Dos tercios de las familias de estudiantes son de bajos ingresos
Carlos Fernández-Vega
Además de palomear el paquetazo calderonista para 2010, la perversa OCDE pretende ir más
lejos. Resulta que cabildea entre los sectores más retardatarios del país –que son pocos, pero
todos ligados al inquilino de Los Pinos– el aumento de cuotas y la reducción del subsidio
público a la UNAM, en particular, y a las universidades del Estado en general, bajo su premisa
de que estudiantes y gobierno deben compartir la carga financiera de la educación superior, toda
vez que, dice, también comparten los beneficios.
La perversión del organismo a cargo de José Ángel Gurría (él mismo egresado de la UNAM, aunque su paso por Harvard lo desmemorió) en contra de la educación superior del Estado va de la mano de la igualmente perversa política calderonista para dicho sector, delineada por el actual titular de la SEP, Alonso Lujambio (egresado del ITAM y de Yale). Las universidades públicas tienen que contribuir al recorte presupuestal, ya que todos deben meter el hombro, dijo éste, y con la mano en la cintura anunció un tijeretazo presupuestal de 800 millones de pesos para dichas casas de estudio (de los cuales una cuarta parte corresponde a los pumas).
Para cerrar con broche de oro esta oprobiosa acción gubernamental sólo falta que el ex presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el yunque-panista Raúl Alejandro Padilla Orozco, vuelva a gritar, como en 2007: ¡Qué bueno que a la Universidad Nacional Autónoma de México se le redujeron los ingresos en el proyecto económico de Felipe Calderón Hinojosa!
En vía de mientras, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM hizo llegar a México SA su más reciente reporte de investigación (El financiamiento a la Universidad Nacional Autónoma de México: ¿por qué reduce el gobierno el financiamiento?), del que se toman los siguientes elementos: el subsidio federal a la máxima casa de estudios, que en 2009 significó 89 por ciento de sus ingresos presupuestales, es insustituible, pues retirarlo contravendría a uno de los principios fundamentales consagrados en esta universidad (y en la Constitución) desde su fundación: su carácter público y gratuito. Desde el punto de vista de la recuperación de su capacidad financiera, la imposición de cuotas a estudiantes no podrá jugar un papel significativo, como no lo juega en la mayoría de las universidades públicas en el mundo, aunque entre los planes del gobierno federal se pretenda de otra manera.
En los altos círculos del gobierno federal y de algunos legisladores se tiene la idea de que si el día de mañana la UNAM no estuviera subsidiada y toda la universidad tuviera que ser financiada con la colegiatura de los estudiantes, los alumnos tendrían que enfrentarse con una colegiatura anual de 71 mil 97.40 pesos, es decir, 35 mil 548.70 pesos por semestre, con la única intención de golpear a la Universidad Nacional y acallar a quienes exigen mayor presupuesto a la educación superior, además de pretender crear un conflicto en el interior de la institución.
La idea de cuotas no tiene lugar, porque no podrían ser pagadas por la mayoría de los estudiantes, sólo por 5.57 por ciento de los alumnos de licenciatura que ingresaron por pase reglamentado en el ciclo escolar 2008-2009, que tienen ingresos familiares mayores a 10 salarios mínimos y utilizan el sistema de pagos voluntarios. Pensar en esto y en momentos como hoy, en que las familias del país han sufrido una pérdida de 80 por ciento (de su poder adquisitivo), es una aberración. Este tipo de afirmaciones es un claro intento de negar el papel de la educación superior en el desarrollo social y científico del país.
El necesario incremento al presupuesto universitario de ninguna manera pueden absorberlo las cuotas a los alumnos. Por más que se caracterice a la población estudiantil universitaria dentro de un estrato social de altos ingresos familiares, la realidad es que las dos terceras partes de ella distan mucho de serlo. Si en México se fijaran cuotas a los estudiantes, de manera que contribuyeran con un porcentaje a los ingresos presupuestales universitarios similar al de Australia y Francia, por ejemplo 3 por ciento, no tendría prácticamente ninguna importancia para la recuperación financiera de la UNAM, y sí, en cambio, mucha para las familias de los estudiantes, dadas las muy precarias condiciones de vida de las familias de los trabajadores mexicanos, que son la mayoría de la población nacional.
