Por Alexandra Jiménez
Durante
los últimos años en México, al igual que en varios países de
Latinoamérica, la inversión extranjera en minas ha ido en aumento.
Basada en el actual modelo de desarrollo, la minería es actualmente el
megaproyecto de mayor impacto territorial, ambiental y social. Como
consecuencia, la industria minera extractivista es violatoria de muchos
de los derechos fundamentales de las poblaciones, como son el derecho a
la consulta, a un medio ambiente sano, a la tierra y el territorio, al
agua, a la salud y a la vida.
Frente a las acciones de los gobiernos
latinoamericanos que privilegian las concesiones y beneficios para las
compañías mineras, nacionales o trasnacionales, en vez de cumplir con su
deber de respetar, proteger, garantizar y cumplir los derechos humanos
de la gente, existen voces de defensa y resistencia que demandan a los
Estados el cumplimiento de sus obligaciones y de los derechos suscritos
en leyes nacionales y tratados internacionales.
Bajo el lema “Sí a la vida, no a la
minería”, del 17 al 20 de enero se realizó el Encuentro de Pueblos de
Mesoamérica, teniendo como sede la comunidad zapoteca de Capulálpam de
Méndez, ubicado en la Sierra Juárez, Oaxaca, que gracias a su fuerte
tejido social, organización político-comunitaria y acciones
estratégicas, ha logrado crear alternativas y frenar los proyectos
impuestos que amenazan la vida en su territorio.
En este encuentro se compartieron
experiencias sobre la situación de la minería en Mesoamérica, región
donde los bienes comunes han sido altamente explotados y sometidos al
precio que dicte el mercado. También se habló de los Derechos de los
Pueblos Indígenas y la Minería, de la generación de estrategias de
defensa y de las alternativas que nacen desde los pueblos para el buen
vivir. Algunos de los temas centrales fueron las afectaciones a la
salud, el impacto ambiental, así como la importancia de la articulación y
del marco legal para emprender acciones jurídicas de defensa nacionales
e internacionales.
El evento contó con una presencia amplia
y diversa, teniendo como asistentes y ponentes a personas y
organizaciones procedentes de 12 países, Honduras, Guatemala, El
Salvador, Puerto Rico, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá,
Alemania, Francia, Italia y España. Asimismo, con la presencia de más de
80 organizaciones sociales y redes, 50 comunidades, autoridades
municipales y agrarias, investigadores, estudiantes y medios de
comunicación. Los estados de la República Mexicana presentes fueron 13:
Estado de México, Chiapas, Puebla, Guerrero, Zacatecas, Distrito
Federal, Guadalajara, Veracruz, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí,
Guanajuato, Durango, todos marcados por la presencia de proyectos
mineros en diversas fases. En total, cerca de 480 asistentes pidieron la cancelación de proyectos mineros que afectan la vida en la región mesoamericana.
El cálculo de los conflictos ocasionados
por proyectos mineros en América Latina es de más de 120. De ellos,
Perú es el país donde más hay, con 27 conflictos. Le sigue Colombia con
16, y México con 15. En México, a partir
de la reforma a la Ley Minera en 1992, las inversiones extranjeras,
sobre todo las canadienses, han aumentado en concesiones de exploración y
explotación a lo largo del territorio. Actualmente 30 por ciento del
territorio nacional está concesionado, y la tendencia va en aumento.
Para
garantizar el derecho a la tierra y el territorio, es necesario hacer
efectivo el derecho a la consulta, que los gobiernos de todos los
niveles consideren las necesidades y modos de vida de las poblaciones, y
que desde los saberes de los pueblos, del respeto a los bosques, a los
ríos, montes, cultura y cosmovisión, sigan construyéndose alternativas
de defensa de los derechos humanos ante el modelo extractivo minero.
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