comparar las cifras de mujeres asesinadas de los diferentes organismos: más de 150 muertas en Ciudad Juárez en lo que va del año, según una reconocida red de Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) locales, frente a las apenas 3 registradas durante los primeros seis meses de 2010 de acuerdo a la Procuraduría (Fiscalía) General del Estado de Chihuahua.
La diferencia entre los números de unos y otros es abismal, y hasta preocupante si se tiene en cuenta que hablamos de discrepancias de cientos de mujeres muertas a lo largo de los años.
Lo que sí está claro para todos los sectores es que los casos de "feminicidio" (asesinatos por razones de género) siguen manchando el historial de esta violenta ciudad mexicana, aún 17 años después de que salieran a la luz pública por primera vez.
"Sigue existiendo el feminicidio, no podemos negar la realidad", admitió Luisa Camberos, directora general del Instituto Chihuahuense de la Mujer.
Eso sí, han cambiado las formas. Varias activistas le dijeron a BBC Mundo que desde 1993 se ha ido diversificando la violencia contra la mujer y se ha ido haciendo mucho más compleja.
Critican, sobre todo, el proceso de "invisibilización" social y política que los feminicidios de Ciudad Juárez han tenido desde el inicio de la ola de creciente violencia por parte del crimen organizado.
La atención de instituciones y medios de comunicación está ahora puesta en otro tipo de muertos en Juárez: los del narcotráfico, que sólo durante los primeros seis meses de 2010 sumaron 1.700.
Esta ciudad de aproximadamente un millón y medio de habitantes, fronteriza con El Paso (Texas), es considerada la más violenta de México y es escenario de frecuentes enfrentamientos entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa.
FEMINICIDIOS "CAMUFLADOS" ENTRE LA VIOLENCIA
Pero "la violencia contra las mujeres no se ha detenido"h, le dijo a BBC Mundo Imelda Marrufo, portavoz de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que agrupa a 13 organizaciones locales que trabajan directamente con mujeres vulnerables y familias de víctimas.
Según los cálculos de su organización, mucho más alarmantes que los de la Procuraduría del Estado de Chihuahua, el 2009 cerró con 130 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en lo que va de 2010 suman ya más de 150.
"El feminicidio en Juárez no se ha erradicado", insiste Marrufo, que además sostiene que han aumentado también los casos de violación sexual y de violencia extrema contra mujeres.
Esta activista acusa al gobierno mexicano y a sus instituciones de querer "vincular el asesinato de mujeres a la violencia ligada al narcotráfico" con la intención de "minimizar el tema del feminicidio".
Según Marrufo, el problema de "las muertas de Juárez", que durante años acaparó la atención internacional e inspiró decenas de libros y documentales, es una espina clavada para el gobierno mexicano.
"Son más de 17 años de impunidad", dijo.
Marrufo sostiene que las mujeres que hoy en día mueren tiroteadas en Ciudad Juárez ahora se incluyen entre las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
"Y cuando se trata de asesinatos por el crimen organizado, esos casos ya no se investigan", criticó.
La activista asegura que, si bien es cierto que cada vez hay más mujeres vinculadas a la venta de droga, con frecuencia éstas son obligadas o coaccionadas a participar en estas actividades ilícitas y después asesinadas por los cárteles, cuando ya no les son útiles.
Marrufo cuenta también que las ONG's han sabido, por mujeres que sobrevivieron a ataques, que algunos hombres ordenan su asesinato de un balazo para que parezca una ejecución por parte del crimen organizado.
PEQUEÑOS PROGRESOS
La Procuraduría General de Chihuahua confirma que "la violencia que se presentó durante 2008 y 2009 por el enfrentamiento de grupos criminales causó un mayor número de homicidios de mujeres".
Sin embargo, los datos anuales que aquí se manejan distan mucho de los números de tres cifras que ofrecen las ONG's locales.
