Autoridades campesinas denuncian intentos de despojo

* Reune encuentro a autoridades agrarias de ejidos, bienes comunales y pueblos indígenas de diez estados.


Campesino – Imagen agropecuaria

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2015. Autoridades agrarias de ejidos, bienes comunales y pueblos indígenas de diez estados se reunieron este fin de semana para denunciar los megaproyectos que amenazan sus territorios y convocar a la organización de los pueblos.

El encuentro, realizado en el Centro Prodh los días 26, 27 y 28 de noviembre, reunió a campesinos y organizaciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Michoacán, Nayarit, Veracruz y la Ciudad de México.

Las autoridades reunidas estimaron que la diversidad cultural, la tierra y el territorio de sus pueblos están siendo amenazadas, pues “megaproyectos, instancias de gobierno, partidos políticos, empresas transnacionales y nacionales, el crimen organizado y las políticas públicas que se elaboran sin tomarnos en cuenta, intentan despojarnos, dividirnos, expulsarnos”. Denunciaron que los gobiernos pretenden engañarlos con instancias y programas que ofrecen dadivas asistencialistas “en lugar de cumplir su obligación de respetar nuestros derechos”. Denunciaron específicamente la reforma energética como un retroceso en los derechos sociales históricamente reconocidos.

En un comunicado, las y los participantes denunciaron que compañeras y compañeros suyos han sido amenazados, lesionados e incluso asesinados en la defensa de la tierra. Lamentaron también que los gobiernos han convertido el ejercicio del derecho a la consulta en una forma de engañar a los pueblos, no para escuchar su palabra.

Ante el panorama descrito, las autoridades anunciaron que seguirán en defensa de los territorios “porque somos pueblos originarios y campesinos” y ponderaron su vínculo especial con la tierra.

“Estamos a favor de un desarrollo que no implique la destrucción de nuestras comunidades y nuestros pueblos, un desarrollo desde los pueblos y para los pueblos, que respete la vida, la naturaleza, nuestras culturas, nuestras formas de organizarnos y tomar nuestras decisiones; nos deslindamos del desarrollo impuesto por los gobiernos y empresas que impulsan los megaproyectos, destructores de nuestra naturaleza y nuestras comunidades”, especificaron, y recordaron que tienen el derecho de ejercer la autoderminación y autonomía como pueblos y comunidades.

Las autoridades convocaron a todos los pueblos indígenas, bienes comunales, núcleos agrarios y a todas las personas y organizaciones solidarias a organizarse, vincularse y luchar de manera colectiva; a “informarnos para defender la tierra; decir no a los productos transgénicos; parar los programas asistencialistas y engañosos del gobierno; ser fuente de aliento y esperanza para nuestras comunidades; y unir esfuerzos, no bajar la guardia, no permitir los megaproyectos, hacer frente de manera conjunta a cualquier amenaza”, finalizaron.

Impunidad y nuevas amenazas, tras seis años del asesinato de Mariano Abarca

* La minera canadiense reapareció con concesiones mineras en Chiapas.


Memorial – Hijos de la Tierra

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2015. A seis años del asesinato del defensor del territorio Mariano Abarca Roblero, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas denunció que el homicidio no sólo sigue impune sino que la mina de barita contra la que Mariano amenaza nuevamente con iniciar sus operaciones en el ejido Grecia, Chicomuselo, en medio de mayores divisiones y tensiones entre la población.

La organización señaló que también sigue impune la corrupción generada entre la empresa minera canadiense, apoyada por su embajada, y el ex presidente municipal Julio César Velázquez Calderón “ya que, pese a las pruebas contundentes, tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Chiapas desistieron de esta investigación”.

Los activistas explicaron que aunque la minera canadiense Blackfire, cuyos empleados amenazaron a la familia y dieron muerte a Mariano Abarca Roblero, aparentemente desapareció de su sede en Canadá, reapareció el mes pasado como empresa estadounidense presumiendo todavía concesiones en Chiapas.

