Posicionamiento Semana Internacional del Detenido-Desaparecido

A los medios de comunicación nacionales e internacionales

A las organizaciones hermanas y solidarias

A los sectores organizados

Al pueblo de México

La desaparición forzada de personas es un crimen que en nuestro país ha cobrado miles de víctimas, entre las que se cuentan luchadores sociales, defensores de derechos humanos y pueblo en general. Durante las últimas administraciones federales se ha aplicado de manera sistemática y recurrente lo que constituye una política de Estado, que rebasa los límites sexenales, política basada en el terror que tiene como objetivo combatir y contener el descontento generalizado, ya sea organizado o espontáneo.

Como organizaciones del movimiento popular que hemos abrazado la demanda de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales, consideramos preocupante y alarmante la maniobra política de las instancias gubernamentales al reducir bajo conceptos eufemísticos las cifras de personas que han sido víctimas de la desaparición forzada. Con ello, no sólo se niegan a los desaparecidos sino que expresa el tamaño o carácter de la voluntad política de los gobiernos en turno por una política de Estado que ha sido repudiada por amplios sectores del pueblo.

Afirmar que desde el periodo conocido como la guerra sucia hasta hoy se registran escasos 25 mil casos de personas desaparecidas, no solo constituye una mentira infame, sino que además refleja al carácter antipopular de la administración en turno. No solo se arranca físicamente a la persona, al familiar, sino que se pretende borrar de un tajo también de la memoria del pueblo.

En ese contexto es que no debemos dejar pasar por alto la fecha reivindicativa en que desde hace varios años se mantiene viva la exigencia de presentación con vida y por erradicar este abominable crimen. La semana internacional del detenido desaparecido nos permite a amplios sectores del pueblo mantener en alto las banderas para que los desaparecidos por motivos políticos estén de vuelta a las calles junto con sus hermanos de clase.

En esta condición inhumana de desaparición forzada se encuentran aún los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, reivindicados por el PDPR-EPR, quienes el pasado 25 de mayo cumplieron ya 7 años en esta situación deleznable; Francisco Paredes Ruiz defensor de derechos humanos, Daniela y Virgina Ortiz Ramírez, estudiante de secundaria y maestra de educación indígena integrantes del MULT; Lauro Juárez y Gabriel Gómez Caña integrantes del FPR en Oaxaca y Veracruz respectivamente; Carlos René Román profesor de la sección XXII de Oaxaca…

Los crímenes de lesa humanidad, como política de Estado, no hay rincón donde los distintos niveles de gobiernos en turno no la cometan contra el pueblo, contra quienes en su intento por defenderse dignamente de la represión, opresión y explotación es objeto de este crimen. Es el caso de la compañera Luisa Margaret Castillo Mora, detenida desaparecida temporalmente el 11 de noviembre de 2013 en pleno centro histórico de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, quien días antes, siendo secretaria general del Sindicado de Trabajadores de Confianza, encabezo la toma de la unidad administrativa de esta ciudad; tal crimen se mantiene en la impunidad como los miles de casos en el país.

Sin duda la lista es interminable y con ello se demuestra que este cometido está dirigido a personas que manifiestan su descontento en formas organizativas, pero también existen aquellos que por su condición de clase, es decir, por ser de sectores marginados han sido arrancados de sus familias, configurándose la desaparición forzada por motivos sociales.

A este crimen atroz, hay que agregar las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias que en suma conforman la terrible noche de terror por la que los gobiernos pro oligárquicos y pro fascistas están conduciendo al pueblo. La voracidad y rapacidad imperialistas no tiene límites y la ola de violencia que estamos padeciendo forma parte de la salida a la crisis; todo intento por impedirlo será sofocado a sangre y fuego.

La imposición de leyes neoliberales está íntimamente ligada a la violación permanente de los derechos humanos en el país, ya que con estas se afianza los grilletes de la explotación lo que por ningún motivo puede adornarse en una condición humana. Por otro lado, afianza el Estado policiaco militar cuyos métodos se van haciendo más sutiles en la represión, como lo demuestra la institucionalización del paramilitarismo.

