Por Ingrid Fadnes / Cartografía: Agencia Subversiones
La Montaña de Guerrero. Fotografía: Heriberto Paredes
La tierra que nos vio nacer, que nos da la vida y finalmente descansamos en ella eternamente. Por eso somos todos los colores que somos, todas las lenguas que hablan nuestros corazones, por eso somos pueblos, somos tribus y somos nación. Somos los y las guardianas y guardianes de estas tierras, de este país México, de este continente y del mundo.
Segunda declaración de la compartición CNI-EZLN, Sobre el despojo a nuestros pueblos, 16 de agosto de 2014
El 6 de octubre del 2012, los pueblos originarios de la comunidad de Ciénega, municipio de Malinaltepec, en la Montaña alta de Guerrero, convocaron a otros pueblos al «Foro Regional en Defensa de nuestros territorios y contra el proyecto federal de la Reserva de la Biosfera».
Previo a este evento, los comuneros denunciaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno por impulsar la creación de la Reserva de la Biosfera sin dar información y realizar consultas reales con las comunidades afectadas.
A los engaños del gobierno nuestra respuesta es organizarnos. Vamos a defender nuestro territorio, nuestro recurso. Vamos a defender la herencia que nos dejaron nuestros abuelos, dice Apolonio Cruz Rosas, comisariado de bienes comunales de la comunidad Santa Cruz el Rincón, Guerrero.
El 6 de septiembre de 2012, un mes antes, apareció una nota en el periódico El Sur informando que se firmó un convenio en presencia de Taurino Hernández Moreno, Coordinador Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Carlos Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN) y el rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) Rafael Aréstegui Ruiz, quien firmó el convenio, para crear la Reserva de la Biosfera en 6 municipios de la Montaña Alta y Costa Montaña de Guerrero. Los municipios dentro de la reserva son Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Iliatenco y San Luis Acatlán, abarcando en total 157 mil 896 hectáreas, en donde viven 207 comunidades con 153 mil 23 habitantes.
Fue después de conocer el Decreto sobre la Reserva de la Biósfera –no por consultas, sino por una nota periodística– que las comunidades se unieron para empezar un proceso de foros sobre las consecuencias de la reserva y también para discutir las experiencias de otras comunidades en México que han sido afectadas por reservas federales, tanto como por concesiones y exploraciones de empresas mineras. En la invitación al primer foro, denunciaron a Mansur, Moreno y al (ex) rector Aréstegui. «Las autoridades no toman en cuenta los derechos de las etnias y mucho menos se preocupan de proteger los territorios y respetar la libre autodeterminación de los pueblos», señalaron las comunidades en un comunicado donde explican que no se les informó ni se consultó a los pueblos indígenas antes de firmar un decreto.
La comunidad de Pascala del Oro ha sido uno de los escenarios de los procesos sociales al interior del tejido comunitario en La Montaña. Fotografía: Heriberto Paredes
La preocupación de las comunidades afectadas por la Reserva de la Biósfera es que es la palanca que abre brecha para una exploración minera en la región.
Proteger el medio ambiente para venderlo
Existen leyes para proteger el territorio indígena de la imposición del los gobiernos y/o empresas, sólo que cuando hay intereses económicos empaquetados dentro de un discurso de biodiversidad y equilibrio ecológico, cambian las reglas del juego. El gobierno federal establece por ley el derecho de aprobar reservas federales sin ningún permiso o consulta de los pueblos que viven en dicha región. Implementando la «Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente» pueden empezar a regular las actividades y despojar los pueblos de sus territorios.
Con la aprobación de la reserva y la ley las comunidades ya no pueden abrir caminos, brechas, nuevos tlacololes, ni sembrar o trozar árboles, sacar leña, ni cazar animales, hacer ruido o usar lámparas. Se despoja los pueblos del uso común de sus territorios. En cambio, la misma reserva y ley, da otros permisos para el gobierno. Se puede hacer investigación científica, pueden extraer plantas para la biotecnología, extraer animales para la investigación, ecoturismo y explotación de minerales y maderas. Para proteger la reserva el gobierno es quien nombra una dirección para vigilar y administrar. Puede ser el ejército o la policía federal y a quien no respeta lo que se establece dentro de la reserva se le aplican leyes federales.
