Cdi: fraudes y desvío en recursos de comunidades indígenas
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas pagó en 2010 más de 69 millones de pesos a la farmacéutica Diagnolife, para vacunar a niños de albergues indígenas. A decenas de miles de menores de Chiapas y Oaxaca nunca llegaron las inoculaciones. Además, la empresa revendió con un sobreprecio de más de 6 millones de pesos las inmunizaciones que Birmex, empresa de participación estatal mayoritaria, ya tenía en sus bodegas. Los contratos fueron autorizados por funcionarios que usurparon cargos o no contaban con las atribuciones legales para ello. Aunado a esto, la mayoría de los albergues indígenas no son aptos para el desarrollo infantil o no están funcionando por negligencia de las autoridades, indica la Auditoría Superior de la Federación
Los albergues dependientes de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) han fracasado, revela el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y presentado en febrero pasado.
Éste también descubre irregularidades por más de 75 millones de
pesos, en la Comisión. De éstas destacan las anomalías en dos contratos:
uno para la adquisición de 150 mil dosis de vacunas contra la influenza
estacional, y otro para la aplicación de 300 mil dosis contra la
influenza estacional y la de tipo A/H1N1 a niños en albergues indígenas,
mediante el Programa de Albergues Escolares Indígenas (PAEI). En ambos
casos podría haber hechos constitutivos de delito, denuncia la ASF.
De acuerdo con el contrato OG051-09, firmado el 28 de dicie mbre de
2009, la dependencia pagó 15 millones de pesos a un proveedor por 150
mil dosis de vacunas; sin embargo, de haberlas adquirido directamente
con la empresa de participación estatal mayoritaria Laboratorios de
Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el costo habría sido de 8
millones 727 mil 412 pesos. Es decir, se pagaron 6 millones 272 mil 588
pesos más.
El monto total del contrato ?obtenido por el proveedor bajo la
figura de adjudicación directa se pagó dos días después de la firma. Y
fue hasta el 12 de enero de 2010 cuando la Dirección de Ventas de Sector
Público de Birmex ofreció al proveedor las 150 mil dosis a un precio de
4.5 dólares cada una. La venta se realizó el 28 de enero. En efecto, se
pagaron 4 dólares y 50 centavos por vacuna, lo que representó un total
de 8 millones 727 mil 412 pesos. Sin embargo, la Comisión había pagado
al proveedor ?casi un mes antes? 100 pesos por cada vacuna: un total de
15 millones de pesos.
Para la Auditoría, la Cdi no sólo pagó sobreprecio sino que
financió al proveedor para la compra de vacunas, pues éste recibió el
pago total del contrato en diciembre y las compró hasta el mes
siguiente, lo que generó gastos por 225 mil 800 pesos.
Disputa legal
El
contrato DRMSG-002-10 –otorgado también mediante adjudicación directa–
por el cual la Cdi pagó a la empresa Diagnolife, SA de CV, 69 millones
de pesos fue firmado el 20 de enero de 2010 por el coordinador general
de Administración y Finanzas, el director del PAEI (ambos representando a
la Cdi) y por la empresa Diagnolife, cuyo objeto social es el comercio
al por mayor de productos farmacéuticos.
El objetivo de este contrato era aplicar las vacunas contra la
influenza tipo A/H1N1 y estacional a los beneficiarios del PAEI, que son
niños indígenas de escasos recursos. El 23 de marzo de 2010 la
dependencia terminó de pagar 69 millones de pesos por la prestación de
los servicios de Diagnolife, sin embargo éstos no se aplicaron
íntegramente.
El plazo establecido para la aplicación de las 300 mil vacunas (150
mil para la influenza tipo A/H1N1 y las otras 150 mil para la de tipo
estacional) se fijó del 20 de enero al 30 de marzo de ese año, a pesar
de que los protocolos en materia de salud especifican que dichas vacunas
se deben aplicar antes de la temporada invernal (23 de diciembre).
