Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
Ante la crítica situación que enfrentan las mexicanas en el mercado laboral, mujeres sindicalistas acordaron articular sus organizaciones para fortalecerse y detener la aregresiva reforma laboral propuesta por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Las sindicalistas concertaron la creación de un plan de acción que dá respuesta al deterioro de las condiciones de trabajo mediante la organización, señaló Martha Heredia Figueroa, vicepresidenta de Equidad de Género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), durante la inauguración del Cuarto Encuentro Nacional de Sindicalistas.
Heredia apuntó que es momento de que las sindicalistas pásasen del análisis de la precariedad en el mundo del trabajo y la denuncia de las violaciones a los derechos laborales, a las acciones, que se traduzcan en beneficio de las mujeres trabajadoras.
Durante su intervención en el Cuarto Encuentro, al que asistieron mujeres representantes de los sindicatos educativos, electricistas, mineros y petroleros, Lourdes Zea, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), señaló la importancia de que las trabajadoras organizadas actúen para impedir que en este periodo de sesiones se apruebe la reforma federal del PRI-PAN.
Zea refirió que la modificación a la Ley Federal del Trabajo que plantean esos partidos políticos pone en riesgo los derechos laborales conquistados en el último siglo.
El reto será sumar a la lucha de las sindicalizadas la participación de las empleadas que carecen de representación sindical, de modo que en conjunto emprendan acciones para mejorar las condiciones en las que se ocupan las mujeres en el país.
Al respecto, Silvia Ramos, representante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP), señaló algunas de las problemáticas que enfrentan las mexicanas en el mercado laboral, como la subcontratación, la transgresión a la libertad sindical y los bajos salarios.
La sindicalista refirió que la realidad de las trabajadoras es contraria al discurso de "prosperidad" que enuncia Felipe Calderón, ya que el crecimiento económico "se sustenta sobre la base de marginación del empleo y los derechos laborales.
Silvia Ramos señaló que el resultado de esa política laboral se refleja en el aumento de población en pobreza, la cual pasó de 48.8 millones de personas en 2008 a 52 millones para 2010; mientras que la población en pobreza extrema se mantuvo en 11.7 millones, con base en información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En ese sentido, Ana María López, abogada y socióloga experta en movimientos sociales, apuntó que debido a la desventaja de las mujeres en el mundo laboral, ellas son quienes están en mayor medida en condiciones de pobreza.
Y puntualizó que en este escenario las sindicalistas deben "alzar la voz para exigir el respeto a nuestros derechos laborales y a nuestros derechos como mujeres, para vivir en equidad y democracia".
OKUPAR! CONSTRUIR! RESISTIR!
BIBLIOTECA INGOBERNABLES
sábado, septiembre 10
Diez razones para oponernos a la Ley de Seguridad Nacional
¿Sabías que actualmente el congreso discute una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que dará al Presidente y a las fuerzas armadas (Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea) facultades de vida y muerte sobre la ciudadanía? Si esta ley se aprueba, esto sucederá:
- Perderás tus derechos más básicos, como el derecho a la vida y a la privacidad; y podrás ser molestado por la autoridad sin orden para ello.
- El Ejército y las corporaciones policíacas podrán intervenir tu teléfono o ingresar a tu casa sin orden judicial.
- Toda la información que tienes en sitios como Facebook, Twitter, Gmail, Hotmail y Yahoo, podrá ser utilizada por las fuerzas de seguridad en tu contra.
- El Ejército podrá llevar a cabo detenciones arbitrarias, revisiones de personas, autos, teléfonos, sin ningún tipo de orden judicial.
- Una vez detenid@ (aún si no hiciste nada), será legal que te torturen “para obtener información”.
- Una llamada anónima podrá ser razón suficiente para que el Ejército, la Marina o la Policía ingresen a tu casa.
- Se eliminará en los hechos la separación de poderes ya que el presidente, sin consultar a nadie, podrá usar al Ejército en contra de la población cuando lo considere necesario.
- Los movimientos sociales (como los estudiantiles, laborales o electorales) podrán ser considerados como “obstáculos” para la seguridad nacional, y por lo mismo, podrán ser reprimidos por el Ejército.
- No podrás denunciar el abuso de las autoridades ya que entonces estarías “impidiendo” actuar a las autoridades, y por ese sólo hecho se te podría considerar una amenaza para la seguridad nacional
- Si esta ley se aprueba, tú o alguien que quieres puede terminar detenid@, desaparecid@ o muert@.
- El 11 de agosto del 2011, policías del Estado de México allanaron las casas de Patricia Magaña (investigadora de la UNAM), sus padres, y el poeta Efraín Bartolomé. De madrugada y sin ningún tipo de orden judicial ingresaron violentamente a sus hogares, argumentando que estaban “buscando armas”. Después de aterrorizarlos, pegarles y causar destrozos, les dijeron: “usted perdone”, y se retiraron robándose algunos de sus artículos personales.
- El miércoles 13 de julio del 2011, elementos del Ejército Mexicano levantaron a dos jóvenes en Veracruz, a quienes torturaron brutalmente. Carlos Jhovany López Hernández, de 22 años de edad, empleado de la tienda Price Shoes, y Adrián Castellanos Villegas, pintor de 19 años, iban caminando por la calle cuando fueron rodeados por camionetas del Ejército, quienes los amagaron con sus armas de alto poder y los subieron a sus vehículos. Enseguida los llevaron a un paraje solitario, en donde les arrancaron las uñas y los rallaron con cuchillos para obligarlos a confesar que vendían droga.
- En abril del 2010, el Ejército disparó y arrojó granadas de fragmentación contra un vehículo en donde viajaban dos familias, asesinando a los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad respectivamente. Los padres de los niños disminuyeron la velocidad al pasar por un retén militar. Al no ver a nadie que les indicara que se detuvieran, siguieron adelante. Entonces los soldados abrieron fuego ignorando los gritos de los padres que les decían que pararan pues habían niños en el vehículo. Después del asesinato, los soldados simplemente se “disculparon”.
- El 14 de agosto de 2009, Silverio Iván Jaimes y Raúl Jaimes Jiménez fueron detenidos ilegalmente y torturados en Cuernavaca, Morelos, por miembros del ejército en lo que creyeron que era una base militar, y posteriormente quedaron en libertad sin cargos. Los militares les vendaron los ojos, los golpearon, se arrodillaron sobre su espalda y los amenazaron con aplicarles descargas eléctricas, violarlos y matarlos. Según afirmaron ambos, tras torturarlos, los soldados les dijeron: “Si nos denuncian les va ir peor y a nosotros no nos hacen nada porque somos militares”.