Según los registros oficiales, en 2009 hubo 24 casos de homicidio de mujeres en Ciudad Juárez, mientras que durante el año anterior fueron 28.
Entre los logros, la Procuraduría destaca que de los 475 asesinatos de mujeres registrados entre 1993 y junio de 2010, 313 han sido esclarecidos, aunque sólo en 222 se dictó una sentencia.
Quedan, pues, todavía, 162 homicidios de mujeres pendientes de investigación, según las cifras oficiales.
De esos casos pendientes, 103 sucedieron hace más de seis años.
La activista Marrufo, si bien concede que ha habido una "cierta intención" por parte del estado de Chichuahua en avanzar en algunas de las investigaciones, sostiene que "siempre habrá dudas sobre los datos de la Procuraduría".
Por un lado, afirma, porque hay casos de feminicidio que no se denuncian y por tanto no están registrados oficialmente y, por otro, sostiene, "por la intencionalidad por parte de las autoridades de minimizar el problema".
LA SEMÁNTICA DE LOS ASESINATOS
Una de las grandes dificultades a la hora de interpretar y clasificar cifras de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez es el propio concepto de feminicidio, que es únicamente un término sociológico.
"En términos jurídicos no existe el feminicidio", explica Marrufo.
Aunque los activistas por los derechos de la mujer han pedido que el término sea tipificado en el código penal mexicano, el feminicidio no figura como delito. El crimen se considera homicidio, aunque se dé por razones de género.
Muchos organismos de derechos humanos han calificado como feminicidios los cientos de asesinatos de mujeres que tuvieron lugar en Ciudad Juárez desde 1993 hasta la fecha.
Pero en el fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en diciembre de 2009, por el caso conocido como "Campo Algodonero", en el que condenó al Estado de México por violaciones de derechos humanos en los casos de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, se utilizó la expresión "homicidio de mujer por razones de género".
Se llame como se llame, es innegable que muchas mujeres en Ciudad Juárez continúan siendo objeto de abuso sexual y violencia de género antes de encontrar la muerte.
Es innegable también que en Ciudad Juárez persiste un contexto social de violencia contra la mujer, un fenómeno que el gobierno está tratando de revertir a través de programas de prevención, como los que desarrolla el Instituto Chihuahuense de la Mujer.
El gran desafío para instituciones y organizaciones es llevar un conteo riguroso de víctimas, confiable y libre de intereses, que permita conocer la verdadera magnitud del problema.
Y todavía no hemos hablado de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez… pero eso quedará para otro día.
Fuente BBC Mundo
* Una enrevesada maraña de datos, intereses y matices semánticos hace difícil responder a esta pregunta aparentemente tan sencilla.
Por Inma Gil
BBC Mundo, México
Las cosas se complican con sólo comparar las cifras de mujeres asesinadas de los diferentes organismos: más de 150 muertas en Ciudad Juárez en lo que va del año, según una reconocida red de Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) locales, frente a las apenas 3 registradas durante los primeros seis meses de 2010 de acuerdo a la Procuraduría (Fiscalía) General del Estado de Chihuahua.
La diferencia entre los números de unos y otros es abismal, y hasta preocupante si se tiene en cuenta que hablamos de discrepancias de cientos de mujeres muertas a lo largo de los años.
Lo que sí está claro para todos los sectores es que los casos de "feminicidio" (asesinatos por razones de género) siguen manchando el historial de esta violenta ciudad mexicana, aún 17 años después de que salieran a la luz pública por primera vez.
"Sigue existiendo el feminicidio, no podemos negar la realidad", admitió Luisa Camberos, directora general del Instituto Chihuahuense de la Mujer.
Eso sí, han cambiado las formas. Varias activistas le dijeron a BBC Mundo que desde 1993 se ha ido diversificando la violencia contra la mujer y se ha ido haciendo mucho más compleja.
Critican, sobre todo, el proceso de "invisibilización" social y política que los feminicidios de Ciudad Juárez han tenido desde el inicio de la ola de creciente violencia por parte del crimen organizado.