La minería a cielo abierto para la extracción de oro ha dejado incontables efectos negativos en la salud de los habitantes de Carrizalillo. Fotografía: Cristian Leyva
Aréstegui, a respuesta a la denuncia de las comunidades, afirmó que «no hay tal imposición, ni para crear una reserva para las mineras, eso es algo de manera alarmista para propiciar un enfrentamiento», afirmó además, que decir algo así era «maniqueo y perverso». Como pretexto para establecer la reserva se da énfasis en la biodiversidad en el área y la importancia de mantenerla. La CONANP señala que en esta área existe 134 especies de plantas, las cuales están representadas en 96 géneros y 67 familias, pruebas claras que dan sentido a la elaboración un decreto para arrebatar el territorio a los pueblos que lo habitan. «La ecoregión», como le llama el Estudio Justificativo para el Establecimiento del Proyecto, representa ecosistemas globalmente importantes: los bosques de pino encino, el bosque de encino y el bosque mesófilo de montaña. Según estudios de CONABIO los principales factores que amenazan la biodiversidad de México y provocan la pérdida de los hábitats son: el aumento de las presiones antropogénicas que serian las actividades agropecuarias, la infraestructura humana y los centros de población.
El discurso del Estado a través de múltiples instituciones y secretarías empieza a llegar a un «molde conocido». Por ejemplo, Manzur, de SEMAREN, manifestó en el boletín sobre la reserva que «el interés de concretar este proyecto en Guerrero, una de las entidades con menor número de áreas naturales protegidas, es, no solamente garantizar la protección de los abundantes recursos naturales, sino también impulsar un programa de aprovechamiento y desarrollo sustentable que impacte positivamente en la vida social y productiva de la población de esta zona indígena». Sin tomar en consideración que esta diversidad biológica (que ahora quieren proteger), los animales silvestres, y las fuentes de agua, existe gracias a las comunidades de la Montaña y su conocimiento ancestral de cómo vivir con la naturaleza.
Este bosque está porque nuestros antepasados supieron cuidar el bosque. Saben cómo. La gente cuida. Ahora el gobierno dice que el va a cuidar. Quien autoriza la tala del pino? Llega al grande cantidad a la capital. Los incendios en las orillas de Chilpancingo, ¿cómo lo hacemos? Nos organizamos y lo apagamos. La palabra del gobierno se preocupa por el bosque, pero en los hechos esto se trata de una exploración de los recursos naturales, dice Apolonio Cruz Rosas.
Los comuneros de las Montañas han invitado compañeros del estado de Chiapas para contar sus experiencias dentro de la Reserva Montes Azules. También han visitado la mina Carrizalillo en el municipio Eduardo Neri, en el mismo Guerrero, para ver con sus ojos propios las destrucción que traen las mineras que operan al cielo abierto.
Escuchando al secretario del SEMAREN hablar de desarrollo sustentable, sobre una Reserva de la Biósfera, resuena al mismo discurso que se ha usado y que se sigue usando como pretexto para seguir con la política «proecológica» en el estado de Chiapas. El ex gobernador, Juan Sabines –del PRD– se hizo famoso con inolvidables frases mientras presentaba el proyecto REDD+ para los comuneros (seleccionados) de la Selva Lacandona en Chiapas: “Sus hijos y sus nietos se lo van a agradecer porque de eso van a vivir, porque van a recibir dinero por estarla cuidando, apostémosle a ellos, los que están chiquitos, para que ustedes tengan la certeza de qué van a vivir sus hijos en el futuro, van a vivir de la conservación de las reservas, del turismo y de la producción de hule o de palma de aceite”. Aseguró que los campesinos indígenas «ya no tienen que sembrar más maíz, porque van a vivir (sobrevivir) como guardabosques». En el boletín del SEMAREN sobre la reserva se asegura que el proyecto tiene «la finalidad de conservar la biodiversidad y a partir de ello generar progreso y bienestar social». A través del discurso buscan la justificación para despojar a los pueblos, para abrir camino para el capital.
El camino a una exploración minera, pasa por la fundación de una reserva natural
Una quinta parte de México está concesionada a alguna empresa minera. En total estamos hablando de que 36 millones de hectáreas están en manos de mineras que tienen la preferencia sobre cualquier otro uso del suelo –sea de los derechos de las poblaciones que están ahí o si es un patrimonio cultural– y pueden operar por encima de la reglamentación sobre el medio ambiente. México es el primer receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) para la exploración minera a nivel regional. Así, de acuerdo con la Secretaría de Economía, México ocupa el sexto lugar mundial en inversión minera y se encuentra entre los 10 principales productores de 16 minerales (es el primero en plata, el séptimo en oro y el décimo en cobre). El 69% de las empresas extranjeras en la minería son canadienses.