Fue hasta el 9 de abril cuando el director del PAEI entregó una
copia del informe final de actividades, en el que quedó asentado que el
servicio había concluido “en tiempo y forma”: se habían suministrado un
total de 151 mil 689 vacunas; ello, a pesar de que eran 300 mil las que
?de acuerdo con el contrato? se tenían que aplicar; es decir, sólo se
aplicó el 56.6 por ciento del total. El resto fue entregado a los
gobiernos de Chiapas y Oaxaca, lo que incumple las cláusulas
contractuales.
El servidor público que autorizó el pago del contrato con
Diagnolife fue cesado. “No obstante, no se aplicaron las penas
convencionales respectivas”, señala la ASF.
Casi un año después de la firma del contrato, el 8 de enero de
2011, la Cdi demandó a la empresa farmacéutica y le exigió la devolución
del monto total pagado; los 6 millones 900 mil pesos por la garantía de
anticipo, y los 34 millones 500 mil pesos que la dependencia también
erogó por garantía de cumplimiento. En total, 110 millones 400 mil
pesos.
Diagnolife respondió con una contrademanda por daños, perjuicios y el pago correspondiente por daño moral, aún en litigio.
No son las únicas irregularidades del contrato. Éste fue firmado
?por el entonces encargado de la Unidad de Coordinación y Enlace de la
Cdi, sin que tuviera facultades para ello: al momento de firmar usurpó
el puesto de coordinador general de Administración y Finanzas de la
institución.
Además, el 4 de febrero de 2010, el representante legal de
Diagnolife informó que se subcontrataría a una empresa especializada
para el transporte de las vacunas y la aplicación de éstas la llevarían a
cabo profesores y estudiantes del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica, a pesar de que la NOM-036-SSA2-2002 indica que las
vacunas las tiene que aplicar personal capacitado para ello.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó el pasado 21 de marzo en el Diario Oficial de la Federación
la circular 006, la cual “comunica a las dependencias y entidades de la
administración pública federal, Procuraduría General de la República,
así como a las entidades federativas que deberán abstenerse de recibir
proposiciones o adjudicar contratos con la empresa Diagnolife, SA de
CV”.
Con base en el Artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 2, 8 y 9, (primer párrafo)
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la SFP fija un plazo
de tres años y 18 días –a partir del 22 de marzo de 2012– en el que no
se podrán adjudicar contratos a dicha empresa.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el
Senado de la República presentó en abril pasado un punto de acuerdo al
respecto.
“Es frecuente que los recursos destinados a la salud pública en
ciertas comunidades sean desviados a diversas acciones ajenas al
objetivo principal”, señala el documento firmado por los senadores
Arturo Escobar y Vega, Francisco Agundis Arias, Ludivina Menchaca
Castellanos, Jorge Legorreta Ordorica, Javier Orozco Gómez, René Arce
Círigo y Tomás Torres Mercado.
Además, manifiesta la necesidad de esclarecer el “desvío recursos”,
y explicar la razón por la cual la Cdi y la empresa Diagnolife no
llevaron a cabo la aplicación de todas las vacunas: “No podemos permitir
este tipo de ‘errores’ o acciones que van en contra de la salud de todo
un sector de la sociedad. Es nuestro deber involucrarnos en el
desarrollo de proyectos para atender a programas prioritarios de salud”.
Al final exhortan a la Secretaría de Salud y a la Cdi a “esclarecer
de inmediato el caso del desvío de recursos para la implementación de
vacunas a pueblos indígenas por parte del proveedor en 2010, además de
enviar un informe detallado a esta soberanía con la razón por la cual se
sobrevaloró el precio de dichas vacunas”.
La respuesta que dio Dorana Albert Flores Magón, representante del área de Comunicación Social de la Cdi, a Contralínea
fue, en un primer momento, que la dependencia no podía dar entrevistas
debido a la “veda electoral”. Posteriormente, se argumentó que el
proceso de litigio entre ambas partes “es un tema de carácter de
’archivo reservado’ bajó la revisión de la Función Pública, razón por la
cual la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no está
con la facultad de poder brindar entrevistas ni facilitar la información
solicitada”.