- Entre el 9 y el 13 de junio del 2009, el Ejército entró a las comunidades de Puerto de las Ollas y Las Palancas, Guerrero, gritando “Viva Rocaciano”, haciendo referencia a Rogaciano Alba, conocido jefe narcotraficante vinculado al cártel del Chapo Guzmán y cacique local. Las comunidades denunciaron que los soldados dispararon a discreción en contra de la población y torturaron a Omar García, de 14 años, y a Cesar Acosta, un joven discapacitado de 33 años.
- En junio del 2009, los soldados abrieron fuego en contra de un autobús de pasajeros en Huamuxtitlán, Guerrero. En esa ocasión, al revisar el vehículo en un retén, los soldados detuvieron al pasajero Fausto Saavedra Velara, indígena na savi, por el “delito” de usar botas “de uso exclusivo del Ejército”. Ante la protesta del chofer por dicha detención arbitraria, los militares dispararon indiscriminadamente al autobús, asesinando al pasajero Bonfilio Rubio Villegas
- El 25 de junio del 2009, los militares abrieron fuego arbitrariamente en contra de una pareja de novios que viajaban en un Civic Honda en Monclova, Coahuila. Los militares huyeron después de dejar a Monserrat Dávila herida por dos impactos de bala en la espalda y a Cesar Moreno herido en el antebrazo. Si se aprueba la nueva LSN, todo esto se hará cotidiano: el próximo puedes ser tú
domingo, septiembre 4
Paramilitares contra el teatro
Paramilitares contra el teatro
Oscar Acosta (Desde Caracas, Venezuela. Especial para ARGENPRESS CULTURAL)
Esta vez le tocó al teatro. Dos semanas atrás el paramilitarismo colombiano hizo públicas, en un reparto masivo de panfletos, amenazas de muerte a 12 grupos teatrales que desarrollan su labor en el sur de Bogotá., conminándolos a salir de la ciudad en un plazo de ocho días. TEATRAMA, TEATRO DEL SUR, DISIDENCIA TEATRO, RECICLARTE, TEATROPICAL, PIEDRA, PAPEL Y TIJERA, BOGOTÁ DUAL, ODEON, FUNDACIÓN EL CONTRABAJO, TEATRAZOS, CICLO VITAL Y SUMMUM DRACO, son los colectivos amenazados y que varían en cuanto a sus modalidades de trabajo (teatro de sala, calle, etc.); incluso algunos abarcan otras disciplinas como la danza y la música. El único denominador común es la labor artística como medio de educación en comunidades de bajos recursos. Con un promedio de 15 integrantes por grupo que trabajan en los proyectos, estarían en peligro cerca de doscientos activistas culturales acusados, según el comunicado de las Águilas Negras, de ser “defensores de los derechos humanos” y de “oponerse a las políticas de nuestro gobierno”.
Lejos de amedrentarse, los teatristas se movilizaron el pasado martes a la Plaza Bolívar de la capital colombiana, en respuesta organizada y contundente que reivindica el derecho a crear y vivir en paz. Imposible mantenerse ajeno a las luchas y tragedia del hermano país que, como en este caso, alcanza ribetes extremos.
Duro el camino que transitan los artistas colombianos que se atreven a optar por la justicia social y la verdad. Allanamientos, años atrás, a la Corporación Colombiana de Teatro y el Teatro La Candelaria; asesinatos como el del actor y humorista Jaime Garzón; consecuentes amenazas como las que denunciamos hoy... Algunos creadores hostigados y más temerarios (o precavidos) optaron por unirse a la insurgencia revolucionaria, como el cantautor Julián Conrado, hoy preso en Venezuela y solicitado por el gobierno colombiano para ser extraditado a Estados Unidos.
No obstante los ejemplos anteriores, lo sucedido en Bogotá constituye un caso singular, pues no existen precedentes de amenazas de tal magnitud hacia los creadores artísticos, tanto por el número de trabajadores culturales en peligro de muerte, así como por lo que significó el reparto de volantes una misma noche en seis sedes culturales distantes entre sí y a las que solo se llega por indicaciones concretas, ya que las direcciones son de difícil ubicación por estar situadas en zonas populares, razón más que suficiente para tomarse muy en serio la advertencia, en una Colombia donde las bandas criminales de ultraderecha son, confesadamente, responsables de numerosas masacres y miles de asesinatos y desapariciones.
El arte es una rebelión contra el destino, dijo André Malraux.
Lejos de amedrentarse, los teatristas se movilizaron el pasado martes a la Plaza Bolívar de la capital colombiana, en respuesta organizada y contundente que reivindica el derecho a crear y vivir en paz. Imposible mantenerse ajeno a las luchas y tragedia del hermano país que, como en este caso, alcanza ribetes extremos.
Duro el camino que transitan los artistas colombianos que se atreven a optar por la justicia social y la verdad. Allanamientos, años atrás, a la Corporación Colombiana de Teatro y el Teatro La Candelaria; asesinatos como el del actor y humorista Jaime Garzón; consecuentes amenazas como las que denunciamos hoy... Algunos creadores hostigados y más temerarios (o precavidos) optaron por unirse a la insurgencia revolucionaria, como el cantautor Julián Conrado, hoy preso en Venezuela y solicitado por el gobierno colombiano para ser extraditado a Estados Unidos.
No obstante los ejemplos anteriores, lo sucedido en Bogotá constituye un caso singular, pues no existen precedentes de amenazas de tal magnitud hacia los creadores artísticos, tanto por el número de trabajadores culturales en peligro de muerte, así como por lo que significó el reparto de volantes una misma noche en seis sedes culturales distantes entre sí y a las que solo se llega por indicaciones concretas, ya que las direcciones son de difícil ubicación por estar situadas en zonas populares, razón más que suficiente para tomarse muy en serio la advertencia, en una Colombia donde las bandas criminales de ultraderecha son, confesadamente, responsables de numerosas masacres y miles de asesinatos y desapariciones.