De Calderón a la fecha, la estrategia de combate al crimen organizado ha servido como coartada para cometer los más aberrantes crímenes contra la humanidad, a la vez que permite perfeccionar los métodos coercitivos y represivos. Sobre el ardid de la guerra “frontal” a la inseguridad, a la delincuencia y al narcotráfico se finca la estrategia de desarrollo económico, es decir, sobre la violencia de Estado se pretende paliar la crisis que vive el sistema; nuevamente se exige el baño de sangre para cerrar un ciclo más violento del capitalismo.

El marco jurídico sobre el cual se justifican este tipo de crímenes y violaciones a los derechos humanos, corresponde a los intereses de una clase minoritaria dominante, así, tenemos que cuando se responde a la violencia del Estado con formas organizativas del pueblo, desde instancias donde se supone la protección a los derechos humanos y procuración de justicia, se apresuran a coberturar la acción represiva de los cuerpos policiaco-militares.

Un año más se cumple en la exigencia por la presentación por vida, un año donde la criminalización y el hostigamiento a familiares y organizaciones, seguida de la negativa de dar respuesta sobre el paradero son las constantes.

Hacemos un llamado al pueblo y sus organizaciones a mantener viva la llama de la esperanza por ver nuevamente a los desaparecidos en las calles, marchando hombro a hombro con el pueblo en la conquista de su emancipación.

A la violencia institucionalizada, solo podremos hacer frente de manera organizada y coordinada; contra el terrorismo de Estado, la unidad del pueblo en lucha.

Es por eso, que nuevamente gran parte del conjunto del movimiento popular, el día de hoy estamos realizando movilizaciones políticas en cada una de las regiones donde tenemos presencia, a través de marchas, mítines, conferencias de prensa, pega de carteles, volanteos.

Cada una de éstas acciones demuestra la voluntad de un pueblo que exige el retorno de aquellas personas, luchadores sociales, a nuestros hermanos de clase, con vida y en las calles para seguir luchando.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

¡Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez!

¡Desaparecidos, presentación!

¡Juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

ATENCO. 18 DE MAYO… ¿QUE VA A PASAR EN LA ORILLA DEL AGUA?

ATENCO. 18 DE MAYO… ¿QUE VA A PASAR EN LA ORILLA DEL AGUA?
ATENCO ¿QUEDARÁ EN LA ORILLA DEL AEROPUERTO?
Por la paz un NO A LA GUERRA.

EL COMISARIADO EJIDAL DE ATENCO EN FORMA ILEGAL QUIERE QUE LAS TIERRAS EJIDALES ADQUIERAN LA FORMA DE PROPIEDAD PRIVADA, CON LA ADQUISICIÓN DE DOMINIO PLENO.

Este 18 de mayo el Comisariado Ejidal priísta de San Salvador Atenco intentará realizar una Asamblea General de Ejidatarios para aprobar, en forma por demás ilegal, propuestas que pueden acabar con las tierras que aún son ejidales y con la vida colectiva dentro del Pueblo Indígena de Atenco.

Dos puntos son los fundamentales que el Comisariado quiere que la Asamblea apruebe:

a) Cambio de DESTINO de las tierras de uso común y de los caminos a tierras parceladas.

Las tierras de uso común son las tierras que, en términos legales, “constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas”.

Esta propuesta implica que el Comisariado pretende que las tierras de uso común, igual que los caminos, sean parcelados, es decir, que se entreguen en forma de parcelas a un cierto número de ejidatarios para que, posteriormente, al adquirir dominio pleno, se conviertan en propiedad privada y puedan venderse “sin problemas, ni conflictos sociales”, además de “regularizar” las ventas que ilegalmente ya se están haciendo.

b) Que la Asamblea Ejidal apruebe la adopción de DOMINIO PLENO.

De aprobarse la adopción de dominio pleno del Ejido, cada ejidatario podrá realizar el trámite en forma individualizada, para que su o sus parcelas se conviertan en propiedad privada y, con ello, salgan de la propiedad ejidal.

Las propuestas de la orden del día de esta Asamblea están claras: ACABAR ILEGALMENTE con el Ejido de San Salvador Atenco. Con esta Asamblea se formalizará en Atenco, desde adentro del Ejido, la propuesta salinista de acabar con las tierras ejidales y comunales, para avanzar con los grandes proyectos del capitalismo expansivo que terminan con los tejidos y redes sociales que les estorban. Esto lo estamos viviendo en todas las comunidades indígenas de nuestro país.

