EN : http://revista-contralinea.blogspot.mx/2013/01/las-viejas-politicas-y-los-nuevos-altos.html
Durante décadas, los presidentes
mexicanos han hecho caso omiso de la necesidad de unificar a las Fuerzas
Armadas en una sola estructura y en una sola entidad administrativa.
Aunque eso no erradicaría por completo las rivalidades entre mandos y
objetivos militares, sí reduciría su campo de posibilidad. Unificar a
las Fuerzas permitiría sentar las bases de una política de defensa,
equilibrar los recursos de los ejércitos de tierra, mar y aire, diseñar
la fuerza militar que el país necesita y definir una política militar
acorde a los objetivos nacionales.
En
el corto plazo, la unificación de las Fuerzas Armadas incrementaría la
efectividad en el cumplimiento de las misiones militares, facilitaría el
control civil y, sobre todo, aumentaría la racionalidad en el gasto
militar.
Pero eso parece lejos de ser una
prioridad para el nuevo gobierno, quien al parecer se decidió por
retornar al viejo estilo priísta de mantener la lealtad militar y
controlar a los militares: preservamos sus prerrogativas, mantenemos
intocables sus estructuras, pero a cambio les pedimos que no intervengan
en el gobierno.
Por el momento no hay ningún plan
manifiesto, ni siquiera a nivel de ideal a seguir o concepto, para
desarrollar en el futuro, para unificar al Ejército, la Fuerza Aérea y
la Armada de México en una sola Secretaría de la Defensa Nacional, crear
un comando conjunto de las Fuerzas Armadas y designar a un cuerpo de
civiles que, junto con los militares, ejecute la política de defensa
nacional, defienda su presupuesto y diseñe planes de desarrollo
integrales del sector militar.
Por ahora existe lo contrario: no hay
política de defensa nacional, cada fuerza define su propio presupuesto,
no hay una interfase civil entre los secretarios de la Defensa Nacional y
de Marina y el presidente de la República, y la relación entre ambas
partes –la militar y la civil– se entiende como una relación castrense
entre los altos mandos y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
En los hechos, la lucha contra las
organizaciones criminales ha servido para uniformar los esfuerzos
militares y establecer bases mínimas de coordinación, pero no para
realizar las misiones de defensa nacional, sino para reemplazar a las
corporaciones de la Policía Federal y llenar el vacío que han dejado
décadas de corrupción, abandono y abuso de poder por parte de ellas.
Lejos de llevar un beneficio para los planes de desarrollo militar
nacional, la forma en la que los sucesivos gobiernos han llevado a los
militares a convertirse en policías militarizadas ha provocado el
sentimiento militar generalizado de que los civiles “han usado” a los
militares sin darles los instrumentos legales para actuar.
El primer paso del presidente Enrique
Peña Nieto fue seleccionar a sus colaboradores militares más cercanos:
el general Salvador Cienfuegos Zepeda, por el lado de la Secretaría de
la Defensa Nacional, y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, por el
de la Secretaría de Marina. Estas designaciones podrían inclinar ahora
la balanza en favor del Ejército, en perjuicio de las otras dos fuerzas,
la Aérea y la Marina de guerra.
La designación de Cienfuegos Zepeda
como general secretario evidencia el peso de la antigüedad en el
escalafón militar y la decisión presidencial de reconocerlo. Aunque
existían generales de ala, miembros de la Fuerza Aérea con antigüedad y
capacidades semejantes para encabezar la Secretaría de la Defensa
Nacional, el presidente no podía elegir a uno de ellos como el alto
mando militar porque la ley establece que el general secretario deberá
ser un “general del Ejército”. Esta ley sigue representando la
prerrogativa más importante del Ejército que es la de mantener el mando
militar dentro de las filas de la Infantería, la Artillería o la
Caballería, y fuera de la organización de la Fuerza Aérea.