El arte es una rebelión contra el destino, dijo André Malraux.
sábado, septiembre 3
Abusos de la marina, violaciones a derechos humanos
Boletín de prensa
Cadhac
La familia Acosta, otra víctima de los abusos de la marina
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) está profundamente consternada por el ataque que sufrió la familia Acosta en la madrugada del día 1º de septiembre en Apodaca, Nuevo León, cuando elementos de la Secretaría de Marina ingresaron violentamente a su casa, mataron a Gustavo Acosta de (31 años) y detuvieron a Daniel Acosta (19 años)
Tomando en cuenta la versión por parte de la hermana del occiso, dada a los medios de comunicación justo después de los hechos, en la que manifiestó que elementos de la Marina llegaron a su casa gritando que abrieran la puerta, estando su papá y su hermano en el piso de abajo, y que tan pronto el hermano abrió la puerta, fue agredido y muerto a balazos, así como las declaraciones de diversos vecinos en el sentido de que los familias no eran delincuentes, CADHAC considera que:
- El ingreso a los domicilios por parte de las Fuerzas Armadas y la Marina, están violentando derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
- Del testimonio se desprende una probable Ejecución Extrajudicial por parte de la Marina Armada de México.
- Este tipo de actos deleznables, son cada vez más frecuentes, por lo que urge se actúe dentro del marco legal vigente.
- Cualquier persona que se presuma sea responsable de un hecho delictivo, debe ser sancionada conforme a derecho, y de ninguna manera sometida a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, a la privación de cualesquiera de sus derechos, incluido el derecho a la vida.
Por lo anterior exigimos de inmediato:
- Presentación de la persona detenida ante la autoridad civil correspondiente.
- Presentación por parte de los marinos de la orden de cateo y la orden de arresto con las que debieron contar antes de pretender ingresar a un domicilio privado.
- Una explicación pormenorizada sobre el uso de la fuerza letal y las causas y los procedimientos de arresto que utilizaron en esta acción.
- Que se investiguen los hechos, se deslinden las responsabilidades correspondientes y se sancione a los responsables en procedimientos ante juzgadores de orden civil, no militar.
- Se garantice la integridad jurídica, física y psicológica de toda la familia Acosta.
CADHAC exige que la Secretaría de Marina haga pública la información sobre esta acción. Esta organización quiere recordar que de conformidad con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Expediente Varios 912/2010, la Marina no es competente para procesar a sus elementos en casos como estos, por lo que el Ministerio Público debe asumir su competencia e investigar cuidadosa y profesionalmente, y el caso debe ser resuelto por tribunales civiles, no por instancias militares.
No es la primera ocasión que los elementos de la Marina Armada de México matan inocentes en el marco de la estrategia federal contra el crimen organizado. Estos actos son indignantes e inadmisibles en una sociedad democrática. CADHAC aboga por un cambio de estrategia que respete auténticamente el Estado de derecho y los derechos humanos de todas las personas.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Cadhac Derechos Humanos, el Viernes, 02 de septiembre de 2011
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Pasa la voz EEUU desarrolló ejército secreto para asesinar a “enemigos”
El J-SOC, creado para asesinar a "enemigos" a dedo de EE. UU.
Fecha de publicación: 03/09/11
03/09/11.-Un informe indica que el ejército estadounidense ha desarrollado una armada secreta que es entrenada para asesinar a supuestos enemigos en cualquier parte del mundo, particularmente en Iraq y Afganistán.
El informe, publicado por el diario estadounidense The Washington Post revela que el ejército de EE. UU. ha desarrollado una organización llamada Comando Conjunto de Operaciones Especiales (J-SOC por sus siglas en inglés) que tiene la tarea de asesinar, arrestar e interrogar a sospechosos terroristas alrededor del mundo.
El J-SOC retiene a sospechosos terroristas en cárceles bajo su propio control y ha llevado a cabo diez veces más las operaciones militares encubiertas que la CIA en Iraq y Afganistán, según el informe publicado por el diario estadounidense en la edición del viernes.
El presidente Barack Obama ha autorizado al J-SOC para seleccionar a individuos en su propia lista de terroristas, para matarlos en vez de capturarlos.
Analistas ampliamente creen que muchas de las operaciones del J-SOC son similares a los asesinatos terroristas que son una clara violación de las leyes de Estados Unidos.
La organización clandestina se adjudicó la responsabilidad por el supuesto asesinato de Osama Bin Laden en Paquistán. Se estima que la fuerza terrorista hasta ahora ha llevado a cabo más de mil operaciones similares.
Estados Unidos ha gastado más de 1 billón de dólares (1 trillón en EE. UU.) de los impuestos de los contribuyentes en las guerras impuestas sobre Iraq y Afganistán desde 2001, utilizando como pretexto los sospechosos incidentes terroristas del 11 de septiembre 2001 en Nueva York y Washington.
La guerra dirigida por EE. UU. en Afganistán, con víctimas civiles y militares en niveles récord, se ha convertido en la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.
*Traducción: Ivana Cardinale
El informe, publicado por el diario estadounidense The Washington Post revela que el ejército de EE. UU. ha desarrollado una organización llamada Comando Conjunto de Operaciones Especiales (J-SOC por sus siglas en inglés) que tiene la tarea de asesinar, arrestar e interrogar a sospechosos terroristas alrededor del mundo.
El J-SOC retiene a sospechosos terroristas en cárceles bajo su propio control y ha llevado a cabo diez veces más las operaciones militares encubiertas que la CIA en Iraq y Afganistán, según el informe publicado por el diario estadounidense en la edición del viernes.
El presidente Barack Obama ha autorizado al J-SOC para seleccionar a individuos en su propia lista de terroristas, para matarlos en vez de capturarlos.
Analistas ampliamente creen que muchas de las operaciones del J-SOC son similares a los asesinatos terroristas que son una clara violación de las leyes de Estados Unidos.
La organización clandestina se adjudicó la responsabilidad por el supuesto asesinato de Osama Bin Laden en Paquistán. Se estima que la fuerza terrorista hasta ahora ha llevado a cabo más de mil operaciones similares.
Estados Unidos ha gastado más de 1 billón de dólares (1 trillón en EE. UU.) de los impuestos de los contribuyentes en las guerras impuestas sobre Iraq y Afganistán desde 2001, utilizando como pretexto los sospechosos incidentes terroristas del 11 de septiembre 2001 en Nueva York y Washington.
