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jueves, abril 14

FEMINICIDIOS EN HIDALGO

FEMINICIDIOS EN HIDALGO

Elsa Ángeles


En un contexto de debate nacional, en Hidalgo se registraron seis o siete feminicidios entre enero y mediados de febrero de este año. La novedad no es la crueldad extrema contra las mujeres porque siempre han sido motivo de noticia, pero relegada a la sección de “nota roja” en los medios de comunicación. Ni tampoco el número de mujeres violentadas y asesinadas. Es altamente probable que en otras fechas se hayan registrado aún más en poco tiempo.

El asunto es que debemos aprovechar la coyuntura nacional para generar toda la presión necesaria que permita visibilizar el fenómeno e impulsar reformas legales para su registro, investigación y aplicación de justicia bajo la tipificación de “feminicidio”, asesinar sólo por el hecho de ser mujeres.

Obligar al Estado mexicano a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso “campo algodonero” de Ciudad Juárez, Chihuahua. En el veredicto se define el término feminicidio, se exige un registro científico de los casos, generar un banco de datos para cruzarlos con las desapariciones de mujeres en el territorio nacional, agilizar las investigaciones (nada de esperar 72 horas para iniciar su búsqueda) y muchas otros aspectos indispensables para que sea “justiciable” la violencia contra este grupo vulnerable.

Pero la indolencia, desinterés e ignorancia del gobierno federal y los estatales es tan grande, que tras un año de incumplimiento de la sentencia de la corte internacional, la Cámara de Diputados creó una comisión especial para dar seguimiento al asunto e impulsar las reformas necesarias.

Está presidida por la diputada federal por el PRD, Teresa Incháustegui y participa en la comisión la diputada federal por el PRI de Hidalgo, Carolina Viggiano. La primera se comprometió a iniciar trabajos de comunicación y enlace con el procurador estatal para revisar los casos registrados en el inicio de este año 2011 y lograr un primer análisis de lo que está sucediendo para proponer medidas de prevención.

En tanto eso sucede, la obligación de la sociedad civil y organizada es poner sobre la mesa los datos, las cifras, los nombres de las mujeres asesinadas, los retazos de sus historias para lograr su identificación, todo ello encaminado a una acción de justicia y a la prevención.

El pasado sábado 26 de marzo, cuando se llevó a cabo el foro organizado por diversos jóvenes sobre violencia contra las mujeres, abordé el tema de feminicidios desde la investigación periodística y con el material que había publicado en el periódico Criterio, donde colaboraba con investigaciones especiales.

Comparto con ustedes parte de las reflexiones pero sobre todo los datos de los primeros casos registrados en este año. Los invito a continuar en esta tarea de no olvidarlas, de alimentar este archivo y socializarlo para generar conciencia colectiva.




RELACIÓN DE VÍCTIMAS REGISTRADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



NOTA IMPORTANTE: De acuerdo con registros en publicaciones periodísticas, ésta es la lista de víctimas de feminicidios en Hidalgo en lo que va del presente año. Sin embargo, falta una porque hasta el pasado 5 de febrero Damián Canales, secretario de Seguridad Pública estatal eran seis víctimas, pero el caso de Valeria Carbajal sucedió hasta el 11 de febrero; por lo tanto, falta una. ¿Son seis o siete? Es un dato que el propio funcionario no pudo aclarar porque no existe un registro puntual de lo que está sucediendo, por lo tanto, en Hidalgo no se cumplen las recomendaciones contenidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por el caso llamado “Campo algodonero”

hasta el pasado 5 de febrero Damián Canales, secretario de Seguridad Pública estatal eran seis víctimas, pero el caso de Valeria Carbajal sucedió hasta el 11 de febrero; por lo tanto, falta una. ¿Son seis o siete? Es un dato que el propio funcionario no pudo aclarar porque no existe un registro puntual de lo que está sucediendo, por lo tanto, en Hidalgo no se cumplen las recomendaciones contenidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por el caso llamado “Campo algodonero”

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