“La familia Abarca Montejo, su viuda e hijos, así como la REMA, exigimos justicia frente a este homicidio y la corrupción, así como la eliminación de las concesiones mineras en Chiapas que traen muerte, deforestación, contaminación y mayor cambio climático”, exigieron en un comunicado.

La REMA y la familia del defensor asesinado se solidarizaron con la lucha en contra la mina Nueva Francia que llevan a cabo comunidades del municipio de Escuintla y otros municipios de la región, y anunciaron que se suman al Acto de Ratificación de los Territorios Libres de Presas y Minas que se llevará a cabo el 8 de diciembre del presente año en Tapachula, Chiapa

El cinturón dorado de la muerte

 Son tres regiones de Guerrero que se encuentran atrapadas por las mineras y por los grupos del crimen organizado.

Tlapa de Comonfort, Guerrero, 10 de noviembre de 2015. En el mismo día y casi a la misma hora en que el nuevo gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, tomaba la protesta a los integrantes de su gabinete en Acapulco, 9 elementos de la policía federal a bordo de tres patrullas, incursionaban en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri para detener al comisariado ejidal, Ricardo López García. Como ya es costumbre, los agentes federales iban acompañados de un civil, quien regularmente se encarga de señalar a las personas que llevan en la lista para ser detenidos.

Los habitantes tocaron las campanas y se arremolinaron en el domicilio del comisariado donde se encontraban los policías. Más de 200 pobladores los retuvieron por más de 14 horas en el interior de la comisaría municipal. A las 3 de la mañana del 29 de octubre fueron entregados a efectivos de la secretaría de Marina, quienes se encargaron de ponerlos a disposición del ministerio público federal.

En declaraciones a los medios de comunicación, tanto el comisario municipal Nelson Figueroa Peña, como el comisariado ejidal, Ricardo López García comentaron en representación de su comunidad, que los agentes federales y el civil detenido, Modesto Onofre Peña Celso, oriundo de Carrizalillo, colaboran con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Señalaron también que son los responsables de los secuestros, extorsiones y ejecuciones que se han suscitado desde hace dos años contra varias familias de la comunidad. Los informes de la subprocuraduría especializada para la investigación de la delincuencia organizada (SEIDO) corroboraron que lo dicho por Modesto Onofre, de que en los alrededores de Carrizalillo existían varios enterramientos clandestinos, era real. Hasta el día viernes 6 de noviembre, personal de la SEIDO había informado sobre la localización de 4 fosas con 6 restos de personas, siendo cuatro de ellas mujeres.

Carrizalillo, es una comunidad pequeña, de aproximadamente mil habitantes. Se ubica entre la zona centro y la región norte de Guerrero, a 30 minutos de la ciudad de Iguala, la capital del oro. Es también una de las entradas principales para la sierra de Tlacotepec y cuenta con caminos de terracería que comunican con la región de Cocula. De acuerdo con datos del 2011, la comunidad estaba conformada por 252 familias. Se trata de un ejido, cuya comunidad fue fundada antes del estallido de la revolución mexicana. Su núcleo ejidal cuenta con 1,406 hectáreas, sin embargo, el 83% de tierras fueron concesionadas en el 2005 a la empresa minera Goldcorp.

En ese año la comunidad de Carrizalillo firmó un contrato de ocupación temporal con la empresa canadiense para dar inicio al complejo minero conocido como “Los Filos”, que se compone de dos tajos a cielo abierto: el Bermejal y los Filos. Fue hasta enero de 2007, cuando los ejidatarios decidieron cerrar la entrada de la empresa para anular el contrato de compra-venta de sus tierras y para mejorar su renta anual que era de mil pesos la hectárea. Esta lucha tuvo como consecuencia el desalojo violento de las familias por parte de las policías del estado y del municipio. A pesar de que varias mujeres y niños resultaron heridos, los ejidatarios permanecieron 80 días en plantón para obligar a la minera a mejorar la renta de sus tierras. En el 2009 arrancaron la firma de un convenio para que la Goldcorp se comprometiera a revisarlo cada año. Con este acuerdo lograron doblegar a la empresa que obligaba a los dueños de las tierras a revisar sus contratos cada 30 años. Este triunfo lo coronaron con el pago de la renta de sus tierras en onzas troy para ubicarse también en la misma órbita de los precios internacionales del oro.

