Derribando el mito del desarrollo: La Tirana, El Salvador

Esta publicación forma parte del proceso de documentación realizado por la Caravana Climática, una gira de acción por América Latina que recolectaó historias de pueblos que luchan en defensa de la tierra y por justicia climática. 

El Salvador, país con apenas 21 mil kilómetros cuadrados y poco más de 6 millones de habitantes, representa un territorio en constante tensión. Las contradicciones emanadas de las políticas de un gobierno heredero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, se subsumen al intervencionismo financiero impuesto por los Estados Unidos, chocan estrepitosamente con el rechazo de proyectos que lesionan los territorios y amenazan los bienes comunales de lxs salvadoreñxs. Se trata de una guerrilla institucionalizada que –al tornarse agradable a los ojos de la cúpula empresarial con las elecciones de 1994 y tras la firma de los acuerdos de paz en 1992– le ha dado la espalda a toda una generación de mujeres y hombres que decidieron luchar por la construcción de un país con justicia y dignidad.

Como uno más de los Estados en el continente etiquetados como «progresistas», el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, investido el 1º de junio pasado como el segundo presidente del FMLN, promueve y acepta la «ayuda» de Estados Unidos; nación que desde 2009, año en que los otrora guerrillerxs tomaron el poder, ha utilizado la agenda económica para injerir en el oficialismo salvadoreño, al tiempo que se pretende olvidar que fue el mismo país que financió a la contrainsurgencia durante el periodo de conflicto interno, desarrollado durante la década de los ochenta.

La alineación con políticas impuestas desde el extranjero se evidencian en casos como el ocurrido en mayo de 2014, cuando el gobierno norteamericano chantajeó al Estado salvadoreño para imponer la distribución de semillas para familias campesinas de mano de trasnacionales como Monsanto (en lugar de continuar con su política de compra a cooperativas nacionales) a cambio de la liberación de 277 millones de dólares a través del Millenium Challenge Corporation.

DOCSONORO: El Salvador, bosque de manglar como habitar

01:56

10:00

La mentira perpetuada en el nuevo milenio

En El Salvador y el mundo son evidentes las implicaciones negativas en lo social, cultural, económico, político y un sinfín de esferas donde se desenvuelve la vida humana, donde el mito del desarrollo ha dañado y marginado el bienestar comunitario; donde mediante maniobras de manipulación se venden falsas fórmulas de crecimiento y progreso, las cuales reinterpretan e imponen en la realidad proyectos que, a través de la voracidad con que los mercados exigen más y mayores ganancias en plazos cada vez más cortos, configuran un sistema depredador de bienes y comunidades.

Desde nuestras latitudes, la nomenclatura impuesta desde el norte global de los autodenominados «países desarrollados» y aquellos del «tercer mundo», se juegan tensiones acerca del modelo impuesto para producir el bienestar social. Sin embargo, el supuesto estado de subdesarrollo con el que se identifica a la región latinoamericana, no es una fase previa al desarrollo sino que es su producto y un modo particular de insertarse en la configuración del modelo de desarrollo actual. Es ahí en donde le ha tocado jugar el papel del subdesarrollo para sostener los beneficios que nutren a los llamados países desarrollados, y en buena medida es resultado del colonialismo y del imperialismo machacado durante años a través de políticas de Estado que buscan estar en sintonía con las exigencias de bienes desde los países industrializados.

El subsecretario adjunto del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Walter Bastian, detalló en 2006 que no creía que un eventual triunfo del FMLN hiciera retroceder el TLC y que existe interés de parte de muchos empresarios norteamericanos en invertir en El Salvador y en Centroamérica. «Este no es un tema de izquierdas, derechas o centros. Me encantaría ver al político que diga no quiero ver crecer la economía. Eso es una locura», dijo. Agregó que «todos los políticos quieren ver mejoras entre la población aunque también todos quieren ser electos».

El caso salvadoreño demuestra esto a través de la negociación, aprobación y ejecución del Fondo Para el Milenio. Mientras que en los años de oposición a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el FMLN rechazaba proyectos como el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) es ahora el mismo que, como partido dominante, ratifica su inclusión en dichos pactos neoliberales. Evidencia de ello son las declaraciones del nuevo presidente cuando mostró el interés de «lograr un acuerdo para el desembolso de los fondos del Millenium Challenge Corporation dentro de los primeros días» de su periodo, confirmando lo que para funcionarios del comercio de Estados Unidos es un dogma:en el poder no hay izquierdas ni derechas, sólo negocios.