Contralínea también consultó a Diagnolife, a través de Fernando
Gómez, del área de comercialización, quien señaló que no habría
respuesta por tratarse de un “tema muy delicado”.
Albergues en malas condiciones
En
el ejercicio fiscal 2010, la delegación de la Cdi correspondiente a
Veracruz celebró el contrato SERV/002/10 por 378 mil 300 pesos sin la
autorización de Xavier Abreu Sierra, titular de la Comisión.
Con esa cantidad se pagarían los servicios profesionales para
actividades extracurriculares en los 78 albergues escolares indígenas de
Veracruz. Para la adjudicación del contrato se invitaron a tres
licitantes; sin embargo, el acta de recepción y apertura de
proposiciones no cuenta con la firma de uno de éstos.
Tampoco, se especificaron las formas, los términos ni los
porcentajes para el cumplimiento del contrato que contaba con un
anticipo de 113 mil 500 pesos.
A decir del máximo órgano de fiscalización del país, los servicios
profesionales asentados en el contrato no fueron indispensables para los
objetivos del PAEI: durante las visitas de la Auditoría Superior a los
albergues Emiliano Zapata, Serafín Olarte, Venustiano Carranza, Salvador
Díaz Mirón, y Justo Sierra se encontró que en éstos no se tiene un
programa de actividades extracurriculares.
El conjunto de estas irregularidades motivaron dos promociones de
responsabilidad administrativa sancionatoria ante el Órgano Interno de
Control, por parte de la Auditoría.
Otra promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria es
referente a los 14 millones 831 mil 900 pesos destinados a la
construcción y rehabilitación de los albergues Emiliano Zapata y Justo
Sierra. A pesar de que las obras se terminaron el 31 de diciembre de
2010 y el 11 de febrero de 2011, respectivamente, los albergues están
cerrados: no cuentan con luz, agua, estufas, refrigeradores, camas,
escritorios, pizarrones ni colchones.
En los albergues escolares de Puebla también se encontraron
anomalías. Por ejemplo, en el Francisco I Madero, adscrito al municipio
de Vicente Guerrero, los calentadores solares no funcionan y se carece
de contrato o condonación de pago del servicio de energía eléctrica por
parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Ubicado en el municipio de Ajalpan, en el albergue Niños Héroes de
Chapultepec la instalación eléctrica no funciona correctamente, una
barda conjunta está por derrumbarse y tiene sobrepoblación. Su capacidad
es de 48 niños, pero son 72 los inscritos. La solución: dos niños por
cama.
En Tehuacán, el albergue Lázaro Cárdenas –construido en 1981– no ha
recibido mantenimiento. Esto ha provocado filtraciones de agua. Además,
las camas no se han cambiado desde hace 15 años, y sólo se cuentan con
cuatro sanitarios y cuatro regaderas para 57 niños.
Respecto al mal funcionamiento de los albergues de Puebla, la ASF
emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria en
contra de los servidores públicos que resulten responsables de no
brindar hospedaje seguro a los niños inscritos en los albergues, al no
mantener en buen estado y en correcta operación los inmuebles.
De las nueve recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de
la Federación a la Cdi, cinco están relacionadas con el mantenimiento de
los albergues escolares y la creación de mecanismos para su correcto
funcionamiento, con especial atención a los albergues veracruzanos y
poblanos.
Una de las consecuencias sociales de la mala administración de la
Comisión en 2010, según la ASF, es el impacto en “la adecuada atención
de la población objetivo, indígenas con alto grado de marginación, a los
cuales no les llegan los beneficios del Programa”.
Al final del informe, la Auditoría Superior sentencia que la Cdi
“no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión
financiera del Programa de Albergues Escolares Indígenas”.
Viridiana Gonzalez