La atención de instituciones y medios de comunicación está ahora puesta en otro tipo de muertos en Juárez: los del narcotráfico, que sólo durante los primeros seis meses de 2010 sumaron 1.700.
Esta ciudad de aproximadamente un millón y medio de habitantes, fronteriza con El Paso (Texas), es considerada la más violenta de México y es escenario de frecuentes enfrentamientos entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa.
FEMINICIDIOS "CAMUFLADOS" ENTRE LA VIOLENCIA
Pero "la violencia contra las mujeres no se ha detenido"h, le dijo a BBC Mundo Imelda Marrufo, portavoz de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que agrupa a 13 organizaciones locales que trabajan directamente con mujeres vulnerables y familias de víctimas.
Según los cálculos de su organización, mucho más alarmantes que los de la Procuraduría del Estado de Chihuahua, el 2009 cerró con 130 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en lo que va de 2010 suman ya más de 150.
"El feminicidio en Juárez no se ha erradicado", insiste Marrufo, que además sostiene que han aumentado también los casos de violación sexual y de violencia extrema contra mujeres.
Esta activista acusa al gobierno mexicano y a sus instituciones de querer "vincular el asesinato de mujeres a la violencia ligada al narcotráfico" con la intención de "minimizar el tema del feminicidio".
Según Marrufo, el problema de "las muertas de Juárez", que durante años acaparó la atención internacional e inspiró decenas de libros y documentales, es una espina clavada para el gobierno mexicano.
"Son más de 17 años de impunidad", dijo.
Marrufo sostiene que las mujeres que hoy en día mueren tiroteadas en Ciudad Juárez ahora se incluyen entre las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
"Y cuando se trata de asesinatos por el crimen organizado, esos casos ya no se investigan", criticó.
La activista asegura que, si bien es cierto que cada vez hay más mujeres vinculadas a la venta de droga, con frecuencia éstas son obligadas o coaccionadas a participar en estas actividades ilícitas y después asesinadas por los cárteles, cuando ya no les son útiles.
Marrufo cuenta también que las ONG's han sabido, por mujeres que sobrevivieron a ataques, que algunos hombres ordenan su asesinato de un balazo para que parezca una ejecución por parte del crimen organizado.
PEQUEÑOS PROGRESOS
La Procuraduría General de Chihuahua confirma que "la violencia que se presentó durante 2008 y 2009 por el enfrentamiento de grupos criminales causó un mayor número de homicidios de mujeres".
Sin embargo, los datos anuales que aquí se manejan distan mucho de los números de tres cifras que ofrecen las ONG's locales.
Según los registros oficiales, en 2009 hubo 24 casos de homicidio de mujeres en Ciudad Juárez, mientras que durante el año anterior fueron 28.
Entre los logros, la Procuraduría destaca que de los 475 asesinatos de mujeres registrados entre 1993 y junio de 2010, 313 han sido esclarecidos, aunque sólo en 222 se dictó una sentencia.
Quedan, pues, todavía, 162 homicidios de mujeres pendientes de investigación, según las cifras oficiales.
De esos casos pendientes, 103 sucedieron hace más de seis años.
La activista Marrufo, si bien concede que ha habido una "cierta intención" por parte del estado de Chichuahua en avanzar en algunas de las investigaciones, sostiene que "siempre habrá dudas sobre los datos de la Procuraduría".
Por un lado, afirma, porque hay casos de feminicidio que no se denuncian y por tanto no están registrados oficialmente y, por otro, sostiene, "por la intencionalidad por parte de las autoridades de minimizar el problema".
LA SEMÁNTICA DE LOS ASESINATOS
Una de las grandes dificultades a la hora de interpretar y clasificar cifras de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez es el propio concepto de feminicidio, que es únicamente un término sociológico.
"En términos jurídicos no existe el feminicidio", explica Marrufo.