Dicho Fondo nació en el contexto de la Cumbre del Milenio convocada por la ONU en septiembre del 2000, y que entre sus objetivos principales, pretendía cumplir con «ocho propósitos de desarrollo humano que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015»; estatutos demagógicos que a un año de alcanzar el tiempo fijado para su obtención, se encuentran cada vez más distantes e inalcanzables. La verdadera intención del gobierno estadounidense se devela en la manera en que manipula aquel Fondo, a través de la organización FOMILENIO, el cual debiera servir para cumplir con los objetivos del mentado proyecto, pero que en la práctica impulsa planes maquinados por empresas trasnacionales. Por ejemplo, la promoción para construir la carretera trasnacional del norte y el desarrollo de los megaproyectos turísticos en la zona de la Bahía de Jiquilisco, en el Bajo Lempa, donde una extensa zona de manglares sería destruida para la edificación del nuevo «Cancún de Centroamérica».

Organización para la defensa del manglar

Muchas comunidades de la Bahía de Jiquilisco fueron obligadas a abandonar la zona del Bajo Lempa en la época de la conflicto civil armado debido a los bombardeos y la persecución que hizo el gobierno militar contra la población entre los años de 1985 y 1990.La Tirana, comunidad punchera (el punche es una especie de cangrejo que vive en bosques salados) y campesina fue una de las muchas que expulsó a sus habitantes a migrar durante esa época. Actualmente entre el verdor de los árboles frutales y el fresco de los manglares habitan 22 familias quienes después de reocupar la zona miran hoy como nueva amenaza a la crisis climática mundial, la cual ha provocado que el mar se haya comido hasta ahora más de 120 metros del bosque de manglar, poniendo en riesgo el equilibrio del ecosistema en donde obtienen su sustento diario.

«Desde 1970 hasta la actualidad, El Salvador ha perdido 60% del bosque de manglar».

Aunado a ello la implementación de un Plan Nacional de Turismo (impulsado desde la gestión del expresidente Mauricio Funes, pero con rastros de su preparación desde 2004) con proyección a 2020 como parte del plan rector del desarrollo salvadoreño plantea «la construcción de al menos 350 nuevos hoteles de lujo para ofrecer 23 mil habitaciones para los turistas que se quieren atraer en la zona». Dichas estimaciones hechas por el ministerio de turismo por medio del PNT buscan que el número de turistas llegue a 12 millones de personas para el 2020, hecho que implicaría la destrucción de 20 mil hectáreas de manglares para lograrlo; significaría el ecocidio del mayor manglar centroamericano del océano pacífico.

Bonifacio Cañas, integrante de las recién creada Asociación de Comunidades del Manglar por la Defensa del Territorio en la Bahía de Jiquilisco (ACOMADET, fundada el 21 de mayo del 2014 e integrada por 18 comunidades en una zona con más de 1, 600 hectáreas) explica que la aprobación de megaproyectos turísticos y desarrollos inmobiliarios que amenazan el ecosistema de los manglares y la sobrevivencia de las comunidades que ahí habitan, replican la historia producto de la guerra civil: ya que traerían consigo el desplazamiento forzado de personas y familias enteras, haciendo alusión al recuerdo de cuando de pequeño tuvo que migrar a San Salvador.

Las comunidades de la Bahía de Jiquilisco no han sido atendidas, ni consultadas en cuanto a la implementación de los Fondos del Milenio que se están proyectando para ser utilizados en proyectos de transformación en las inmediaciones de los manglares y el río Lempa. Hasta ahora no se les ha preguntado cuáles son los problemas a los que se enfrentan, como lo son la falta de instalaciones adecuadas para el mejoramiento del servicio del agua potable o instalaciones eléctricas; e incluso el mal estado de los diques a lo largo del Lempa y otros ríos que deterioran la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.

Mapa de El Salvador, resalta ubicación de la región del Bajo Lempa y la Bahía de Jiquilisco.

A pesar de ello los habitantes no están en contra del turismo. En la zona se recibe gente para visitar el bosque de manglar, observar aves e incluso para hacer surf, pero todo ello a baja escala, beneficiando y dejando una derrama económica importante para las familias, quienes han logrado generar y operar planes locales de mitigación y adaptación al cambio climático y los efectos directos que está imprimiendo en la zona.

