Murillo Karam confirma que el ataque de Ayotzinapa fue ordenado por la alcaldía para evitar que se interrumpiera el reporte como Presidenta del DIF de la esposa de José Luis Abarca, pero no revela cómo se ha protegido y tolerado el negocio de lavado de dinero multimillonario de José Luis Abarca en Iguala desde el 2011, año en el que en un operativo la PGR y la policía estatal decomisaron 20 kilos de oro contrabandeado pertenecientes al alcalde de Iguala. Este oro era sólo una pieza en la metodología de lavado de dinero con la que el alcalde había tomado control de todos los centros joyeros de esa región para ese propósito. El alcalde compraba oro al mayoreo y lo vendía más barato en los centros joyeros de Iguala legitimando su fortuna personal y la del cartel Guerreros Unidos. Durante su ascenso al poder en la región también se incrementó la ola de levantones en Iguala, en un esfuerzo coordinado para desplazar al cartel Beltrán Leyva.
Y la pregunta ardiente de todos los mexicanos es por qué una alcaldía ordenaría un ataque de terrorismo de estado contra 100 normalistas que viven en condición de extrema pobreza y que piden cooperación regular en la comarca de Iguala para sobrevivir y realizar sus prácticas de campo. De acuerdo a declaraciones de activistas locales, durante la transición de poder del cartel Beltrán Leyva a manos de Guerreros Unidos, un sinnúmero de ciudadanos ajenos al crimen organizado fueron levantados y posteriormente liberados tras padecer tortura y pagar rescate por su liberación. Estos ciudadanos, ahora activistas anónimos, revelan que durante la transición de poder entre cárteles y su ataque a los pobladores de Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa siempre estuvieron del lado de la ciudadanía y esto generó odio por parte de la alcaldía de Iguala y del cartel para el que lavaba dinero.
Es bien sabido en la localidad que las faldas de los cerros de Iguala se convirtieron en los últimos años en fosas comunes y lamentablemente tememos que se haya reservado un lugar para los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa por contrariar al narco.
Toda esta información ha sido revelada por diferentes medios que no han tenido eco suficiente, ni ha sido citada por medios con mayor alcance. A continuación se presenta extractos y enlaces gracias a los que ha sido posible redactar esta nota. Pedimos difusión máxima para que la red de lavado de dinero de Iguala sea desmantelada y que todos los funcionarios federales y locales que han protegido o ignorado está red de delincuencia sean cesados de sus puestos e investigados para cumplir un proceso legal justo y transparente hacia todos los implicados.
SIN EMBARGO
Por: Shaila Rosagel - octubre 13 de 2014
Los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) comían soya con frijol y una porción de arroz. Vivían en grupos de hasta 12 en habitaciones de nueve metros cuadrados y a los que mejor les iba, dormían en literas viejas en cuartos con agujeros en paredes cubiertas con cartón. Se aseaban en baños insalubres y con agua helada. Estudiaban en salones sin material didáctico y con pupitres deteriorados. En cambio, José Luis Abarca Velázquez, Alcalde perredista con licencia de Iguala y prófugo de la justicia, vivía amurallado, con gimnasio y alberca propia; tenía varios autos y propiedades. Llevaba una vida de lujos, en un municipio de miserables. Como narco, pues.
Son los estudiantes de primer grado, quienes tradicionalmente siembran la tierra como parte de sus pruebas para obtener una matrícula. Este agosto, como todos los años, los jóvenes normalistas sembraron y sus semillas florecieron, pero ellos, desde el 26 de septiembre, no volvieron a ver el producto de su trabajo. Viajaron a Iguala a pedir cooperación a sus pobladores para sufragar los gastos de sus prácticas de observación, y ya no regresaron. Las manos de los 43 normalistas desaparecidos, dejaron inconclusa su cosecha.
El día que los normalistas desaparecieron, salieron a botear para poder costear sus viajes de observación o prácticas que duran en ocasiones más de una semana. Con sus recursos viajan a las comunidades más apartadas y marginadas de Guerrero para prestar servicio. Recursos que ni el gobierno ni sus familias, les proveen.
En Iguala, a 200 kilómetros de Tixtla – municipio donde se ubica la Escuela Normal de Ayotzinapa –, un hombre vivía amurallado, en una fortaleza de bardas electrificadas y con varias patrullas resguardando el perímetro de su casa. Se trata de la vivienda del Alcalde con licencia y prófugo de la justicia, José Luis Abarca Velázquez. Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa llevaban una vida lujosa en una colonia de clase media, cercana al centro de la ciudad. Ahí era dueño de media manzana y desde su fortaleza, eran los reyes, dueños y señores de la ciudad. Temidos por sus vecinos, pocos quieren hablar sobre el Alcalde prófugo, los que se atreven aseguran que el perredista, de 1.52 de estatura, salía en las mañanas con camisetas pegadas al cuerpo, porque le gustaba mostrar sus bíceps. En el interior de su muralla, Abarca Velázquez, aseguran sus vecinos, tiene un gimnasio donde se ejercitaba y una alberca propia para tomar el sol, además de cinco vehículos lujosos. El Lincoln era su preferido.