Aunque los activistas por los derechos de la mujer han pedido que el término sea tipificado en el código penal mexicano, el feminicidio no figura como delito. El crimen se considera homicidio, aunque se dé por razones de género.
Muchos organismos de derechos humanos han calificado como feminicidios los cientos de asesinatos de mujeres que tuvieron lugar en Ciudad Juárez desde 1993 hasta la fecha.
Pero en el fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en diciembre de 2009, por el caso conocido como "Campo Algodonero", en el que condenó al Estado de México por violaciones de derechos humanos en los casos de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, se utilizó la expresión "homicidio de mujer por razones de género".
Se llame como se llame, es innegable que muchas mujeres en Ciudad Juárez continúan siendo objeto de abuso sexual y violencia de género antes de encontrar la muerte.
Es innegable también que en Ciudad Juárez persiste un contexto social de violencia contra la mujer, un fenómeno que el gobierno está tratando de revertir a través de programas de prevención, como los que desarrolla el Instituto Chihuahuense de la Mujer.
El gran desafío para instituciones y organizaciones es llevar un conteo riguroso de víctimas, confiable y libre de intereses, que permita conocer la verdadera magnitud del problema.
Y todavía no hemos hablado de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez… pero eso quedará para otro día.
Fuente BBC Mundo
Mujer indígena o pobre e ignorante, un delito múltiple
María Esther EspinosaMujeresNet No estamos en la Edad Media , ni son los tiempos de la Santa Inquisición , pero para las autoridades de Guanajuato pareciera que si, ahora no van tras las "brujas", sino tras las mujeres que abortan, aunque a decir verdad, sólo tras aquellas que son indígenas o pobres e ignorantes. Con ellas se ensañan como si fueran las peores delincuentes de este México que a diario se tiñe de sangre de cabo a rabo por un narcotráfico incontrolable y mafias que permean todos los estratos sociales y se infiltran en las estructuras más insospechadas de nuestra vulnerable Nación. Tal parece que ser mujer, indígena, pobre e ignorante es un delito múltiple, mientras que los verdaderos infractores de la ley se apoderan de México y nos ponen en peligro a todos los habitantes.
Recientemente se han documentado una cantidad de casos que purgan condenas mayores en las cárceles de nuestro país. Coincidentemente todos ellos de mujeres marginales, indígenas e ignorantes que estuvieron embarazadas. Su delito: vivir en Guanajuato y abortar involuntariamente. Así le paso a Karla, a Sonia, a María, a Araceli, el nombre es lo de menos son más de 160 mujeres que enfrentan un proceso penal por haber sufrido un aborto espontáneo, al menos 4 ya fueron sentenciadas con hasta 29 años de cárcel y otras 9 enfrentan la justicia bajo libertad condicional.
En las cárceles de Guanajuato, en el Cereso (Centro de Readaptación Social) ni están todos (as) los (as) que son, ni son todos (as) los (as) que están. Ser mujer, pobre y estar presa significa ser triplemente discriminada.
Qué gran contradicción: Guanajuato cuna de la Independencia de México viola los derechos humanos de sus mujeres. La doble moral impera en las autoridades, en médicos, en quienes ostentan el poder. Esa doble moral vulnera el derecho de las mujeres a optar por una maternidad voluntaria, libre y elegida.
Recientemente se han documentado una cantidad de casos que purgan condenas mayores en las cárceles de nuestro país. Coincidentemente todos ellos de mujeres marginales, indígenas e ignorantes que estuvieron embarazadas. Su delito: vivir en Guanajuato y abortar involuntariamente. Así le paso a Karla, a Sonia, a María, a Araceli, el nombre es lo de menos son más de 160 mujeres que enfrentan un proceso penal por haber sufrido un aborto espontáneo, al menos 4 ya fueron sentenciadas con hasta 29 años de cárcel y otras 9 enfrentan la justicia bajo libertad condicional.