Según el Plan Nacional de Turismo, «El Salvador será un destino turístico sostenible y competitivo refrente en Centroamérica».

En cambio, se pretende la imposición de mega proyectos turísticos, como campos de golf y hoteles de lujo, en donde pudimos constatar que algunas piezas para su concreción ya avanzan; además de la aprobación de 13 planes mediante el programa de Apuesta por Inversiones (donde se encauzan los recursos desde fomilenio) y que contemplan seis iniciativas turísticas, tres agroindustriales, dos energéticas, una acuícola y otra aeronáutica bajo el amparo del «interés nacional» avalado por el PNT 2020, quienes aceleran la implementación de dichos proyectos con el aval y financiamiento de entes internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.

Pese a que la amenaza representada en la expansión turística se cierne sobre las comunidades integrantes de la ACOMADET, existe otro peligro que se va extendiendo por las tierras de los campesinos: actualmente el monocultivo de caña se está empoderando de los espacios tradicionalmente dedicados a la agricultura tradicional. Desde octubre de este año 2014, terratenientes de la península de San Juan el Gozo pretenden ocupar aproximadamente 400 hectáreas para la siembra de caña de azúcar, los cuales contemplan la implementación de agroquímicos como el infame Roundup de Monsanto, que después de cumplir su función herbicida de amplio espectro, irán posteriormente a parar a los estuarios que corren hacia los bosques salados, aumentando el riesgo para el frágil ecosistema de manglar que de por sí es azotado ya por las consecuencias de la crisis climática.

Ante esta situación, el pasado miércoles 12 de noviembre, 60 personas representantes de ocho comunidades se congregaron en la zona donde se pretendían poner en marcha los tractores para preparar la tierra para el monocultivo, refirmando la postura de los habitantes de la Bahía de Jiquilisco, quienes defienden a toda costa las tierras cultivables y la biodiversidad completa de la zona, preservándolas sanas para las futuras generaciones y el mundo. Las comunidades reiteran su decisión a favor de la vida y la diversidad y por ello han asistido a la alcaldía de Jiquilisco para demandar a las autoridades locales la prohibición del monocultivo de caña en la región.

La región se encuentra en una grave tensión debido a la voracidad y atropello con que estos proyectos pretenden instaurarse en contra de los deseos y necesidades de los pobladores, planes que lejos de desvanecerse, permanecen latentes como una amenaza y sentencia a cumplirse en una de las regiones más frágiles de El Salvador, aquel país que apuesta por superar condiciones de pobreza para alcanzar promesas de «desarrollo» sacrificando comunidades y ecosistemas enteros.

Resistiendo ante la minería y la Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero

Por Ingrid Fadnes / Cartografía: Agencia Subversiones

La Montaña de Guerrero. Fotografía: Heriberto Paredes

La tierra que nos vio nacer, que nos da la vida y finalmente descansamos en ella eternamente. Por eso somos todos los colores que somos, todas las lenguas que hablan nuestros corazones, por eso somos pueblos, somos tribus y somos nación. Somos los y las guardianas y guardianes de estas tierras, de este país México, de este continente y del mundo.

Segunda declaración de la compartición CNI-EZLN, Sobre el despojo a nuestros pueblos, 16 de agosto de 2014

El 6 de octubre del 2012, los pueblos originarios de la comunidad de Ciénega, municipio de Malinaltepec, en la Montaña alta de Guerrero, convocaron a otros pueblos al «Foro Regional en Defensa de nuestros territorios y contra el proyecto federal de la Reserva de la Biosfera».

Previo a este evento, los comuneros denunciaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno por impulsar la creación de la Reserva de la Biosfera sin dar información y realizar consultas reales con las comunidades afectadas.

A los engaños del gobierno nuestra respuesta es organizarnos. Vamos a defender nuestro territorio, nuestro recurso. Vamos a defender la herencia que nos dejaron nuestros abuelos, dice Apolonio Cruz Rosas, comisariado de bienes comunales de la comunidad Santa Cruz el Rincón, Guerrero.