La guerra dirigida por EE. UU. en Afganistán, con víctimas civiles y militares en niveles récord, se ha convertido en la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.
*Traducción: Ivana Cardinale
La autodefensa de las comunidades indígenas sin el “permiso” del gobierno
por Gloria Muñoz Ramírez
Cherán y Ostula, Michoacán; y San Luis Acatlán, Guerrero.
Comunidades indígenas organizan en distintas regiones de México la seguridad de sus territorios, al margen de los gobiernos y de todas las instituciones, reivindicando el derecho a la autodefensa de sus pueblos. No se trata de grupos armados o guerrilleros, sino del restablecimiento de sus órganos tradicionales de vigilancia que el derecho internacional les confiere.
El alto grado de violencia, el despojo, la ineficiencia de los órganos de seguridad institucionales, su complicidad en muchos casos con el crimen organizado, la falta de credibilidad en los partidos políticos, la corrupción y el hartazgo, son algunos de los aspectos que los hicieron tomar en sus manos la seguridad y organizar su autodefensa, coinciden representantes de los pueblos indígenas de Ostula y Cherán, en Michoacán; y las comunidades de la Costa y la Montaña de Guerrero.
En Ostula reivindican su derecho a salvaguardar la seguridad de sus tierras recuperadas; Cherán recupera sus rondines tradicionales para defenderse de los talamontes y cuidar la seguridad interna; mientras que 65 comunidades de Guerrero tienen, además de los cuerpos de vigilancia, un sistema de impartición de justicia y, en este momento, tienen como prioridad la defensa del territorio de los proyectos mineros en la región.
Con diferentes historias y dinámicas actuales específicas, la constante es que en estos lugares son los pueblos los encargados de mantener el orden interno, de acuerdo a sus sistemas normativos tradicionales.
Ninguna de estas experiencias, coinciden los representantes entrevistados, corresponde a grupos armados contra el gobierno, pero sí son reflejo de la falta de justicia y de seguridad en sus zonas. En una palabra, señalan, “existen porque el gobierno no hace su trabajo”.
No es casual que los tres casos se lleven a cabo en comunidades indígenas. “Son los pueblos indios de México los que están ofreciendo una alternativa para el país”, señalan comuneros de Cherán entrevistados en la Casa Comunal, en el mismo inmueble que anteriormente albergó a la presidencia municipal, hoy recuperada por los pobladores.
Los nahuas de Ostula, los purhépechas de Cherán y los tlapanecos, mixtecos, nahuas y mestizos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, organizan su defensa no sólo de la delincuencia, sino también “de los que pretenden arrebatarles el territorio, que en muchos casos son más peligrosos que los delincuentes, como los grandes inversionistas”, advierte Claudio Guzmán, uno de los nueve coordinadores de la Policía Comunitaria de Guerrero.
La amenaza al territorio en Ostula, explica el jefe de Tenencia, es la construcción de la súper carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán. Un puerto, hoteles y demás planes inmobiliarios están contemplados para esta región; mientras que en Cherán es la riqueza de sus bosques la que está en juego y son los talamontes los que se han beneficiado. En la Montaña de Guerrero, por su parte, la amenaza actual al territorio viene de los proyectos mineros de origen inglés y canadiense.
Las recientes amenazas, los levantones y homicidios de los que han sido víctimas los comuneros de Ostula y Cherán los obligan a permanecer en el anonimato. Acceden a las entrevistas y acompañan el recorrido por sus comunidades, pero piden no dar sus nombres. Los de la Policía Comunitaria de Guerrero sí se identifican. Son 16 años de historia los que los preceden y su situación actual es distinta.
Ostula: “De aquí nadie nos saca”
El 29 de junio del 2009 los nahuas de Ostula recuperaron más de mil hectáreas de tierras, montes y playas “que durante más de 40 años estuvieron en manos de pequeños propietarios de La Placita”. Desde ese momento esas tierras llevan el nombre de Xayakalan.
“Pudimos recuperar nuestras tierras”, señala el Trompas, uno de los responsables de la seguridad, “gracias a que todos le entramos a reorganizar nuestra policía tradicional. Ahora de aquí no nos vamos, para eso tenemos nuestra policía”.
El paraje de Xayakalan luce destruido. Una playa tapizada de palmeras y cocos en el piso, los techos de las palapas hechos pedazos, enormes troncos encima de lo que hasta hace poco fueron casitas, cientos de árboles de tamarindo arrancados desde la raíz, casas de adobe sin techo y con enormes boquetes en las paredes, un jardín de niños del que, literalmente, sólo queda un palo, dan cuenta del paso del huracán Beatriz, que en junio pasado azotó a esta comunidad de la costa michoacana.
A poco más de dos años de haber recuperado estas tierras, el Trompas asegura: “Todos aquí seguimos puestos. Si el huracán no nos sacó, menos el gobierno”.
La policía comunitaria de Ostula está conformada por cerca de 500 integrantes y su función, explica el Trompas y otro grupo de comuneros, “es resguardar el perímetro de las tierras en conflicto”. No están, insisten, “para enfrentar a la delincuencia organizada ni para desarmar a nadie ni intervenir en otras cosas, sino sólo para cuidar el territorio que nos pertenece”.
Ninguno de los policías comunitarios recibe sueldo ni ninguna retribución. No tienen uniforme ni distintivos. Es nombrada como colectivo por la asamblea general, y a nivel individual todos los voluntarios “son bienvenidos al grupo”.
La respuesta del gobierno a la organización “no ha sido buena”, comentan los nahuas bajo los escombros de una palapa en Xayakalan. “El gobierno no quiere que tengamos nuestra policía. No le gusta porque no la mandan ellos, pero aquí siempre hemos sido autónomos. Exigimos el reconocimiento de nuestra policía, pero si no llega de todas maneras seguimos”, afirma uno de los responsables.
Ostula es una de las tres comunidades nahuas del litoral del Pacífico michoacano. Las otras dos son Pómaro y Coire. Juntas poseen más de 200 mil hectáreas de territorio dentro de la costa y los montes de la Sierra Madre del Sur hasta Guerrero y Oaxaca. En las más de mil hectáreas de Xayakalan actualmente habitan unas 250 personas pertenecientes a 40 familias. Éste es el territorio vigilado.
