Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)
Una comisión especial de juristas internacionales, auspiciada por las Naciones Unidas, concluyó que la construcción de asentamientos de colonos israelíes para anexionar las zonas ocupadas en Cisjordania y el este de Jerusalén supone una violación de múltiples leyes internacionales.
La comisión integrada por las juristas Christiane Chanet (Francia), Asma Jahangir (Pakistán) y Unity Dow (Botsuana) presentó en Ginebra un extenso informe sobre los hechos que ha conseguido documentar durante seis meses de trabajo, a pesar de que las autoridades israelíes le negaron cualquier cooperación y autorización para entrar en los territorios palestinos.
Unas 250 colonias israelíes fueron levantadas en Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967, con o sin autorización oficial, y se calcula que hay 520.000 colonos que residen allí. Según el informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la última década la población de colonos creció a un ritmo anual mucho más alto (5,3%) que la población en Israel (1,8%).
El documento destaca que desde aquel año los gobiernos israelíes dirigieron abiertamente, participaron y tuvieron un control pleno sobre la planificación, construcción, desarrollo, consolidación y promoción de los asentamientos en Palestina. Todos ellos creados para su exclusivo beneficio y cuya existencia reposa en un sistema de total segregación entre los colonos y la población palestina local.
El establecimiento de asentamientos en Cisjordania, incluido el de Jerusalén Este, ha creado una red de construcciones e infraestructuras que conducen a una progresiva anexión, la cual impide el establecimiento de un Estado palestino unitario y viable, a la que vez que menoscaba el derecho de la ciudadanía palestina a la autodeterminación.
El informe asegura, también, que Israel, en cumplimiento del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, debe acabar con todos los asentamientos sin precondiciones. Además, debe iniciar de forma inmediata el proceso de retirada de los territorios palestinos ocupados.
Cabe recordar que en noviembre pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas aceptó el ingreso de Palestina como Estado observador no miembro, mediante el cual reconoció implícitamente la soberanía de los palestinos sobre el territorio ocupado por Israel en 1967.
A partir de entonces la Autoridad Palestina considera que su nuevo estatus en la ONU le permitirá acudir eventualmente a la Corte Penal Internacional, ante la que podría demandar a Israel por la ocupación y la progresiva expansión de los asentamientos.
Según explicó la jurista Christiane Chanet, para mantener ese sistema de segregación se necesitan un sistema policial estricto y control militar. Se necesitan puestos de control, violación de la libertad de movimiento, privación del acceso a los recursos naturales, demolición de casas y a veces incluso la destrucción de árboles.
Al respecto resulta interesante la tesis de Ilan Pappé, prestigioso historiador israelí, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa, autor de numerosos libros entre los cuales se destacan A History of Modern Palestine, The Modern Middle East y The Israel/Palestine Question.
Pappé sostiene que la limpieza étnica es un esfuerzo encaminado a homogeneizar un país étnicamente heterogéneo mediante la expulsión de un grupo particular de personas y su conversión en refugiados, lo que se consigue demoliendo los hogares de donde se los ha sacado. Posteriormente, se elimina a los expulsados de la historia oficial y popular del país y se los extirpa de la memoria colectiva.
Y aquello es lo que viene sucediendo, de acuerdo a los términos y definiciones propias del derecho internacional, desde 1948, en Palestina.
Martín Lozada es Juez Penal - Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.
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