El 6 de septiembre de 2012, un mes antes, apareció una nota en el periódico El Sur informando que se firmó un convenio en presencia de Taurino Hernández Moreno, Coordinador Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Carlos Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN) y el rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) Rafael Aréstegui Ruiz, quien firmó el convenio, para crear la Reserva de la Biosfera en 6 municipios de la Montaña Alta y Costa Montaña de Guerrero. Los municipios dentro de la reserva son Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Iliatenco y San Luis Acatlán, abarcando en total 157 mil 896 hectáreas, en donde viven 207 comunidades con 153 mil 23 habitantes.

Fue después de conocer el Decreto sobre la Reserva de la Biósfera –no por consultas, sino por una nota periodística– que las comunidades se unieron para empezar un proceso de foros sobre las consecuencias de la reserva y también para discutir las experiencias de otras comunidades en México que han sido afectadas por reservas federales, tanto como por concesiones y exploraciones de empresas mineras. En la invitación al primer foro, denunciaron a Mansur, Moreno y al (ex) rector Aréstegui. «Las autoridades no toman en cuenta los derechos de las etnias y mucho menos se preocupan de proteger los territorios y respetar la libre autodeterminación de los pueblos», señalaron las comunidades en un comunicado donde explican que no se les informó ni se consultó a los pueblos indígenas antes de firmar un decreto.

La comunidad de Pascala del Oro ha sido uno de los escenarios de los procesos sociales al interior del tejido comunitario en La Montaña. Fotografía: Heriberto Paredes

La preocupación de las comunidades afectadas por la Reserva de la Biósfera es que es la palanca que abre brecha para una exploración minera en la región.

Proteger el medio ambiente para venderlo

Existen leyes para proteger el territorio indígena de la imposición del los gobiernos y/o empresas, sólo que cuando hay intereses económicos empaquetados dentro de un discurso de biodiversidad y equilibrio ecológico, cambian las reglas del juego. El gobierno federal establece por ley el derecho de aprobar reservas federales sin ningún permiso o consulta de los pueblos que viven en dicha región. Implementando la «Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente» pueden empezar a regular las actividades y despojar los pueblos de sus territorios.

Con la aprobación de la reserva y la ley las comunidades ya no pueden abrir caminos, brechas, nuevos tlacololes, ni sembrar o trozar árboles, sacar leña, ni cazar animales, hacer ruido o usar lámparas. Se despoja los pueblos del uso común de sus territorios. En cambio, la misma reserva y ley, da otros permisos para el gobierno. Se puede hacer investigación científica, pueden extraer plantas para la biotecnología, extraer animales para la investigación, ecoturismo y explotación de minerales y maderas. Para proteger la reserva el gobierno es quien nombra una dirección para vigilar y administrar. Puede ser el ejército o la policía federal y a quien no respeta lo que se establece dentro de la reserva se le aplican leyes federales.

La minería a cielo abierto para la extracción de oro ha dejado incontables efectos negativos en la salud de los habitantes de Carrizalillo. Fotografía: Cristian Leyva

Aréstegui, a respuesta a la denuncia de las comunidades, afirmó que «no hay tal imposición, ni para crear una reserva para las mineras, eso es algo de manera alarmista para propiciar un enfrentamiento», afirmó además, que decir algo así era «maniqueo y perverso». Como pretexto para establecer la reserva se da énfasis en la biodiversidad en el área y la importancia de mantenerla. La CONANP señala que en esta área existe 134 especies de plantas, las cuales están representadas en 96 géneros y 67 familias, pruebas claras que dan sentido a la elaboración un decreto para arrebatar el territorio a los pueblos que lo habitan. «La ecoregión», como le llama el Estudio Justificativo para el Establecimiento del Proyecto, representa ecosistemas globalmente importantes: los bosques de pino encino, el bosque de encino y el bosque mesófilo de montaña. Según estudios de CONABIO los principales factores que amenazan la biodiversidad de México y provocan la pérdida de los hábitats son: el aumento de las presiones antropogénicas que serian las actividades agropecuarias, la infraestructura humana y los centros de población.

El discurso del Estado a través de múltiples instituciones y secretarías empieza a llegar a un «molde conocido». Por ejemplo, Manzur, de SEMAREN, manifestó en el boletín sobre la reserva que «el interés de concretar este proyecto en Guerrero, una de las entidades con menor número de áreas naturales protegidas, es, no solamente garantizar la protección de los abundantes recursos naturales, sino también impulsar un programa de aprovechamiento y desarrollo sustentable que impacte positivamente en la vida social y productiva de la población de esta zona indígena». Sin tomar en consideración que esta diversidad biológica (que ahora quieren proteger), los animales silvestres, y las fuentes de agua, existe gracias a las comunidades de la Montaña y su conocimiento ancestral de cómo vivir con la naturaleza.