Los nahuas exigen el reconocimiento de sus tierras y de sus órganos de autodefensa y hasta la fecha no hay nada. Mientras mantienen la posesión del paraje y la disposición de su policía para defenderlo.
En ocasión de su segundo aniversario, los comuneros denunciaron que “la guerra que actualmente vive nuestra comunidad y que es un capítulo pequeño de la guerra que desgarra a la Nación entera, la podemos contar en números: 26 comuneros muertos, cuatro desaparecidos, decenas de viudas y huérfanos y cientos de desplazados”. Hoy, señalan, “la situación está más tranquila”.
Un dato más es que la asamblea general decidió no participar en las elecciones estatales de Michoacán, previstas para el próximo 13 de noviembre. “Los partidos políticos cuando andan queriendo el puesto te platican bonito, pero después ni te conocen. Todo está por demás con ellos y aquí no entran”, señalan los entrevistados.
La decisión de la asamblea de Ostula fue comunicada oficialmente en los siguientes términos: “Los gobiernos y los partidos políticos se burlan de nuestros pueblos, propiciando el despojo y la explotación de las comunidades indígenas y faltando, en el caso de nuestra comunidad, a la promesa de reconocer las tierras que en el año de 2009 recuperamos en el paraje de Xayakalan, y de otorgar garantías para el funcionamiento de nuestra policía comunitaria”, por tal motivo “no se permite la instalación de casillas electorales en el territorio de la comunidad indígena de Santa María Ostula, incluida su cabecera y sus 22 encargaturas, para las elecciones estatales del día 13 de noviembre de 2011 en las que se renovarán los cargos de gobernador, diputados locales y los ayuntamientos de todo el estado de Michoacán”.
La Policía Comunitaria de Guerrero, en defensa del territorio
Una de las experiencias autónomas más notables en cuanto a sistemas de impartición de justicia (aparte de las comunidades zapatistas de Chiapas, que llevan a cabo el proceso autonómico más avanzado en el país, en más de mil comunidades de 40 municipios), la protagonizan 65 comunidades de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, quienes desde hace casi 16 años se hacen cargo de su seguridad, disminuyendo la delincuencia hasta en un 90 por ciento.
En este momento, además de la seguridad de los pueblos, la Coordinadora Regional de Autoridades Autónomas (CRAC)-Policía Comunitaria, implementa un dispositivo especial para informar del inicio de la lucha contra las empresas mineras canadienses e inglesas que pretenden explotar yacimientos de oro y plata, entre otros metales, sin el consentimiento de los pueblos indígenas de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Iliatenco y Metlatónoc.
La batalla actual, advierte el coordinador, es contra las empresas mineras que significan “destrucción ambiental, envenenamiento y despojo”, por lo que “nos hemos comprometido a defender el territorio”.
Guzmán insiste en que “el enemigo es enorme, pues las minas son más peligrosas que los delincuentes”. Y ejemplo de esto es que estudiantes de la Universidad Intercultural del Sur realizaron una campaña de pintas contra las minas y fueron intimidados: “nos levantaron a un estudiante y le advirtieron que iban sobre él”, relata el coordinador, quien advierte también sobre “una campaña en algunos medios para cuestionar la impartición de justicia”, razón por la que “hay un invitación abierta a las organizaciones de derechos humanos para que observen su trabajo”.
“Nuestro pueblo ya tomo la decisión: no permitiremos la instalación de las minas en nuestros territorios. El gobierno federal, estatal y municipales, deben garantizarnos y hacer efectivo el derecho a la consulta. Tenemos el derecho histórico y preferente al uso y preservación de nuestras tierras y territorios”, informó la CRAC en un comunicado.
La historia de la Policía Comunitaria de Guerrero data de hace más de tres lustros. Juan González Rojas, uno de los fundadores y su primer coordinador, recuerda la región azotada por innumerables delitos, con la indiferencia y/o complicidad de los gobiernos en turno. Asesinatos, abigeatos, asaltos en carreteras y violaciones de mujeres eran comunes en la zona, “hasta que el pueblo de Santa Cruz del Rincón se cansó y se juntó para ver que hacía para defenderse y así empezó la policía comunitaria”.
Al gobierno, recuerda, “no le gustó la idea, pero les dijimos que no íbamos a negociar, sino a informar lo que estábamos haciendo. Entonces el gobierno nos dio un ultimátum para desarmarnos. Les dijimos que no éramos un grupo armado para enfrentarlos, sino un grupo para coadyuvar en la seguridad de la población”.
Empezaron aproximadamente diez comunidades y 16 años después son 65, cada una con su propio grupo de policías, todos ellos uniformados y equipados, aunque no cobran ni un peso por el servicio que prestan a la comunidad.
Pablo Guzmán explica que hay aproximadamente 700 policías comunitarios, “y hemos visto que entre más crecemos se vuelve más compleja la organización”. Ahora, explica, “ya no se trata sólo de detener delincuentes, ni sólo de impartir justicia y reeducarlos, sino de ir al fondo de los problemas, pues nada resolvemos si recibimos denuncias todo el día, lo que debemos atacar es el origen de las mismas, como el alcoholismo, el desempleo, la descomposición familiar, la falta de educación, etcétera”. Y en eso están.
Actualmente están formando promotores de salud comunitarios y para la producción se está trabajando en un programa de desarrollo integral. En cuanto a la educación, se está formando un equipo de comunicación y se realizan diversos talleres. Los comunitarios no rechazan la gestión de proyectos gubernamentales, pero, insiste Guzmán, “para este proceso no se necesitan recursos del Estado, pues si la gente se convence de la necesidad es seguro que le entra por convicción”.
Su relación actual con el gobierno, con todo y las órdenes de aprehensión en su contra, “es de no enfrentarnos, pues no le disputamos el poder. Sólo que nos dejen trabajar en paz”.
Felicitas Martínez Solano fue la primera mujer dentro de la policía comunitaria. Es coordinadora regional, y señala que “las mujeres en estos 16 años han sido invisibles”. No ha sido fácil su inclusión, pero, afirma, “ya no es lo mismo que antes”.
Cherán: “No inventamos nada nuevo”
La cotidianidad de la comunidad purépecha de Cherán cambió radicalmente a partir del pasado 15 de abril, fecha en la que decidieron “reactivar la autodefensa” de un pueblo asolado por los talamontes que casi terminan con sus bosques.