Estos gastos significarían para las familias de la mayoría de los estudiantes un sacrificio importante. Poco más de la mitad de las familias de estudiantes en la UNAM perciben hasta cuatro salarios mínimos y, ampliando el escenario, poco más tres cuartas partes hasta seis salarios mínimos. Sólo 11.17 por ciento de los alumnos pertenecen a familias con un ingreso de 8 a menos de 10 salarios mínimos y 5.57 por ciento, de más de 10 salarios mínimos, y esta composición es prácticamente igual a la prevaleciente un cuarto de siglo atrás.
En 2008, las familias de 39.06 por ciento de los estudiantes tenían un ingreso mensual de entre dos y cuatro salarios mínimos (de 3 mil 156 a 6 mil 312 pesos). Queda evidenciado que la mayoría de los alumnos de la UNAM y sus familias sobreviven con lo mínimo para alimentarse; su ingreso es insuficiente para los gastos de su educación (libros, materiales didácticos, etcétera), sin considerar transporte, salud, vestido y otras necesidades. Éste es el caso más favorable de 54 por ciento de las familias que perciben cuatro salarios mínimos o menos; de tal suerte que, dados los bajos niveles de ingreso familiar existentes en México, no sería posible para la mayoría de los estudiantes cubrir las cuotas de la UNAM; y si se hiciera, significaría para un gran número de sus familias privarse de satisfactores esenciales; aumentaría la alta deserción de alumnos, y serían nulas las probabilidades de acceder a la educación media y superior para miles de jóvenes mexicanos, incrementando así la pobreza en el ámbito educativo.
La política gubernamental impuesta a la UNAM ha deteriorado el presupuesto universitario en términos reales. El financiamiento público para la educación sufrió una fuerte caída en los años 80; en 1988 se desplomó 39 por ciento con respecto a 1981, deterioro que se ha mantenido hasta la presente administración. El subsidio a la UNAM se ha incrementado (1981-2008) 56 por ciento en términos nominales, mientras que el gasto público en educación (en igual periodo) ha crecido 218 por ciento.
Las rebanadas del pastel
Y la tijera se alista para 2010.
lejos. Resulta que cabildea entre los sectores más retardatarios del país –que son pocos, pero
todos ligados al inquilino de Los Pinos– el aumento de cuotas y la reducción del subsidio
público a la UNAM, en particular, y a las universidades del Estado en general, bajo su premisa
de que estudiantes y gobierno deben compartir la carga financiera de la educación superior, toda
vez que, dice, también comparten los beneficios.
La perversión del organismo a cargo de José Ángel Gurría (él mismo egresado de la UNAM, aunque su paso por Harvard lo desmemorió) en contra de la educación superior del Estado va de la mano de la igualmente perversa política calderonista para dicho sector, delineada por el actual titular de la SEP, Alonso Lujambio (egresado del ITAM y de Yale). Las universidades públicas tienen que contribuir al recorte presupuestal, ya que todos deben meter el hombro, dijo éste, y con la mano en la cintura anunció un tijeretazo presupuestal de 800 millones de pesos para dichas casas de estudio (de los cuales una cuarta parte corresponde a los pumas).
Para cerrar con broche de oro esta oprobiosa acción gubernamental sólo falta que el ex presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el yunque-panista Raúl Alejandro Padilla Orozco, vuelva a gritar, como en 2007: ¡Qué bueno que a la Universidad Nacional Autónoma de México se le redujeron los ingresos en el proyecto económico de Felipe Calderón Hinojosa!
En vía de mientras, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM hizo llegar a México SA su más reciente reporte de investigación (El financiamiento a la Universidad Nacional Autónoma de México: ¿por qué reduce el gobierno el financiamiento?), del que se toman los siguientes elementos: el subsidio federal a la máxima casa de estudios, que en 2009 significó 89 por ciento de sus ingresos presupuestales, es insustituible, pues retirarlo contravendría a uno de los principios fundamentales consagrados en esta universidad (y en la Constitución) desde su fundación: su carácter público y gratuito. Desde el punto de vista de la recuperación de su capacidad financiera, la imposición de cuotas a estudiantes no podrá jugar un papel significativo, como no lo juega en la mayoría de las universidades públicas en el mundo, aunque entre los planes del gobierno federal se pretenda de otra manera.