Este bosque está porque nuestros antepasados supieron cuidar el bosque. Saben cómo. La gente cuida. Ahora el gobierno dice que el va a cuidar. Quien autoriza la tala del pino? Llega al grande cantidad a la capital. Los incendios en las orillas de Chilpancingo, ¿cómo lo hacemos? Nos organizamos y lo apagamos. La palabra del gobierno se preocupa por el bosque, pero en los hechos esto se trata de una exploración de los recursos naturales, dice Apolonio Cruz Rosas.

Los comuneros de las Montañas han invitado compañeros del estado de Chiapas para contar sus experiencias dentro de la Reserva Montes Azules. También han visitado la mina Carrizalillo en el municipio Eduardo Neri, en el mismo Guerrero, para ver con sus ojos propios las destrucción que traen las mineras que operan al cielo abierto.

Escuchando al secretario del SEMAREN hablar de desarrollo sustentable, sobre una Reserva de la Biósfera, resuena al mismo discurso que se ha usado y que se sigue usando como pretexto para seguir con la política «proecológica» en el estado de Chiapas. El ex gobernador, Juan Sabines –del PRD– se hizo famoso con inolvidables frases mientras presentaba el proyecto REDD+ para los comuneros (seleccionados) de la Selva Lacandona en Chiapas: “Sus hijos y sus nietos se lo van a agradecer porque de eso van a vivir, porque van a recibir dinero por estarla cuidando, apostémosle a ellos, los que están chiquitos, para que ustedes tengan la certeza de qué van a vivir sus hijos en el futuro, van a vivir de la conservación de las reservas, del turismo y de la producción de hule o de palma de aceite”. Aseguró que los campesinos indígenas «ya no tienen que sembrar más maíz, porque van a vivir (sobrevivir) como guardabosques». En el boletín del SEMAREN sobre la reserva se asegura que el proyecto tiene «la finalidad de conservar la biodiversidad y a partir de ello generar progreso y bienestar social». A través del discurso buscan la justificación para despojar a los pueblos, para abrir camino para el capital.

El camino a una exploración minera, pasa por la fundación de una reserva natural

Una quinta parte de México está concesionada a alguna empresa minera. En total estamos hablando de que 36 millones de hectáreas están en manos de mineras que tienen la preferencia sobre cualquier otro uso del suelo –sea de los derechos de las poblaciones que están ahí o si es un patrimonio cultural– y pueden operar por encima de la reglamentación sobre el medio ambiente. México es el primer receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) para la exploración minera a nivel regional. Así, de acuerdo con la Secretaría de Economía, México ocupa el sexto lugar mundial en inversión minera y se encuentra entre los 10 principales productores de 16 minerales (es el primero en plata, el séptimo en oro y el décimo en cobre). El 69% de las empresas extranjeras en la minería son canadienses.

Lo que analizamos en el primer foro en contra de la biósfera era que el gobierno del estado de Guerrero mandó una petición al gobierno federal para que se decretara una Reserva de la Biósfera en la Montaña. En este momento se sabía que habían concesiones mineras y que las empresas transnacionales estaban esperando para que las comunidades fueran consultadas para que entrara la minería. La consulta estaba prevista para hacerse en la Universidad Intercultural. El primer paso en la consulta era que tenían que estar con el decreto de la reserva. Empezamos a estudiar la ley de equilibrio ecológico en México y descubrimos que la biosfera permite la minería, es como atribución de quien la administra la reserva. Dice Luisa Guzmán que forma parte del equipo del Centro de Estudios Ecuménicos de la Ciudad de México.

La extracción del codiciado mineral en el corazón el «cinturón de oro» ha ocasionado disputas por el control del negocio. La violencia es una de las principales características de esta actividad. Fotografía: Cristian Leyva

Otras experiencias con la agresiva expansión de las mineras, particularmente las canadienses, despiertan la conciencia y la rabia:

La minería en México es un asunto de la colonización. Es la misma exploración histórica y las empresas y el gobierno piensa que puede pasar por encima de los pueblos. La preocupación no solo es la contaminación, sino que en Guerrero, en esta zona, y creo que en gran parte del estado, conservan un sistema comunitario de decisiones colectivas y este tipo de acciones empieza fragmentar el tejido y empieza a dividir comunidades.