En las cárceles de Guanajuato, en el Cereso (Centro de Readaptación Social) ni están todos (as) los (as) que son, ni son todos (as) los (as) que están. Ser mujer, pobre y estar presa significa ser triplemente discriminada.
Qué gran contradicción: Guanajuato cuna de la Independencia de México viola los derechos humanos de sus mujeres. La doble moral impera en las autoridades, en médicos, en quienes ostentan el poder. Esa doble moral vulnera el derecho de las mujeres a optar por una maternidad voluntaria, libre y elegida.
La legislación de Guanajuato castiga el delito de aborto con 3 años de cárcel y con la posibilidad de la libertad provisional, sin embargo, para castigar a la mujeres con la pena máxima las autoridades les han adaptado el delito de homicidio en razón de parentesco.
Verónica Cruz Sánchez, directora de la asociación civil Las Libres, afirmó que las mujeres enjuiciadas enfrentan, además, hostigamiento judicial, maltrato del Ministerio público, de policías ministeriales y de los jueces, así como abusos de los doctores.
Los 4 casos de sentenciadas por homicidio en razón de parentesco sufrieron violencia sexual; no tenían acceso a los servicios de salud pública e ingresaron a la cárcel entre los 18 y 19 años de edad.
Mientras las mujeres encarceladas soportan el olvido, la soledad, la marginación e injusticia jurídica derivada de una doble moral en las cárceles y reclusorios, para el gobernador del estado Juan Manuel Oliva, en Guanajuato no hay mujeres presas por aborto sino por "infanticidio".
Verónica Cruz Sánchez explica que desde comienzos de la década, más de 40 mujeres han sido procesadas por aborto, cuya condena está penada hasta con tres años de cárcel por el código de justicia de Guanajuato-, nueve de estos casos fueron sentenciadas a la pena máxima. "El gobierno siempre ha negado que haya encarceladas por delito de aborto, así que tuvimos que ir de cárcel en cárcel para comprobarlo".
La legislación sobre el aborto es variable en los 32 estados de la República , sólo en el Distrito Federal está legalizado. Las demás entidades lo tipifican en su código de justicia con diversas penas y sanciones. La ley federal contempla algunas causales en las que cualquier mujer, sin tener en cuenta donde viva, puede someterse a un aborto en caso de violación o que su vida corra peligro a causa del embarazo. Sin embargo, en los últimos años tales condiciones se han endurecido. Tal parece un retroceso para las 18 entidades que han aprobado legislaciones para penalizar el aborto.
Las mujeres en Guanajuato son víctimas por partida doble. El Estado las vuelve a violar y las obliga a ser madres. Son vejadas, humilladas, tratadas como animales y sin ninguna garantía de respeto a sus derechos constitucionales y humanos.
El 8 de mayo de 2009, la LX Legislatura de Guanajuato aprobó una reforma al Artículo 1º de la Constitución Política para el Estado, donde se protege la vida -desde la concepción hasta la muerte natural-. Esta reforma representa un fuerte retroceso para los derechos humanos de las mujeres, pone en peligro la única opción legal que les permite tener acceso al aborto en caso de violación y con ello, coloca en la indefensión a las víctimas de violación que recurran al aborto porque podrían ser castigadas por la ley.
Guanajuato, orgullo de cultura, dónde cada año se concentran intelectuales y artistas de talla mundial en su prestigioso Festival Internacional Cervantino, viola los derechos humanos de las mujeres, es el único estado del país, según Cruz Sánchez, que se negó a promulgar una ley contra la violencia de género como se dictaminó federalmente. Se dijo "que no existía violencia contra el sexo femenino y que no era necesaria", Cruz asegura también, que hace dos años, las autoridades intentaron eliminar la causal de violación justificante del aborto y la oposición de activistas lo impidió.