Desde que las negociaciones comenzaron a dar resultados tangibles, al recibir pagos que oscilaban entre 100 mil a más de un millón de pesos (de acuerdo al número de hectáreas que cada ejidatario o ejidataria tenían rentadas con la empresa), el problema de la inseguridad empezó a agudizarse. Las familias en lugar de invertir su dinero en cuestiones básicas de salud, alimentación, educación y vivienda, se engolosinaron con la compra de camionetas de lujo. Despilfarraron el dinero en nimiedades y se exhibieron como gente pudiente. En el 2010 afloraron los secuestros, las extorsiones, los asesinatos y también las acciones arbitrarias de los cuerpos policiacos y militares.

El 28 de diciembre de 2010 el presidente del comisariado ejidal Onofre Peña Celso fue detenido y golpeado por elementos del Ejército mexicano cuando se desplazaba en su camioneta en el tramo que va de Carrizalillo a Amatitlán. Fue en marzo de 2011 cuando secuestran al señor Gilberto Celso Solís, quién después de tenerlo 21 días en cautiverio, apareció muerto en una barranca. Este primer caso que conmocionó a la comunidad marcó la debacle ante un ambiente de inseguridad que fue complejizándose con la entrada del crimen organizado, que se encargó de cobrar la cuota tanto a los ejidatarios, como a los trabajadores sindicalizados y hasta la misma empresa.

Del mes de marzo de 2011 al mes octubre de 2015 se tiene un registro de 23 personas asesinadas dentro del ejido de Carrizalillo. Esta violencia ha sido incitada en los últimos dos años por las bandas del crimen organizado que han marcado sus límites territoriales en la comunidad de Mezcala dejando en la ruina a un gran número de familias, quienes además de perder a sus seres queridos, han tenido que abandonar sus casas y andar a salto de mata fuera del estado.

Carrizalillo forma parte del cinturón dorado de Guerrero, donde se encuentran asentadas más de una docena de empresas mineras en los municipios de Eduardo Neri, Iguala, Cocula, Tlacotepec, Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan. Son tres regiones del estado que se encuentran atrapadas por los grupos del crimen organizado. El control territorial está en manos de la delincuencia organizada al grado que las autoridades municipales están supeditadas a su poder depredador que ha logrado la cooptación de las fuerzas de seguridad pública y del mismo ejército. Esta cintura de los metales preciosos se ha transformado en el enclave donde convergen los intereses de las multinacionales mineras y los de las organizaciones criminales que han socavado la vida comunitaria y destruido el hábitat. Para nada las inversiones mineras han sido un detonador del desarrollo, más bien, se han erigido en consorcios que se coluden con el crimen organizado para generar terror entre los habitantes, para desplazarlos de sus tierras, dividirlos, cooptarlos e incorporarlos a sus filas. La voracidad de las multinacionales mineras no tiene límites, necesitan de la sangre de los dueños de la tierra para hacer más redituables sus ganancias. El capital necesita chupar la sangre de los trabajadores y trabajadoras y extraer la riqueza dorada de su subsuelo para imponer el imperio de la violencia y la conflagración fratricida. La disputa por las minas en Guerrero es la otra batalla que están enfrentando los pueblos contra la tríada maléfica del poder depredador: las autoridades, los empresarios y la delincuencia organizada.

*Artículo de opinión de Tlachinollan 

Prisión política y represión para imponer proyectos en el Estado de México

Las comunidades nahuas de Coyotepec, Cahuacán y Tlanixco, los pueblos otomíes de Xochicuautla, Huitzizilapan y Magú, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, así como profesores y colonos en resistencia ante las altas tarifas de energía eléctrica (articulados en “El Fuego de la Digna Resistencia”) denunciaron que, aunque “siempre” ha habido represión en ese estado, ésta se incrementó en las últimas dos administraciones, encabezadas por el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por el actual gobernador Eruviel Ávila Villegas, quienes reponden a intereses empresariales, precisaron.