Máquina de la antipolítica

«No es una máquina para eliminar la pobreza que incidentalmente se involucra con la burocracia estatal; se trata de una máquina para el refuerzo y la ampliación de la burocracia estatal; se trata de una máquina para reforzar y ampliar el ejercicio del poder burocrático del Estado, que tiene casualmente la pobreza como su punto de entrada al lanzamiento de una intervención que puede no tener ningún efecto en la pobreza, pero que, de hecho, tiene otros efectos concretos« (Ferguson, 1994). Esta despolitización de la «máquina de la anti política» se manifiesta en programas de desarrollo que se enmarcan en «el lenguaje neutral de la ciencia». Ya sea iniciada por el Estado o por otros expertos, planes de mejora se elaboran a partir de un repertorio existente de diagnósticos, recetas y técnicas. Debido a esto hay muchos aspectos de las intervenciones de desarrollo que de hecho son «estandarizados» y aplicados de la misma manera de un lugar a otro. En el caso de Guerrero, como en muchos otros, el pretexto para implementar diversos programas ligados a la biodiversidad –sea Pagos por Servicios Ambientales (PSA) o decretos para establecer una Reserva de la Biósfera– se encuentra en la «política rural sustentable». El discurso hace énfasis en el crecimiento poblacional, la pobreza y la dispersión de la población y lo mezcla o relaciona directamente con la deforestación el agotamiento de agua, etc.

Tierra Colorada, una comunidad enclaustrada en el corazón de la Montaña. Fotografía: Heriberto Paredes

Como respuesta a la política agresiva capitalista del gobierno mexicano queda la organización. Hasta ahora se ha organizado 16 Foros regionales:

Mejor nos organizamos, vamos defender nuestro territorio, nuestros recursos, vamos a defender la herencia que nos dejaron nuestros abuelos. Queremos invitar a más gente a integrarse al movimiento. El Consejo de Autoridades Agrarias está abierto para quienes gustan participar y contribuir con nosotros a defender nuestro territorio, afirma Apolonio Cruz Rojas.

«La represión que los malos gobiernos han ejercido en contra de nuestros pueblos es en respuesta a nuestra decisión de no parar nuestra resistencia para no dejar de existir por obra de la cruenta guerra de exterminio. No tiene que ver solo con una persecución política, sino que es una reacción de los que arriba diseñan el despojo para consolidar sus intereses asentados sobre la explotación, el despojo, la represión y el desprecio que pueden tomar diferentes rostros y reflejos», posicionamiento del Congreso Nacional Indígena (CNI) del pasado 22 de marzo de 2015, sobre la ola represiva en contra de los pueblos.

Imperialismo usa el terror, ejecuciones y desplazamientos para adueñarse de territorios:

La desaparición forzada ha sido calificada por diversos activistas y académicos como una política de Estado implementada para esparcir terror en la sociedad y poder controlar a las poblaciones, al tiempo de inhibir la acción organizada y destruir cualquier intento de que la sociedad se una para exigir el respeto a los derechos humanos, y sobre todo justicia por la violación de éstos.

En este sentido, se ha argumentado que esta clase de fenómenos tienen como objetivo dejar el camino libre para la implementación de políticas y proyectos capitalistas, pues al desarrollar prácticas como la desaparición forzada, que constituyen el terrorismo de Estado y causan la parálisis de la sociedad a través del miedo, puede dejarse el terreno para que pase cualquier decisión sin obstáculo de grupos opositores de la sociedad.

Al respecto, el periodista Federico Mastrogiovanni, quien ha seguido muy de cerca el tema, afirma que para poder permitir la implementación de proyectos de corte neoliberal y ceder los recursos al capital, los que ostentan el poder han identificado como necesario crear terror sobre las comunidades, esto a través de acciones específicas donde “la desaparición forzada es una forma para hacerlo y es de las más efectivas”.

En tal sentido, el Dr. Gilberto López y Rivas asegura que la desaparición forzada se constituye como una política de Estado, sin embargo, enfatiza, ha estado presente en diversos periodos y ha tenido características distintas.

El académico señala que durante la llamada guerra sucia, el desarrollo de esta clase de prácticas se focalizó para aniquilar a los grupos subversivos.