El retroceso se manifiesta también, en el índice más alto que tiene de embarazos adolescentes, debido a la negativa de impartir educación sexual en las escuelas. Quién no recuerda al alcalde de Guanajuato, Eduardo Romero, quien intentó prohibir los besos en la vía pública, olvidándose del tan famoso Callejón del Beso y de sus leyendas de amor. Las críticas de la sociedad lo llevaron a retractarse y declarar la urbe como "la capital del beso". Recientemente, la responsable del Instituto de la Mujer Guanajuatense calificó a las mujeres que tienen tatuajes como personas faltas de valores.
Después de que la prensa y las organizaciones que apoyan a las mujeres encarceladas injustamente, entre ellas Las Libres dieran a conocer las arbitrariedades de que son objeto, fueron incomunicadas para evitar que siguieran hablando con los medios de comunicación.
Engañadas también por las defensoras de oficio, quien en lugar de ayudarlas las hundieron más: "pídanle mucho a Dios porque les van a dar muchos años, desde el momento que tiraron a sus hijos ustedes son culpables y se merecen muchos años de cárcel" -les decían-. Continúan su condena sin que ninguna autoridad federal, ni mucho menos Felipe Calderón hagan algo al respecto.
Mujeres, indígenas pobres, jóvenes, encarceladas estigmatizadas, incomunicadas, obligadas a callar su verdad ante los medios de comunicación, difícilmente podrán rehacer sus vidas, las autoridades y su doble moral han acabado con ellas.
La Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Kyung-wha Kang manifestó su indignación por la situación que se vive en Guanajuato: "Estoy muy enojada, estoy indignada frente a todas estas situaciones que me están planteando de las mujeres, y siempre me pregunto ¿por qué, aunque hacemos más por avanzar en los derechos de las mujeres pareciera que no ha funcionado?".
Cabría aquí el cuestionamiento que hace Adriana Ortiz-Ortega en su libro Si los hombres se embarazaran ¿El aborto sería legal? Y también surge otra interrogante: ¿Qué lastre es más fuerte, el machismo, la corrupción, la desigualdad social o todos combinados en medio de un enorme rezago educativo y deshumanización.
Género con Clase
México: Se rearticula el movimiento feminista en el país
Guadalupe Cruz Jaimes(CIMAC).- Con el objetivo de lograr la rearticulación del movimiento feminista y responder a la embestida de los gobiernos locales y federales, en contra de los derechos de las mujeres, alrededor de mil 500 feministas del país participarán en el Encuentro Nacional Feminista 2010 (ENF10), que se realizará el próximo 27, 28 y 29 de agosto, en Zacatecas.
Así lo informó, en conferencia de prensa, Lourdes García, integrante del Grupo Promotor del ENF10, quien señaló que luego de 18 años de que en el país no se realizaba un encuentro de este tipo, las feministas buscarán que no haya más retrocesos en materia de Derechos Humanos (DH) de las mujeres, y que se cumplan las leyes y las acciones promovidas por el movimiento feminista.
En el ENF10 también estarán presentes las demandas históricas de las feministas mexicanas como son: la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, el reconocimiento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto libre y seguro, así como el respeto a las preferencias socio-afectivas.
En este espacio, "buscaremos la rearticulación de las feministas del país ¿dónde estamos? ¿qué estamos haciendo?" para, de este modo, "responder al embate del gobierno federal en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
violentados gravemente en los últimos años".
Y es que de 2008 a la fecha, 17 entidades federativas promueven en sus leyes locales el derecho a la vida desde la concepción, el cual criminaliza a las mujeres que abortan, eliminando uno de los derechos sexuales y reproductivos más importantes: decidir de forma libre sobre el cuerpo.
Así lo informó, en conferencia de prensa, Lourdes García, integrante del Grupo Promotor del ENF10, quien señaló que luego de 18 años de que en el país no se realizaba un encuentro de este tipo, las feministas buscarán que no haya más retrocesos en materia de Derechos Humanos (DH) de las mujeres, y que se cumplan las leyes y las acciones promovidas por el movimiento feminista.