Cherán, al igual que Ostula hace dos años y que la Policía Comunitaria de Guerrero hace casi 16 años, decidió “poner fin a la impunidad y hacerse cargo de la defensa de su comunidad”, de acuerdo a sus sistemas normativos tradicionales. “No inventamos nada nuevo, sólo lo reivindicamos”, sostiene uno de los coordinadores de los cuatro barrios que integran esta comunidad de la Meseta Purhépecha.
Han pasado casi cinco meses desde que los pobladores de Cherán decidieron prácticamente encerrarse en su comunidad. Instalaron barricadas en todos los accesos y en las noches cerca de 200 fogatas alumbran la vigilancia de un pueblo entero que se cuida a sí mismo. Al igual que en la comunidad nahua de Ostula, las armas son más simbólicas que otra cosa: machetes, palos, hachas y una que otra escopeta de cacería.
En un recorrido nocturno a los cien días de lo que ellos llaman su “levantamiento”, los hombres, mujeres y niños permanecen en los puestos de vigilancia. El contenido humeante de las ollas de comida y café se reparte entre los guardianes. “Ya hay desgaste entre la gente pero no dejamos de organizarnos. Ahora los retos son más grandes que cuando empezamos”, señala otro de los coordinadores.
El movimiento inició cuando, cansados de la tala clandestina de sus bosques, decidieron enfrentar a quienes saquean la madera desde hace tres años. “Tocamos todas las puertas institucionales y ninguna se abrió, hasta que nos cansamos y salimos a defendernos”, relata una comunera en un puesto de vigilancia.
Los pobladores denuncian que “los talamontes, armados hasta los dientes, proceden de Capacuaro, Tanaco, Rancho Casimiro, San Lorenzo, Huecato, Rancho Morelos y Rancho Seco, y hasta el momento han destruido totalmente más de 15 mil hectáreas (80 por ciento del bosque de 20 mil hectáreas)”.
A partir de que la seguridad está en sus manos, los delitos al interior han bajado hasta en un 90 por ciento. No han logrado abatir por completo la tala, pero la han mermado de manera considerable. Asimismo, en tan sólo tres meses consiguieron bajar el alcoholismo en la comunidad en más del 50 por ciento.
La inoperancia de los aparatos de los sistemas de seguridad estatal y federal los motivaron a organizarse: “No podemos quedarnos estáticos esperando las dádivas del gobierno, por eso nos organizamos”, señalan en una de las oficinas de la Casa Comunal.
En estos momentos, afirman, “ya no sólo de las bandas delictivas hay que cuidarse, sino de los partidos políticos que quieren entrar a dividirnos. Ellos son otra invasión” y es por eso que, como sus compañeros de Ostula, decidieron que “aquí los partidos no entran”.
Actualmente está prohibida la propaganda electoral. Ni los autos ni las casas pueden exhibir pancartas o calcomanías de un partido político y si los candidatos intentan entrar “lo consideramos un acto de provocación”.
La ronda tradicional está a cargo de la seguridad de los más de 20 mil pobladores, pero “es más interna que externa, pues no podemos competir con las armas que trae la delincuencia organizada”.
La comunidad tiene ley seca desde que inició la movilización, por lo que una de las tareas de la ronda es vigilar el orden y amonestar o detener a quienes ingieren bebidas alcohólicas: “Si un compañero se emborracha y es la primera vez que lo agarramos lo exhortamos a que ya no lo haga. La segunda vez se le castiga con trabajos comunitarios, como la limpieza de las barricadas o de las fogatas. Y a tercera vez se le manda obligatoriamente a rehabilitarse a Alcohólicos Anónimos. Todo esto por decisión de la asamblea”.
Pasa el tiempo y “el gobierno sigue sin responder a nuestras demandas. Las Bases de Operaciones Mixtas que se pidieron no llegan porque, nos dicen, les falta equipo de campaña. A ellos, los del gobierno, les conviene que el problema siga así. Ven en nosotros un botín político para el próximo proceso electoral, pero la comunidad ha decidido que ni tantito van a entrar las instancias electorales”.
Por lo pronto, se han organizado brigadas de reforestación “para ir recobrando el bosque, hay limpieza de los terrenos para plantar pinos; y se están haciendo zanjas para detener el deslave”, todo esto sin participación gubernamental.
Aquí, como en las 65 comunidades de Guerreo y en la comunidad nahua de Ostula, los integrantes de la ronda tradicional son voluntarios sin sueldo. Actualmente hay cien elementos para la seguridad interna y otros cien para resguardar el territorio.
Independiente de lo que ocurra en el futuro, señalan, “el proceso que iniciamos ya no tiene regreso. Nosotros ya no le volvemos a entregar nuestra seguridad al gobierno”.
*Versión ampliada de un reportaje originalmente publicado en La Jornada.
Cinco anarquistas acusados de terrorismo en Dinamarca
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Hoy [22 de agosto], después de cuatro meses de prisión, por fin se presentaron los cargos en contra de nuestros amigos y compañeros en el tribunal de la ciudad. Los cinco compañeros fueron detenidos el 26 de abril de 2011, acusados oficialmente de haber llevado a cabo numerosos ataques incendiarios contra dos compañías de la piel, una filial del banco Nordea (el segundo banco más grande de Dinamarca), la estación central de policía, la Embajada griega, un policía de la escuela, y varios otros bancos en Copenhague.
Aunque algunos de estos cargos se esperaban, basándose en el testimonio previo de la policía, las malas noticias llegaron cuando la gravedad de estas acusaciones ha aumentado de simples actos de incendio premeditado a las acusaciones oficiales de terrorismo bajo las leyes de terror danesa en 2002.
Los cinco están acusados de tratar de desestabilizar al Estado danés y la policía a través de estos supuestos ataques. También fueron acusados de intentos de ataques e incendios (que supuestamente nunca han ocurrido pues fueron encarcelados) contra el edificio del parlamento, contra la guardia real de la Reina, contra el edificio del poder judicial y en contra de una secta fundamentalista cristiana y responsable para el vertido de "Casa de la Juventud" (o "Ungdomshuset", el espacio de Copenhague, que sirvieron como punto de encuentro de grupos autónomos de la cultura marginal izquierda y musical) en 2007.