“Si nosotros vemos el caso de la guerra sucia de los años 60,70, 80 observamos que estaba focalizada o centralizada en lo que podría ser los esfuerzos del Estado para aniquilar grupos de jóvenes que habían ido a la guerrilla, y se dio a través de grupos paramilitares, como la brigada blanca. Una verdadera cacería de estos jóvenes; familias enteras que participaron en la guerrilla de esos años y que fueron aniquilados por estos verdaderos escuadrones de la muerte”, señaló.

En lo referente asegura que en la actualidad, la puesta en marcha de prácticas como la desaparición forzada, que configuran el terrorismo de Estado, está relacionada con la implementación del capitalismo a nivel mundial.

“Observamos que hay un cambio cualitativo a nivel planetario que coincide claramente con lo que podría ser esta mundialización capitalista que invade territorios en búsqueda de recursos naturales y estratégicos. Esta expansión del capital neoliberal tiene lugar a partir de los 80 y creo que Chile fue un experimento de la imposición de este sistema, y si analizamos este caso, fue a partir de una cruenta dictadura militar (con prácticas como de la desaparición forzada) que se impuso este sistema. Es decir se estaban dando los experimentos sociales de como imponer un sistema (capitalista) de esta naturaleza, cómo quebrar voluntades, cómo destruir organizaciones, cómo aniquilar gente, cómo aterrorizar”, apunta.

López y Rivas asegura que en esta oleada del capitalismo, el papel del Estado ha sido ejercer el control a través de la fuerza.

“En esta política de una brutalidad extractivista que invade territorios, que saquea, que aniquila, que causa desplazamiento y que causa violencia, observamos que el papel del Estado es precisamente ejercer este dominio en el terreno de lo policiaco, de lo militar, de los grupos de inteligencia para aniquilar la resistencia que ofrecen los pueblos frente a esta invasión de sus territorios y frente a este saqueo permanente de sus recursos naturales y estratégicos”, dijo.

Aunado a lo anterior, apunta que esta clase de estrategias del terrorismo de Estado buscan quebrar las voluntades y aterrorizar, de tal manera que se destruya la organización “particularmente las que más teme el imperialismo que son las formas de organización comunitarias y políticas, que vislumbran un mundo distinto al capitalismo”.

De igual manera, el académico detalla que se pude considerar como terrorismo de Estado a esta clase de prácticas que generan presión porque emprende acciones a partir de lo ilegal y lo clandestino, partiendo “de una generalizada forma de acciones en el mundo de los secreto, de los clandestino, de la utilización, incluso, de grupos que actúan con tareas del Estado”.

“No es para nada una coincidencia que el llamado crimen organizado actué en una gran complicidad, por ejemplo, con las compañías y corporaciones mineras. Que actué con el ejército para conformar grupos paramilitares. Estamos observando aquí una verdadera distribución de tareas con un mismo objetivo: el desplazamiento, el aniquilamiento, la ejecución, de tal manera que asistimos a lo que es una verdadera guerra”, dijo.

Asimismo, explica que hoy en día en el mundo se observa una clase de reconfiguración del capitalismo a través de una dimensión militar, que toma como punto de partida y justificación el combate al terrorismo y al narcotráfico.

“Muchos analistas hablan de esta especie de reconfiguración mundial del capitalismo, que tiene una dimensión militar de control de población y que se usa a partir de dos supuestas guerras: la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico. A partir de esto, en los últimos dos periodos presidenciales, en México el resultado de estas guerras ha sido no sólo los cerca de 150 mil muertos, los miles de desplazados que van casi al medio millón, los miles de desaparecidos forzados, sino también la virtual adición de nuestro país a los planes estratégicos del gobierno de los EEUU en cuanto a su papel en América Latina, por ejemplo, y en cuanto al control que tiene EEUU de nuestras fuerzas federales que se han convertido en verdaderos ejércitos de ocupación interna”, asegura.

Al respecto, López y Rivas manifiesta la importancia de analizar los cambios que se están dando a nivel global, en donde el “imperialismo no duda en utilizar el terror a nivel planetario, que hace ejecuciones en el lugar que le plazca”.

“Nos vemos enfrentados a una situación de terrorismo de Estado que es replicada en países tutelados como el nuestro. Es decir estamos ante la presencia de lo que podría ser un Estado criminal, que practica el desvió de poder, fuera de la ley, fuera del Estado de derecho en donde reina la impunidad”, finaliza.