El proyecto del aeropuerto es real y es tan real que el Gobierno está buscando presionar a los ejidatarios para la adquisición del dominio pleno, para que conviertan su tierra en propiedad privada y las vendan a los que ya les están ofreciendo migajas por ellas. El Secretario de Economía del Gobierno Federal ha anunciado la construcción del aeropuerto desde febrero de 2013 en supuestas tierras federales del Municipio de Texcoco.

Quisimos informar en forma simple y sencilla, porque este 18 de mayo pueden pasar muchas cosas en la orilla del agua.

El teatro de sombras michoacano

El teatro de sombras michoacano

Luis Hernández Navarro

Como si fuera la función de un teatro de sombras en el que se proyectan marionetas delante de un fondo iluminado para generar la sensación de movimiento, este 10 de mayo se puso en escena la representación del desarme y desmovilización de las autodefensas michoacanas.

Frente al comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Al­fredo Castillo, parte de las autodefensas cambiaron las armas prohibidas y las barricadas por fusiles y pistolas reglamentarios, uniformes de la fuerza rural del estado y un régimen policiaco. “Con esto –di­jo Estanislao Beltrán, Papá Pitufo– ya tenemos un compromiso, somos gobierno”.

La ilusión de movimiento que el montaje quiso crear fue la de los civiles armados michoacanos ciñéndose al ultimátum gubernamental para entregar sus cuernos de chivo a cambio de un fusil R15, una pistola 9 milímetros y 15 balas para la escuadra y 30 tiros para el rifle; la de transportarse en Estaquitas de Nissan en lugar de las camionetotas 4x4; la de actuar en la legalidad en vez de tomar la justicia en sus manos.

Pero ese teatro de sombras no puede ocultar que el 10 de mayo las autodefensas no se desarmaron ni se desmovilizaron, solamente se dividieron. Una parte se sujetó a la voluntad gubernamental, otra se niega a acatarla y varias más se encuentran en el limbo, sin saber aún qué hacer.

En la ceremonia, el comisionado declaró que lo inédito de este movimiento social armado (...) es que en esos días la gente no se levantó contra el Estado, sino para solicitar la presencia del Estado. Y hoy los que representan al Estado son ustedes.

Pero resulta que ese Estado sigue ausente en Michoacán. El mismo Castillo tiene que desplazarse custodiado por un enorme equipo de seguridad, y trasladarse en una Suburban blanca con blindaje tipo 5, que resiste ataques de cañón corto y largo. Como cuenta Arturo Cano, el montaje para anunciar la toma de protesta de la nueva Fuerza Rural estuvo protegido por agentes armados hasta los dientes.

Extorsiones, secuestros, robos, asesinatos siguen siendo un asunto cotidiano en varias regiones de la entidad. No hay indicio de que la producción y tráfico de drogas se hayan frenado. Entre enero de 2012 y marzo de 2014 sólo se lograron decomisar 844 armas de fuego. La maquinaria del narcocapitalismo en Michoacán camina. Los negocios que lavan las ganancias del crimen organizado florecen como siempre.

Las autodefensas no entregaron las armas. Sólo las registraron. Y lo hicieron de manera acotada: según informes oficiales, 6 mil 442, casi 70 por ciento de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Las ametralladoras M50, los Barret y los lanzagranadas que salieron a relucir en diversos momentos del conflicto han desaparecido de la escena.

El gobierno federal calcula –dijo el comisionado– que hay 7 mil pistolas o rifles de alto poder, en manos de las autodefensas. Durante los primeros meses de este año, los civiles armados aseguraron poseer al menos tres veces más. La cifra podría ser mayor. El espejismo de los fierros tiene carta de legitimidad entre la población michoacana.

