* Desde el inicio de la administración de Héctor Astudillo, trabajadores del campo fueron relegados de los programas gubernamentales.
Justo al iniciar la temporada alta de migración -entre septiembre y enero-, el Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de La Montaña denunció ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el trato discriminatorio y la explotación laboral que padecen a manos de las empresas agrícolas del norte del país.
Justo al iniciar la temporada alta de migración -entre septiembre y enero-, el Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de La Montaña denunció ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el trato discriminatorio y la explotación laboral que padecen a manos de las empresas agrícolas del norte del país.
Las familias indígenas migran en esta temporada a 18 estados, principalmente Sinaloa, Sonora y Guanajuato; el año anterior, el consejo registró 6 mil 752 personas, principalmente de los municipios de Tlapa, Cochoapa el Grande, Xalpatláhuac, Coapanatoyac y Atlamajalcingo del Monte.
En las instalaciones de la Unidad de Servicios Integrales (USI) de Tlapa, Guerrero, miembros del consejo señalaron que en México no existe un marco legal apropiado que proteja sus derechos ni políticas públicas que reviertan las condiciones deshumanizantes en que viven. Ahí, los funcionarios de la ONU constataron de primera mano la desatención y la precariedad en que se encuentra este espacio al que llegan las familias indígenas a descansar y a preparar sus alimentos.
Desde hace 11 años, el consejo estableció un acuerdo con las autoridades de Guerrero para que dotara de insumos básicos al comedor comunitario; el apoyo ha debido ser peleado cada año con denuncias públicas y protestas. Las y los jornaleros denunciaron que actualmente, tanto el Gobierno Federal como el estatal han desatendido la situación al grado que no existen programas específicos para las miles de familias pobres que deambulan en el país en busca de trabajo.
Los funcionarios de la ONU conocieron el caso de la empresa agrícola china Buen Año, ubicada en el municipio de Costa Rica, Sinaloa, donde el patrón amenazó a los trabajadores por atreverse a bloquear la entrada al campo y por parar labores durante dos días. La protesta de más 5000 trabajadores se debió a que el empresario aumentó de 10 a 15 el número de cajas de vegetales pagando el mismo sueldo de 65 pesos por tarea. Ninguna autoridad se interesó en intervenir en favor de los jornaleros migrantes.
El consejo emplazó al gobernador del estado de Guerrero a establecer un encuentro donde se retomen sus principales demandas y se genere una interlocución apropiada que brinde protección a los derechos de los jornaleros migrantes.
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