En los altos círculos del gobierno federal y de algunos legisladores se tiene la idea de que si el día de mañana la UNAM no estuviera subsidiada y toda la universidad tuviera que ser financiada con la colegiatura de los estudiantes, los alumnos tendrían que enfrentarse con una colegiatura anual de 71 mil 97.40 pesos, es decir, 35 mil 548.70 pesos por semestre, con la única intención de golpear a la Universidad Nacional y acallar a quienes exigen mayor presupuesto a la educación superior, además de pretender crear un conflicto en el interior de la institución.
La idea de cuotas no tiene lugar, porque no podrían ser pagadas por la mayoría de los estudiantes, sólo por 5.57 por ciento de los alumnos de licenciatura que ingresaron por pase reglamentado en el ciclo escolar 2008-2009, que tienen ingresos familiares mayores a 10 salarios mínimos y utilizan el sistema de pagos voluntarios. Pensar en esto y en momentos como hoy, en que las familias del país han sufrido una pérdida de 80 por ciento (de su poder adquisitivo), es una aberración. Este tipo de afirmaciones es un claro intento de negar el papel de la educación superior en el desarrollo social y científico del país.
El necesario incremento al presupuesto universitario de ninguna manera pueden absorberlo las cuotas a los alumnos. Por más que se caracterice a la población estudiantil universitaria dentro de un estrato social de altos ingresos familiares, la realidad es que las dos terceras partes de ella distan mucho de serlo. Si en México se fijaran cuotas a los estudiantes, de manera que contribuyeran con un porcentaje a los ingresos presupuestales universitarios similar al de Australia y Francia, por ejemplo 3 por ciento, no tendría prácticamente ninguna importancia para la recuperación financiera de la UNAM, y sí, en cambio, mucha para las familias de los estudiantes, dadas las muy precarias condiciones de vida de las familias de los trabajadores mexicanos, que son la mayoría de la población nacional.
Estos gastos significarían para las familias de la mayoría de los estudiantes un sacrificio importante. Poco más de la mitad de las familias de estudiantes en la UNAM perciben hasta cuatro salarios mínimos y, ampliando el escenario, poco más tres cuartas partes hasta seis salarios mínimos. Sólo 11.17 por ciento de los alumnos pertenecen a familias con un ingreso de 8 a menos de 10 salarios mínimos y 5.57 por ciento, de más de 10 salarios mínimos, y esta composición es prácticamente igual a la prevaleciente un cuarto de siglo atrás.
En 2008, las familias de 39.06 por ciento de los estudiantes tenían un ingreso mensual de entre dos y cuatro salarios mínimos (de 3 mil 156 a 6 mil 312 pesos). Queda evidenciado que la mayoría de los alumnos de la UNAM y sus familias sobreviven con lo mínimo para alimentarse; su ingreso es insuficiente para los gastos de su educación (libros, materiales didácticos, etcétera), sin considerar transporte, salud, vestido y otras necesidades. Éste es el caso más favorable de 54 por ciento de las familias que perciben cuatro salarios mínimos o menos; de tal suerte que, dados los bajos niveles de ingreso familiar existentes en México, no sería posible para la mayoría de los estudiantes cubrir las cuotas de la UNAM; y si se hiciera, significaría para un gran número de sus familias privarse de satisfactores esenciales; aumentaría la alta deserción de alumnos, y serían nulas las probabilidades de acceder a la educación media y superior para miles de jóvenes mexicanos, incrementando así la pobreza en el ámbito educativo.
La política gubernamental impuesta a la UNAM ha deteriorado el presupuesto universitario en términos reales. El financiamiento público para la educación sufrió una fuerte caída en los años 80; en 1988 se desplomó 39 por ciento con respecto a 1981, deterioro que se ha mantenido hasta la presente administración. El subsidio a la UNAM se ha incrementado (1981-2008) 56 por ciento en términos nominales, mientras que el gasto público en educación (en igual periodo) ha crecido 218 por ciento.
Las rebanadas del pastel
Y la tijera se alista para 2010.
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