Claudia Campero Organizadora para América Latina de Blue Planet Project y Food & Water Watch y participante de la Alianza Mexicana contra el Fracking
Toda actividad humana requiere agua: la agricultura, ganadería, turismo, industria, minería, extracción de hidrocarburos, producción de electricidad, etcétera. Pero las prioridades son diferentes. Difícilmente alguien afirmaría que la actividad industrial es más importante que la sobrevivencia, pero la dura realidad nos muestra que a la industria no le falta agua para operar, y muchas personas, millones de hecho, sí viven sin el agua en cantidad y calidad suficiente. De hecho, la reforma energética en ciernes, de ser aprobada e implementada, reproducirá este patrón. Ante ello, una vez más, se requieren defensas ciudadanas.
En México se vive una situación grave de mal manejo de agua que inicia por el gobierno federal y se mantiene en estados y municipios, y también en el Distrito Federal. No importa de qué color sea el partido gobernante, las políticas de manejo varían muy poco y privilegian al ámbito urbano, que consume el agua en exceso y no sólo para uso humano sino para industria y servicios, generalmente beneficiando a pequeñas élites locales, por encima del ámbito rural que la produce, despojando a éste del líquido. Privilegian el agua para el “desarrollo” económico y las inversiones de la agroindustria, la maquila, la minería, la explotación de hidrocarburos. De hecho, el agua usada en estas actividades se consigue de forma barata y se regresa altamente contaminada al ambiente. Pesticidas, fertilizantes, colorantes, metales pesados y tóxicos diversos van a dar de forma difusa o puntual de regreso al suelo y a los cuerpos de agua obstaculizando o imposibilitando su aprovechamiento por las poblaciones aguas abajo y de generaciones futuras.
¿Y cuál es la solución gubernamental a este problema de mal manejo y contaminación? Traer agua de lugares cada vez más lejanos o de acuíferos más profundos, incurriendo en costos energéticos, sociales y ambientales altos e innecesarios. Así lo muestran los planes que pretenden invertir en más macro infraestructura –proyectos desquiciados como el Monterrey VI, la presa El Zapotillo y Atotonilco, entre muchos otros–, aun cuando la experiencia internacional nos dice que si bien es deseable invertir en agua, existen opciones más inteligentes y sustentables que megaproyectos costosos.
El panorama no es alentador y todo indica que empeorará. A pesar de que en 2012 se logró reconocer al nivel constitucional el derecho humano al agua, la nueva Ley General de Aguas, que debiera implementarlo, no ha sido presentada oficialmente, pero los borradores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) denotan un soslayo del líquido como derecho humano, pues buscan continuar profundizando el modelo del agua como bien económico, de grandes infraestructuras, de participación de la iniciativa privada. Y a pesar de que se está elaborando una iniciativa ciudadana con un proceso amplio de organizaciones y academia cuyo principal objetivo es democratizar la gestión del agua, las y los legisladores no han mostrado interés en esto.
A este escenario preocupante se añade la propuesta de reforma energética, que promueve la extracción de hidrocarburos por medio del fracking –que utiliza y contamina irreversiblemente entre nueve millones y 29 millones de litros de agua por pozo– con disposiciones que obligarán a las y los dueños de la tierra a rentar sus tierras (a beneficio del contratista) o a enfrentar la expropiación. Es, sin exagerar, un auténtico despojo promovido por el Ejecutivo y que busca ser legalizado por el Congreso. El gobierno está preparando todas las fichas para sustraer a comunidades de sus tierras, al tiempo que garantiza a las empresas la disponibilidad de agua en regiones que están lejos de la abundancia, en el norte del país. Así, agricultores en Piedras Negras viven en incertidumbre pues la Conagua decretó a finales del 2013 reglamentar la zona, que previamente era de libre alumbramiento, y quienes no se enteraron y no procesaron su concesión o asignación a tiempo enfrentan la posibilidad de perder su derecho de uso de agua.
El gobierno federal y los gobiernos estatales ya han mostrado su posición. Queda a la ciudadanía alzar la voz y buscar formas creativas para defender el agua y el territorio. Es urgente encontrar viejos y nuevos aliados. Los movimientos campesinos tienen claro el diagnóstico y la agenda de movilización para impedir el despojo. Más vale ir sumando pues no habrá espacio para lamentaciones.