Lo absurdo de las acusaciones enfatiza lo ridículo que es el caso en su conjunto y muestra que la policía está utilizando el caso como una herramienta política. Encuestas recientes realizadas por grupos antifascistas en Dinamarca han descubierto un grupo secreto de la derecha que contiene gran cantidad de conexiones con la policía, con el gobierno, el partido nazi y grupos fascistas de hooligans. La policía está usando a los grupos "terroristas de izquierda" para distraer a la población de estos descubrimientos recientes, y amedrentar antes de las próximas elecciones nacionales. Los cinco siguen declarando la inocencia de todos los cargos, especialmente en relación con los alegatos más recientes y ridículos.
Nosotros, como anarquistas que se oponen tanto a las cárceles y al Estado, apoyamos a nuestros colegas y amigos, en su lucha contra el Estado. ¿Por qué no podemos hablar con ellos en la naturaleza desde que fueron arrestados, y porque se les impidió hacer cualquier declaración pública?, el apoyo está en la negación total de la responsabilidad de esas acciones, y al mismo tiempo, también el apoyo de sus propias acciones que sirvió a la fiscalía como métodos válidos de la resistencia. Independientemente de la culpabilidad o inocencia a los ojos del Estado, se vieron obligados a este conflicto con el Estado y están luchando por su libertad. Hacemos un llamado a la solidaridad internacional con los presos directamente.
Después de los resultados de la comparecencia ante el tribunal de hoy, los detenidos permanecen bajo custodia al menos hasta el próximo mes, e incluso hasta el juicio de cada uno. Sus nombres se mantienen fuera de las publicaciones a petición de sus abogados, pero saben que son compañeros y amigos de muchas personas que luchan en Copenhague.
Puede escribir cartas a las mismas en el siguiente correo electrónico: solidaritetshilsner@gmail.com, y el mensaje será impreso y enviado a una de las cinco. El e-mail está siendo controlado junto con sus visitas, entonces todo será leído por la policía. Todos los presos hablan con fluidez Inglés y danés.
Además, todas las expresiones de solidaridad son bienvenidas. Nadie se olvida en la lucha contra el capitalismo y contra el Estado!
Los anarquistas en Copenhague
Traducción > Malobeo
José Mauricio Fonzaghi Mazzucco
viernes, septiembre 2
Felipe Calderón eliminó el Estado de Derecho
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 30 ago 11 (CIMAC).- Felipe Calderón estableció un Estado de hecho y no de Derecho, lo que a lo largo de su administración ha recrudecido las violaciones a los Derechos Humanos (DH) de mujeres, niñas, indígenas, periodistas y de los propios defensores y defensoras de las garantías humanitarias.
Para el doctor en Ciencia Política por la UNAM José Enrique González Ruiz así se resumen cinco años de gestión calderonista en materia de DH. “La impunidad sigue siendo la regla, los perpetradores de delitos graves contra las personas nunca son sancionados. Por eso necesitamos un cambio, una transformación total del Estado”, demanda en entrevista.
Es larga la lista de pendientes de la actual gestión federal por el número de violaciones a los DH presentadas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, la impunidad es el rasgo común en casos como el de los asesinatos de las activistas Josefina Reyes, Marisela Escobedo, Josefina Chávez y Beatriz Cariño; y en el de las periodistas Elvira Hernández Galeana y Yolanda Ordaz.
RECUENTO DE LOS DAÑOS
Con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal, el Estado mexicano ha sido condenado en cinco ocasiones por incurrir en graves violaciones a los DH. De este modo, México es el país, sólo después de Colombia, con el mayor número de denuncias (232) ante la CIDH.
En noviembre 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió la primera sentencia contra el Estado mexicano. Se trata de tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, perpetrados en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero.
La segunda condena la recibió en diciembre de 2009, la cual se refiere a la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, en Guerrero, en 1974.
En 2010 el Estado mexicano recibió tres veredictos más: en octubre tuvo dos condenas por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de militares en 2002.
Y en diciembre la CoIDH condenó a nuestro país por la detención arbitraria y tortura de dos campesinos ecologistas de Guerrero, en 1999.
Si bien todas estas violaciones a los DH no se cometieron durante la actual administración federal, sí corresponde a Felipe Calderón castigar a los responsables y resarcir el daño a las víctimas.
A estas condenas en proceso de cumplimiento, se suma el aumento de 45 por ciento entre 2010 y 2011 de quejas por presuntas violaciones a DH ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
SIMULACIÓN
En un lustro, el Estado mexicano ha sido cuestionado a nivel internacional porque lejos de reducir la delincuencia y garantizar la vigencia de los DH, implementó una política de seguridad que simula el respeto de esos derechos.
En el Examen Periódico Universal 2009, elaborado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México recibió 83 recomendaciones del mecanismo internacional en temas como justicia, armonización legislativa, políticas públicas, discriminación, violencia contra las mujeres, protección de periodistas y derechos de los pueblos indígenas y migrantes, entre otros.
En cinco años, representantes de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos han visitado el país, entre ellos los relatores de Libertad de Expresión, de Defensores de Derechos Humanos, de Migrantes, de Independencia de Jueces y Abogados, y de Personas Privadas de la Libertad.
En sus observaciones preliminares las y los relatores constataron el clima de zozobra que afecta la vigencia de los DH de la población, y manifestaron su preocupación por la violencia y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En 2010, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado mexicano simula cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de DH.
Tal es el caso de instancias ciudadanas como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Las agrupaciones acusaron al Estado mexicano durante la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Respecto a la sentencia de la CoIDH sobre el caso Campo Algodonero, igualmente la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas no se han cansado de reiterar el incumplimiento de las autoridades respecto al castigo a los responsables de feminicidio y la reparación del daño.
DEFENSORAS Y PERIODISTAS
En el documento “Protección para periodistas y defensores de Derechos Humanos”, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala como necesaria la implementación de políticas de seguridad ciudadana acordes con el pleno respeto y garantía de los DH.
La oficina reconoce que periodistas y defensores de DH se han convertido en uno de los sectores de la sociedad más vulnerables a la violencia e inseguridad, lo cual tiene un impacto negativo en las condiciones en que ejercen sus actividades.
Del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2009, la instancia de Naciones Unidas contabiliza un total de 36 defensoras, 72 defensores, 17 organizaciones civiles y seis familiares que fueron presuntamente víctimas de algún tipo de agresión.