En el ENF10 también estarán presentes las demandas históricas de las feministas mexicanas como son: la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, el reconocimiento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto libre y seguro, así como el respeto a las preferencias socio-afectivas.
En este espacio, "buscaremos la rearticulación de las feministas del país ¿dónde estamos? ¿qué estamos haciendo?" para, de este modo, "responder al embate del gobierno federal en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
violentados gravemente en los últimos años".
Y es que de 2008 a la fecha, 17 entidades federativas promueven en sus leyes locales el derecho a la vida desde la concepción, el cual criminaliza a las mujeres que abortan, eliminando uno de los derechos sexuales y reproductivos más importantes: decidir de forma libre sobre el cuerpo.
Como resultado de estas legislaciones, es que 150 mujeres han sido procesadas penalmente por practicarse un aborto, aún cuando muchos de ellos no fueron inducidos, esta es una "práctica sistemática" en la que imperan los "dogmas religiosos" de quienes legislan y gobiernan, por encima de un derecho humano, coincidieron las feministas.
En Zacatecas, las mujeres discutirán las formas en las que pueden incidir "para que las leyes y políticas públicas a favor de la no violencia se cumplan, porque no hay correspondencia", aseguró Lourdes García.
La integrante del Grupo Promotor del ENF10 mencionó que medidas incluidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la declaratoria de "alerta de género", no se han aplicado, pese a diversas solicitudes de feministas organizadas en contra de la ola de violencia de género que prevalece en el país.
Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en 2006 reportó que 43 por ciento de las mujeres del país han sido víctimas de violencia, y el porcentaje se eleva a 54 por ciento en el Estado de México.
A pesar de que las estadísticas de violencia no disminuyen, aún falta voluntad por parte de quienes toman decisiones, por lo que el movimiento feminista requiere "volver a influir en las políticas públicas, que hagan cumplir las leyes, que el mismo movimiento impulsó".
Igualmente, se analizarán las estrategias para buscar incidir en los temas de respeto a los derechos sexuales y reproductivo y la no violencia para las mujeres, también buscarán emprender acciones a favor de una población invisibilizada en las cifras oficiales, las lesbianas, mexicanas con una orientación socio-afectiva diferente, que son doblemente discriminadas.
Rosalinda Ávila, del Grupo Promotor del ENF10, indicó que las lesbianas son discriminadas por su condición de género y por su orientación sexual, además de sufrir discriminación, son hostigadas sexualmente en mayor medida porque no son heterosexuales.
Este hecho, será tema de discusión, en busca de alternativas para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas mujeres. En el Encuentro también se discutirán estrategias para la reivindicación de las garantías de las indígenas y de las portadoras del virus de inmunodeficiencia humana.
El cambio climático y género, también será tema de las feministas y mediante diferentes actividades propuestas por las mismas
participantes se discutirán otras temáticas. Género con Clase
viernes, mayo 28
Amnistía Internacional: Preocupante, la vulneración de Derechos Humanos de las mujeres en México...
Por Anayeli García Martínez(CIMAC).- Debido al aumento de abusos cometidos por militares, la escalada en la violencia de género, el constante acoso a periodistas y activistas, y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y acceso a la justicia, durante 2009, la organización Amnistía Internacional (AI) calificó como preocupante la situación de los Derechos Humanos en México.
En el Informe 2010 “El estado de los derechos humanos en el mundo”, elaborado en dos partes: una regional y otra que incluye 159, destaca especialmente la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México.
En una “aparente reacción contra la despenalización del aborto promulgada en 2007 en el Distrito Federal”, los congresos locales de 17 de los 31 estados del país, aprobaron modificar sus Constituciones locales para “garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción”.
Para defender los derechos femeninos, a la fecha sigue pendiente de resolución un recurso que interpuso la Procuraduría estatal de Derechos Humanos de Baja California ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la modificación Constitucional en la entidad que niega la interrupción legal del embarazo.
