El día de hoy, 10 de mayo, se realizó la “2da Marcha de la dignidad nacional” –del monumento a la madre al ángel de la independencia-, la cual estuvo integrada por madres mexicanas y centroamericanas que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos en México. La caravana estuvo acompañada por organizaciones de la sociedad civil que exigen verdad y justicia sobre los miles de casos de desapariciones sin resolver, incluso desapariciones forzadas– es decir, desapariciones ocurridas con la participación de agentes del estado-.
En este sentido, Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México, afirmó mediante un comunicado que “aunque no todos los casos de desapariciones sean casos de desapariciones forzadas, eso de ninguna forma aminora la tragedia que sus familias viven y tampoco disminuye la obligación de investigar estos casos para así garantizar la verdad y la justicia.”
“Hoy 10 de mayo es un día muy especial para muchas mujeres que son madres en México. Sin embargo, para estas mujeres es un triste un recordatorio de la ausencia de sus hijas e hijos” , enfatizó Zapico.
Las madres y familiares de las víctimas se han tenido que enfrentar a enormes dificultades para documentar sus casos y sumar sus voces a las de otras familias para presionar a las autoridades federales y estatales. Es hora de que estas autoridades reconozcan la dignidad de la lucha de las familias y actúen para cumplir con sus justos reclamos qué exigen el esclarecimiento de las desapariciones y llevar ante la justicia a los responsables, puntualizó el comunicado de Amnistía Internacional.
Cabe señalar que recientemente las autoridades mexicanas reconocieron al menos 26 mil casos de desapariciones ocurridas en los últimos años, la mayoría de los cuales permanecen sin ser investigados. Tampoco existe información sobre cuántos de estos casos podrían constituir desaparición forzada.
Asimismo, durante su visita a México, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, señaló una serie de acciones que las autoridades deben implementar para priorizar la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia en garantía del derecho a la vida, entre las cuales se incluyen investigar efectivamente los casos de desapariciones y construir, en colaboración con los gobiernos de Centroamérica, una base de datos de personas desaparecidas que incluya información biométrica.
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