En el caso de periodistas, las organizaciones civiles Cencos y Artículo 19 informan que en 2010 29 mujeres periodistas fueron víctimas de agresión, las cuales se caracterizaron por amenazas con componentes sexuales y con alusiones hacia sus familias.
De acuerdo con la OACNUDH, las amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión, muestran el grave entorno en el que desarrollan sus actividades.
FIN A POLÍTICAS REPRESIVAS
En opinión del coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), José Enrique González Ruiz, el concepto de seguridad tiene que ser de “seguridad humana” y no “democrática”.
Explica que la seguridad democrática hace referencia a políticas represivas mientras que la seguridad humana toma en cuenta el respeto de los DH y no deja en vulnerabilidad a la ciudadanía.
En sus informes, la OACNUDH observa que México atraviesa por un momento crítico debido a que la violencia plantea serios retos para las autoridades.
En diciembre de 2009 la ONU y la OEA elaboraron el “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, en el que afirman que el concepto de seguridad en nuestro país debe cambiar para dejar de concentrarse sólo en más “policías y cárceles”.
México, DF, 30 ago 11 (CIMAC).- Felipe Calderón estableció un Estado de hecho y no de Derecho, lo que a lo largo de su administración ha recrudecido las violaciones a los Derechos Humanos (DH) de mujeres, niñas, indígenas, periodistas y de los propios defensores y defensoras de las garantías humanitarias.
Para el doctor en Ciencia Política por la UNAM José Enrique González Ruiz así se resumen cinco años de gestión calderonista en materia de DH. “La impunidad sigue siendo la regla, los perpetradores de delitos graves contra las personas nunca son sancionados. Por eso necesitamos un cambio, una transformación total del Estado”, demanda en entrevista.
Es larga la lista de pendientes de la actual gestión federal por el número de violaciones a los DH presentadas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, la impunidad es el rasgo común en casos como el de los asesinatos de las activistas Josefina Reyes, Marisela Escobedo, Josefina Chávez y Beatriz Cariño; y en el de las periodistas Elvira Hernández Galeana y Yolanda Ordaz.
RECUENTO DE LOS DAÑOS
Con Felipe Calderón al frente del Ejecutivo federal, el Estado mexicano ha sido condenado en cinco ocasiones por incurrir en graves violaciones a los DH. De este modo, México es el país, sólo después de Colombia, con el mayor número de denuncias (232) ante la CIDH.
En noviembre 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió la primera sentencia contra el Estado mexicano. Se trata de tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, perpetrados en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero.
La segunda condena la recibió en diciembre de 2009, la cual se refiere a la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, en Guerrero, en 1974.
En 2010 el Estado mexicano recibió tres veredictos más: en octubre tuvo dos condenas por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de militares en 2002.
Y en diciembre la CoIDH condenó a nuestro país por la detención arbitraria y tortura de dos campesinos ecologistas de Guerrero, en 1999.
Si bien todas estas violaciones a los DH no se cometieron durante la actual administración federal, sí corresponde a Felipe Calderón castigar a los responsables y resarcir el daño a las víctimas.
A estas condenas en proceso de cumplimiento, se suma el aumento de 45 por ciento entre 2010 y 2011 de quejas por presuntas violaciones a DH ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
SIMULACIÓN
En un lustro, el Estado mexicano ha sido cuestionado a nivel internacional porque lejos de reducir la delincuencia y garantizar la vigencia de los DH, implementó una política de seguridad que simula el respeto de esos derechos.
En el Examen Periódico Universal 2009, elaborado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México recibió 83 recomendaciones del mecanismo internacional en temas como justicia, armonización legislativa, políticas públicas, discriminación, violencia contra las mujeres, protección de periodistas y derechos de los pueblos indígenas y migrantes, entre otros.
En cinco años, representantes de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos han visitado el país, entre ellos los relatores de Libertad de Expresión, de Defensores de Derechos Humanos, de Migrantes, de Independencia de Jueces y Abogados, y de Personas Privadas de la Libertad.
En sus observaciones preliminares las y los relatores constataron el clima de zozobra que afecta la vigencia de los DH de la población, y manifestaron su preocupación por la violencia y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En 2010, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado mexicano simula cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de DH.
Tal es el caso de instancias ciudadanas como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Las agrupaciones acusaron al Estado mexicano durante la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Respecto a la sentencia de la CoIDH sobre el caso Campo Algodonero, igualmente la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas no se han cansado de reiterar el incumplimiento de las autoridades respecto al castigo a los responsables de feminicidio y la reparación del daño.
DEFENSORAS Y PERIODISTAS
En el documento “Protección para periodistas y defensores de Derechos Humanos”, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala como necesaria la implementación de políticas de seguridad ciudadana acordes con el pleno respeto y garantía de los DH.
La oficina reconoce que periodistas y defensores de DH se han convertido en uno de los sectores de la sociedad más vulnerables a la violencia e inseguridad, lo cual tiene un impacto negativo en las condiciones en que ejercen sus actividades.
Del 1 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2009, la instancia de Naciones Unidas contabiliza un total de 36 defensoras, 72 defensores, 17 organizaciones civiles y seis familiares que fueron presuntamente víctimas de algún tipo de agresión.
En el caso de periodistas, las organizaciones civiles Cencos y Artículo 19 informan que en 2010 29 mujeres periodistas fueron víctimas de agresión, las cuales se caracterizaron por amenazas con componentes sexuales y con alusiones hacia sus familias.
De acuerdo con la OACNUDH, las amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, interposición de acciones legales infundadas, asesinatos y otras formas de agresión, muestran el grave entorno en el que desarrollan sus actividades.
FIN A POLÍTICAS REPRESIVAS
En opinión del coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), José Enrique González Ruiz, el concepto de seguridad tiene que ser de “seguridad humana” y no “democrática”.
Explica que la seguridad democrática hace referencia a políticas represivas mientras que la seguridad humana toma en cuenta el respeto de los DH y no deja en vulnerabilidad a la ciudadanía.
En sus informes, la OACNUDH observa que México atraviesa por un momento crítico debido a que la violencia plantea serios retos para las autoridades.
En diciembre de 2009 la ONU y la OEA elaboraron el “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, en el que afirman que el concepto de seguridad en nuestro país debe cambiar para dejar de concentrarse sólo en más “policías y cárceles”.
11/AGM/RMB/LGL
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