Las amenazas que se ciernen hoy sobre estos territorios son proyectos inmobiliarios que les despojarán del agua y en los que “sólo se beneficiarán los ricos” que habitarán y las empresas que construyen, denunciaron. Es el caso de San Francisco Magú, que cuenta con una administración autónoma del vital líquido y que se rige por usos y costumbres.

Por su parte, Xochicuautla lucha contra un decreto presidencial de expropiación de tierras para construir una autopista de pago que, después de que los comuneros ganaran todos los recursos legales contra la obra, lanzó el gobierno federal para legalizar el despojo. Los ñäthó recordaron que Xochicuautla suministra agua al sistema Cutzamala y lo mismo hacen otras comunidades de la región, por lo que la defensa de su tierra beneficia a miles de personas más.

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Ciudad de México, 30 de octubre de 2015. Fabricación de delitos, golpes, privación de la libertad e incluso asesinato son las herramientas de los gobiernos mexiquenses para imponer proyectos y despojar a los pueblos indígenas de tierras y aguas, denunciaron comunidades y organizaciones de colonos y profesores del Estado de México en un foro organizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Las comunidades nahuas de Coyotepec, Cahuacán y Tlanixco, los pueblos otomíes de Xochicuautla, Huitzizilapan y Magú, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, así como profesores y colonos en resistencia ante las altas tarifas de energía eléctrica (articulados en “El Fuego de la Digna Resistencia”) denunciaron que, aunque “siempre” ha habido represión en ese estado, ésta se incrementó en las últimas dos administraciones, encabezadas por el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por el actual gobernador Eruviel Ávila Villegas, quienes reponden a intereses empresariales, precisaron.

Las amenazas que se ciernen hoy sobre estos territorios son proyectos inmobiliarios que les despojarán del agua y en los que “sólo se beneficiarán los ricos” que habitarán y las empresas que construyen, denunciaron. Es el caso de San Francisco Magú, que cuenta con una administración autónoma del vital líquido y que se rige por usos y costumbres.

Por su parte, Xochicuautla lucha contra un decreto presidencial de expropiación de tierras para construir una autopista de pago que, después de que los comuneros ganaran todos los recursos legales contra la obra, lanzó el gobierno federal para legalizar el despojo. Los ñäthó recordaron que Xochicuautla suministra agua al sistema Cutzamala y lo mismo hacen otras comunidades de la región, por lo que la defensa de su tierra beneficia a miles de personas más.

En Cahuacán se lucha contra el plan de implementar un corredor industrial, centros comerciales y viviendas de lujo que despojarían de territorio a las comunidades; a uno de los líderes comunales, Jesús Cruz, se le fabricó una órden de aprehensión por robo y debe estar escondido.

En Coyotepec el problema por el agua empezó con el presidente municipal actual, que quiere controlar las únicas fuentes del líquido en el pueblo. Como éste es administrado por los habitantes, “ahora todos defienden”, explicaron los pobladores, quienes recibieron una llamada en medio del foro para avisarles que una comunera fue golpeada y encerrada por agentes municipales. Aquí también se pretenden llevar al agua a nuevos desarrollos inmobiliarios, y los defensores comunitarios son presas de hostigamiento, golpes y privación ilegal de la libertad.

Otros casos penales sirven para golpear a líderes sociales de organizaciones de colonos, como el profesor Oscar Hernández Neri, fundador de escuela para excluidos y actualmente preso en el penal Molino de las Flores, acusado de homicidio en un caso construido a base de tortura y desoyendo los peritajes quelo exculpan.

A pesar de la represión, “vale la pena defender el territorio, agua y bosque, que es patrimonio de las comunidades y de mucha gente más”, sentenció José Luis Fernández, representante de Xochicuautla. “Somos los verdaderos dueños de la tierra, nos han arrebatado lo nuestro pero unidos lo podemos recuperar”, finalizó Trinidad Cruz, de Cahuacán.