Aunque el presidente tiene el derecho
de designar como secretario de la Defensa Nacional a cualquier militar
que ostente el grado de general de división del Ejército, Peña Nieto
designó a Cienfuegos como secretario no sólo por su antigüedad, sino
también por su trayectoria militar: Cienfuegos ha sido un generador de
doctrina castrense, ha sido el mando de cuatro regiones militares
estratégicas para el país, incluida la primera, que abarca al Distrito
Federal y el Estado de México, y en donde ambos, el presidente y el
general secretario, tuvieron la oportunidad de convivir directamente
cuando el primero fue gobernador mexiquense y el segundo el jefe de la
primera región militar.
El presidente no tomó en cuenta de la
misma manera el escalafón naval para designar al secretario de Marina.
Al designar a Soberón Sanz como secretario de esta dependencia, la
decisión presidencial desplazó a mandos navales con más antigüedad, como
el entonces subsecretario de Marina en el gobierno anterior, Jorge H
Pastor, quien tenía el grado de almirante desde 2007 y encabezaba el
escalafón de la Armada de México, sólo por debajo del entonces almirante
secretario Mariano Francisco Saynez.
Soberón Sanz, exsecretario de Saynez
Mendoza en el gobierno anterior, fue ascendido apenas el 20 de noviembre
de 2012, y se convirtió así en el almirante más joven de la Armada de
México. Aunque su juventud puede representar una visión renovadora de la
política naval, el almirante secretario no ha tenido la experiencia de
otros almirantes que sí han encabezado regiones navales. Conocedor de la
Fuerza Naval del Pacífico (pues ha sido comandante de flotilla),
Soberón Sáenz podría encabezar los esfuerzos gubernamentales para
recuperar los territorios a lo largo de la costa del Golfo de México que
han estado bajo el control de los cárteles del Golfo, Los Zetas y otras
organizaciones criminales.
Ésta no es, por supuesto, la primera
vez que un presidente designa como secretario a un general o almirante
situados al final del escalafón militar, sin embargo el nombramiento de
Soberón Sanz podría obligar al retiro anticipado de los almirantes con
más antigüedad y al cambio en la composición del almirantazgo.
Hasta el cierre de este artículo, el
secretario de Marina no había dado a conocer las designaciones de sus
colaboradores cercanos. En el sitio de internet de esta dependencia sólo
estaba el perfil del almirante Soberón Sanz, sin nombramientos en las
jefaturas de las regiones navales, la oficialía mayor, el Estado Mayor
Naval y otros cargos.
El general secretario Cienfuegos
conservó básicamente la estructura de mandos militares y conservó el
nombramiento del jefe de la Fuerza Aérea. Otros generales de división
que pudieron haber sido designados también en el cargo de secretario de
la Defensa están en el organigrama de los mandos militares, con
excepción, hasta este momento, del subsecretario y el jefe del Estado
Mayor de la Defensa Nacional.
De esta manera, el peso diferenciado del escalafón en ambas designaciones podría terminar inclinando la balanza
del poder militar hacia el Ejército. Aunque pertenecen a distintas
fuerzas, los generales y los almirantes respetan entre sí la jerarquía
militar, y saben cuando el mando castrense que tienen enfrente tiene más
autoridad. Lo menos que podría esperar este gobierno –y con él la misma
sociedad– es que esta diferencia de antigüedad, aunque no de rango, no
merme y divida el ejercicio del poder militar.
Lo que sigue ahora es ver los
nombramientos finales en la estructura de la Armada de México y del
Ejército y observar cómo el nuevo presidente priísta reconstruye las
relaciones civiles-militares después de 12 años de gobiernos encabezados
por presidentes provenientes del Partido Acción Nacional.
Salvo el nuevo equilibrio entre las
Fuerzas Armadas, nada hace prever, sin embargo, que vaya a ocurrir un
cambio fundamental en la estructura de las Fuerzas Armadas y la forma en
la que los gobernantes civiles han usado la fuerza militar.
Lo único cierto es que la relación
entre el presidente y los altos mandos militares seguirá siendo de
carácter castrense, las fuerzas seguirán divididas y los recursos
seguirán definiéndose de manera separada, aun cuando el reto de la
violencia originada por las organizaciones criminales y la persistencia
del tráfico de drogas siga siendo la herencia más importante que dejó el
gobierno anterior.
*Especialista en Fuerzas Armadas y
seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la
Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional, en Washington
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