En este mismo sentido, el informe menciona que el 16 de abril de 2009 se hizo pública la NOM-046 sobre violencia familiar y sexual que prevé el derecho de las victimas de violación sexual a recibir información sobre la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo y a acceder a estos, si esa es su decisión.
En respuesta, el gobernador panista del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, impugnó esta norma ante la SCJN, por lo que desde el 17 de mayo de 2010, este tribunal discute su constitucionalidad.
SENTENCIA HISTÓRICA
A toda esta situación, dice el informe de AI, se suma un hecho histórico: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) juzgó y condenó al Estado mexicano en dos ocasiones: una por la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco y otra por el feminicidio de tres, de 8 mujeres, en un campo algodonero de Ciudad Juárez., lo que demuestra el papel del Estado mexicano frente a las violaciones a DH.
Durante la presentación del informe, el presidente de AI sección México, Alberto Herrera dijo que si bien el organismo reconoce la reciente liberación de las presas de conciencia Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, indígenas otomíes acusadas falsamente del secuestro de 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, así como la importante labor llevada a cabo por activistas, miembros y simpatizantes que desembocó en esta buena noticia, la Procuraduría General de la República, aún tiene cuentas que rendir.
Señaló que esta dependencia a cargo de Arturo Chávez Chávez, tiene importantes explicaciones que dar respecto de la acusación injustificada y motivada por razones de identidad que le arrebató a estas tres mujeres indígenas otomíes años importantes de su vida, así como actualmente se los está arrebatando a los presos de conciencia Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja en el estado de Campeche, quienes el día de hoy cumplen 13 días en huelga de hambre.
INCREMENTO SUSTANTIVO DE TORTURAS
El informe precisa que se observó en México un incremento sustantivo en las desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias a manos de la policía federal, estatal y municipal y del ejército, lo que se traduce en graves violaciones a los DH.
Durante 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló 30 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre casos confirmados de abusos perpetrados por miembros del ejército, es decir, superó la cifra de 2008, cuando sólo formuló 14 recomendaciones a esta institución.
Aunque la CNDH actúo en estos casos, algunas víctimas y sus familiares, que intentaron presentar denuncias, fueron objeto de amenazas, mientras que el sistema de justicia militar siguió investigando y juzgando las violaciones de DH relacionadas con miembros del ejército, afirma el informe y señala que aún así las autoridades gubernamentales, se niegan a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad.
AI critica también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entró en vigor en enero de 2009, y que preveía un aumento de la profesionalización y coordinación de la policía y una cierta mejora de la protección de los derechos humanos.
No obstante, en junio de 2009 se promulgó la Ley de la Policía Federal, que establecía un único cuerpo federal de policía dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias, investigar delitos y realizar labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas; pero no contaba con adecuados controles judiciales.
Como consecuencia, AI tuvo conocimiento de varios informes sobre violaciones de DH a manos de estas policías, donde la población civil fue la principal afectada.
RENDICIÓN DE CUENTAS
El recuento sobre México destaca que se registraron frecuentes violaciones de mujeres migrantes, mientras que varios periodistas, defensoras y defensores de los DH fueron víctimas de homicidios, actos de acoso y cargos penales falsos.
También cuestiona que las comunidades marginadas en cuyas tierras se deseaba llevar a cabo proyectos de desarrollo económico corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o ver negado su derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada.
El documento puntualiza que 2009 fue un año en que la rendición de cuentas era un ideal remoto para muchas personas, ya que sus “vidas seguían laceradas” por la represión, la violencia, la discriminación, las maniobras de poder y el estancamiento político que vivieron México y otros 159 países.
Aun así, este informe también argumenta que la exigencia de rendir cuentas ya no se circunscribe sólo a la reparación por homicidio o tortura, sino que abarca la garantía de todos los derechos cuyo disfrute necesitamos para vivir dignamente.
Género con Clase
Suscribirse a:
Entradas (Atom)