Un detallado estudio sobre el tráfico de armamento de Estados Unidos hacia México, efectuado por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que en 2007 había en nuestro país 15.5 millones de armas en manos de civiles, una por cada tres adultos. Siete años después, esa cifra alcanza los 20 millones de pistolas, rifles fusiles de asalto o ametralladoras. A esta cantidad hay que sumar los 3 millones 100 mil armas autorizadas por la Sedena. El informe de Naciones Unidas concluye que 23 por ciento del armamento que entró a México desde Estados Unidos entre diciembre de 2006 y marzo de 2010 tuvo a Michoacán como destino principal. Ocupó el segundo lugar Sinaloa, con 9 por ciento del total de las adquisiciones, seguido por Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco. Las autodefensas michoacanas son la nueva Bola, la masa en la que se funden los destinos de quienes están hartos de la inseguridad pública. No hay entre sus integrantes unidad ideológica o política alguna. Su horizonte inmediato consistió en deshacerse de la empresa templaria. Las autodefensas nunca han sido una fuerza homogénea. Son un archipiélago de grupos autónomos, con liderazgos locales, coordinados entre sí. No son iguales la policía comunitaria de Ostula, sujeta a la asamblea general, que los civiles armados de Tepalcatepec, vinculados a Juan José Farías, El Abuelo, acusado de pertenecer al cártel del Milenio, cuyos seguidores se sumaron a la Fuerza Rural. Su unidad siempre fue frágil. Hoy es inexistente. El gobierno federal la hirió de muerte. Sus principales dirigentes están enfrentados entre sí. Unos se han sometido incondicionalmente al comisionado Castillo, otros apuestan por conservar su autonomía. Los primeros destituyeron al doctor Mireles, los segundos lo sostienen.

Por ejemplo, Héctor Zepeda Navarrete, líder de Coahuayana, anunció que para ellos el mando único lo sigue encabezando el médico y sólo de él recibirán órdenes. “Nosotros –dijo– estamos del lado del doctor Mireles, no podemos estar del lado de otras personas y nosotros vamos por un solo camino, que es acabar con Los caballeros templarios. Nosotros no pertenecemos a ningún cártel”.

El plazo fatal del 10 de mayo se cumplió. Es falso –como asegura el comisionado Castillo– que las autodefensas representen al Estado. Siguen sin llegar a la entidad la paz, la estabilidad y el estado de derecho. Permanecen en la cárcel más de 100 integrantes de las autodefensas y en multitud de caminos y carreteras se mantienen retenes.

Antes de la fractura, las autodefensas eran ya un coctel político-social de pronóstico incierto. Coincidían en sus filas, todos armados, grandes agricultores, integrantes de cárteles, migrantes y pueblo llano. Ahora, la mezcla es aún más explosiva. Las consecuencias de su fractura son inimaginables. Por más teatros de sombras que se monten, la seguridad no ha llegado a Michoacán.

Red por la Paz en Chiapas condena la violencia en el caracol de La Realidad

-Pide que se restablezca el diálogo y se investigue el asesinato de José Luis Solís

-Organizaciones en Lieja y Chicago se suman al rechazo a las agresiones contra zapatistas



Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis., 12 de mayo.

Las organizaciones civiles que integran la Red por la Paz en Chiapas condenaron la violencia suscitada el 2 de mayo en la sede del caracol zapatista en La Realidad, en el municipio autónomo San Pedro Michoacán (municipio oficial Las Margaritas). La red reprueba el escenario de violencia en la región y apela a la importancia y urgencia de que se restablezcan los mecanismos de diálogo, acompañados de una investigación pronta y eficaz, y de sanciones a las personas responsables de estos hechos de agresión y el asesinato de José Luis Solís López.

Según los organismos civiles de la red, estos hechos representan la ruptura del proceso de diálogo para resolver un conflicto previo, como señalaron la junta de buen gobierno zapatista y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presente como observador en el proceso de diálogo.

Se trata, prosigue la red estatal, de un ataque al proyecto de autonomía que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha venido construyendo desde hace más de 20 años. Destaca que la agresión se dio en el contexto de nuevas iniciativas públicas del EZLN, las cuales se iban a llevar a cabo a finales de mayo y principios de junio, pero que por estos hechos de violencia se van a suspender.

Conforman la Red por la Paz el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, Centro de Derechos Indígenas (Cediac), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (Coreco), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (Desmi), Frayba, Educación para la Paz (Edupaz), Enlace Comunicación y Capacitación, Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) y Centro de Derechos de la Mujer Chiapas.

Además del asesinato, señala, hubo 15 heridos de las bases de apoyo del EZLN y tres del otro grupo, así como la destrucción de la escuela y la clínica autónomas, resultado de las acciones perpetradas por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (Cioac-H) y los partidos Verde Ecologista de México y Acción Nacional.

En tanto, otra embajada mexicana, esta vez en Bélgica, recibió un escrito en el que ciudadanos de dicho país expresan su repulsa a los hechos. Lo mismo ocurrió en el consulado general de México en Chicago, en Estados Unidos.