Lo que analizamos en el primer foro en contra de la biósfera era que el gobierno del estado de Guerrero mandó una petición al gobierno federal para que se decretara una Reserva de la Biósfera en la Montaña. En este momento se sabía que habían concesiones mineras y que las empresas transnacionales estaban esperando para que las comunidades fueran consultadas para que entrara la minería. La consulta estaba prevista para hacerse en la Universidad Intercultural. El primer paso en la consulta era que tenían que estar con el decreto de la reserva. Empezamos a estudiar la ley de equilibrio ecológico en México y descubrimos que la biosfera permite la minería, es como atribución de quien la administra la reserva. Dice Luisa Guzmán que forma parte del equipo del Centro de Estudios Ecuménicos de la Ciudad de México.
La extracción del codiciado mineral en el corazón el «cinturón de oro» ha ocasionado disputas por el control del negocio. La violencia es una de las principales características de esta actividad. Fotografía: Cristian Leyva
Otras experiencias con la agresiva expansión de las mineras, particularmente las canadienses, despiertan la conciencia y la rabia:
La minería en México es un asunto de la colonización. Es la misma exploración histórica y las empresas y el gobierno piensa que puede pasar por encima de los pueblos. La preocupación no solo es la contaminación, sino que en Guerrero, en esta zona, y creo que en gran parte del estado, conservan un sistema comunitario de decisiones colectivas y este tipo de acciones empieza fragmentar el tejido y empieza a dividir comunidades.
Máquina de la antipolítica
«No es una máquina para eliminar la pobreza que incidentalmente se involucra con la burocracia estatal; se trata de una máquina para el refuerzo y la ampliación de la burocracia estatal; se trata de una máquina para reforzar y ampliar el ejercicio del poder burocrático del Estado, que tiene casualmente la pobreza como su punto de entrada al lanzamiento de una intervención que puede no tener ningún efecto en la pobreza, pero que, de hecho, tiene otros efectos concretos« (Ferguson, 1994). Esta despolitización de la «máquina de la anti política» se manifiesta en programas de desarrollo que se enmarcan en «el lenguaje neutral de la ciencia». Ya sea iniciada por el Estado o por otros expertos, planes de mejora se elaboran a partir de un repertorio existente de diagnósticos, recetas y técnicas. Debido a esto hay muchos aspectos de las intervenciones de desarrollo que de hecho son «estandarizados» y aplicados de la misma manera de un lugar a otro. En el caso de Guerrero, como en muchos otros, el pretexto para implementar diversos programas ligados a la biodiversidad –sea Pagos por Servicios Ambientales (PSA) o decretos para establecer una Reserva de la Biósfera– se encuentra en la «política rural sustentable». El discurso hace énfasis en el crecimiento poblacional, la pobreza y la dispersión de la población y lo mezcla o relaciona directamente con la deforestación el agotamiento de agua, etc.
Tierra Colorada, una comunidad enclaustrada en el corazón de la Montaña. Fotografía: Heriberto Paredes
Como respuesta a la política agresiva capitalista del gobierno mexicano queda la organización. Hasta ahora se ha organizado 16 Foros regionales:
Mejor nos organizamos, vamos defender nuestro territorio, nuestros recursos, vamos a defender la herencia que nos dejaron nuestros abuelos. Queremos invitar a más gente a integrarse al movimiento. El Consejo de Autoridades Agrarias está abierto para quienes gustan participar y contribuir con nosotros a defender nuestro territorio, afirma Apolonio Cruz Rojas.
«La represión que los malos gobiernos han ejercido en contra de nuestros pueblos es en respuesta a nuestra decisión de no parar nuestra resistencia para no dejar de existir por obra de la cruenta guerra de exterminio. No tiene que ver solo con una persecución política, sino que es una reacción de los que arriba diseñan el despojo para consolidar sus intereses asentados sobre la explotación, el despojo, la represión y el desprecio que pueden tomar diferentes rostros y reflejos», posicionamiento del Congreso Nacional Indígena (CNI) del pasado 22 de marzo de 2015, sobre la ola represiva en contra de los pueblos.
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