El escrito formal que llegó a la legación en Bruselas exige del gobierno de México cese del hostigamiento a las comunidades zapatistas, castigo a los autores materiales e intelectuales y reparación de los daños. La agresión fue perpetrada materialmente por la Cioac-H, cuya relación con el partido del gobernador de Chiapas es pública y notoria, reporta desde Lieja el Collectif Chiapas de Liège.

Es inadmisible que el gobierno mantenga la excusa de 'conflictos intracomunitarios', añade. La recurrente política de los gobiernos federal y estatales ha sido promover y permitir la agresión directa a la lucha zapatista, que hasta ahora ha demostrado siempre no sólo su voluntad sino su gran capacidad de dialogar ante los problemas que originan los gobiernos para crear esos llamados 'conflictos intracomunitarios'.

En Chicago, la Red de Solidaridad con México y el Centro Autónomo de Albany Park manifestaron preocupación profunda ante el clima de hostigamiento y paramilitarización que parece promover el actual gobierno contra los indígenas que han declarado su autonomía e intentan remediar su pobreza con su propio esfuerzo y dedicación.

La tortura se intensificó en México

La tortura se intensificó en México, sostiene el organismo; critica la impunidad
El gobierno de Peña, reacio a asumir compromisos en derechos humanos: AI

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada

Amnistía Internacional (AI) lanzará este martes un reto al presidente Enrique Peña Nieto, al solicitarle que se comprometa a cumplir a la brevedad nueve acciones específicas en favor de los derechos humanos. También presentará su campaña global contra la tortura y un informe sobre esta práctica en el mundo, donde revela que en México se ha intensificado desde que comenzó la lucha contra el crimen organizado.

El secretario general de AI, Salil Shetty, manifiesta –en una carta dirigida al Ejecutivo mexicano– su preocupación porque el gobierno de Peña Nieto se ha mostrado reacio a asumir compromisos públicos claros sobre derechos humanos.

En febrero pasado, un equipo de AI se reunió con el mandatario federal para manifestar su preocupación por las constantes violaciones a esos derechos en México. En el encuentro, en el que también participaron los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, así como el procurador general de la República, Jesús Murillo, Peña solicitó a la organización internacional que le propusiera acciones concretas en la materia.

En respuesta a esa solicitud, la agrupación global dará a conocer hoy las nueve acciones claves que confían sean traducidas en hechos, como indicó en entrevista Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México.

Algunas acciones planteadas por AI a Peña son: emitir una declaración presidencial donde se haga saber que cualquier funcionario federal que no reporte o investigue una violación a los derechos humanos será enjuiciado con base en las normas internacionales en la materia; hacer pública la base de datos de los 26 mil desaparecidos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, abolir la figura del arraigo y crear una base de datos donde se registren todas las detenciones.

Otros señalamientos son: garantizar la implementación total del Código de Justicia Militar reformado, a fin de asegurar que todo el personal castrense implicado en violaciones de derechos humanos contra civiles, cometidas en el pasado o en la actualidad, sea investigado y encausado por el sistema de justicia ordinaria.

Propone además revisar los procedimientos para responder a las denuncias de torturas y otros malos tratos e investigarlas de plena conformidad con el Protocolo de Estambul, lo que incluye la reforma de los procedimientos especiales aplicados por la Procuraduría General de la República y otros protocolos; adquirir un compromiso político y económico claro con la implementación de las recomendaciones preliminares del relator especial de Naciones Unidas sobre tortura –que visitó recientemente el país– e instaurar un mecanismo de vigilancia independiente con la sociedad civil para evaluar su cumplimiento.

Vemos con preocupación que no hay un compromiso presidencial claro para atender las violaciones a estos derechos. En la reunión (de febrero) vimos mucha voluntad política, pero no basta con declaraciones y buenas intenciones, se necesitan hechos, subrayó el director de la organización en México.

En su misiva, el secretario general de AI a escala global indica que en reiteradas ocasiones este organismo ha documentado que en México la impunidad está arraigada debido a la ausencia de respuesta de las autoridades a las denuncias de violaciones a esas garantías. Por ello, agrega que si el gobierno de Peña se compromete en serio con los derechos humanos, deberá cambiar radicalmente su respuesta a las denuncias de presuntas víctimas de abusos y violaciones.