El Alcalde de Iguala vivía en una ciudad que era escenario de terror, tortura y muerte en sus alrededores. En las faldas de los cerros, no muy lejos de zona urbana. María y su esposo vivían muy cerca de La Joya. y en las madrugadas el hombre se levantaba y salía al portal para escuchar los ruidos que el eco del monte llevaba hasta sus oídos. No eran ruidos agradables: eran gritos de horror, de hombres y mujeres que lloraban, chillaban, pedían piedad y auxilio. “Se escuchaban en la madrugada, más los sábados y los domingos, los gritos que venían del cerro. Eran mujeres y hombres por igual”, dice. Otros pobladores de la colonia San Miguelito aseguran que en la zona donde están las nuevas fosas, subían Hummers, jeeps, camionetas, motos y también vehículos de la Policía municipal. Un joven que solicitó anonimato por seguridad, dice que hace unas dos semanas, cuando desaparecieron los normalistas, escuchó movimiento de vehículos en la zona y detonaciones. De acuerdo con el joven era común desde hace tiempo escuchar descargas de “cuernos de chivo” e ir y venir de vehículos en medio de la noche y la madrugada. Pero esa madrugada, José Luis Abarca no escuchó nada, porque estaba en una fiesta del DIF con su esposa, según sus declaraciones. Aquel viernes 26 de septiembre varios pobladores que se encontraban en la plaza principal de Iguala se aventaron al piso cuando empezó la balacera y el centro del pueblo entró en pánico. Los jóvenes normalistas, relatan pobladores, tomaron un autobús de la Línea Estrella Oro para regresar a Ayotzinapa y fueron perseguidos a punta de pistola por la policía municipal. Esa noche desaparecieron en la obscuridad.
CRONICA
Daniel Blancas Madrigal
A mediados de diciembre de 2013, en el Campo Militar Número 27 de Acapulco, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue alertado de las tropelías cometidas por el edil de Iguala, José Luis Abarca, hoy prófugo de la justicia tras la desaparición masiva de normalistas de Ayotzinapa.
El Consejo Ciudadano de Seguridad del estado detalló al mandatario cómo Abarca utilizaba el comercio de oro para lavar dinero del crimen organizado, cómo ingresaba de manera ilegal al país joyería italiana y se había involucrado en el secuestro de joyeros, cómo había comprado la candidatura del PRD a la presidencia municipal de Iguala y la manera cómo solía eliminar a sus adversarios.
En aquella reunión también estuvieron presentes el entonces secretario de Seguridad Pública del estado: el almirante Sergio Javier Lara Montellanos -quien renunció al cargo semanas después-, así como representantes de la Secretaría de Marina y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De lo que se dijo ahí hay testigos. Una pieza clave -desde todos los flancos- para develar la historia fue en ese momento y es Arturo Flores Mercado, no sólo por su liderazgo dentro del Consejo Ciudadano de Seguridad de la entidad, sino por su posición como presidente de la Asociación de Joyeros y Plateros de Guerrero y por el antecedente de haber contendido con Abarca por el ayuntamiento de Iguala.
Aunque se había reservado hablar del tema, pues ha sido amenazado por el crimen organizado e incluso cuenta con medidas cautelares dictadas por la CNDH, Flores Mercado accedió a compartir con Crónica su testimonio y los registros del Consejo y de la Asociación de Joyeros...
ORíGENES. -¿Conoces a un fulano que se dice llamar José Luis Abarca, que afirma venir de Iguala y es un gran empresario de joyas? -preguntó un grupo de joyeros a Arturo Flores Mercado, presidente de la Asociación de Joyeros de Guerrero.
Era principios de octubre de 2007, durante la Expo Joyas que se realiza todos los años en Guadalajara, Jalisco.
-No me suena, ¿por qué? -sondeó Flores.
-Es que trae mucho dinero, y va de stand en stand comprando grandes cantidades de oro -le dijeron.
“Es ahí donde el gremio joyero supo de él. Sin ningún antecedente en el ramo y de la noche a la mañana, se volvió el mayorista más poderoso venido de Iguala. Quiso llegar directo con los fabricantes de Jalisco, el principal mercado, y se hizo amigo de ellos, porque a todos les interesó tener un cliente como Abarca, que pagaba de contado… El señor no compraba un kilo de oro, sino 40 o 50… Para que tengamos una idea más clara, un kilo cuesta hoy alrededor de 200 mil pesos. Así que los fabricantes le comenzaron a mandar mucha mercancía y hubo quienes incluso lo visitaban en Iguala. Se convirtió en un reconocido comerciante de la región, que daba hasta créditos millonarios. Hizo negocio con los más fuertes, pero él revendía a precios más baratos”.
-¿Más baratos? -se cuestiona a Flores Mercado.
-Su negocio era el lavado de dinero. Encontró en el oro la forma de enjuagar el billete ilícito y así enriquecerse. Se había casado con María de los Ángeles Pineda Villa, cuyos hermanos eran parte de la delincuencia organizada.
Pero su fuerte, más que la joyería nacional, era el contrabando de joyería italiana… “Los contrabandistas van a Laredo, Texas, a Los Ángeles o Nueva York y ahí la consiguen, la compran y la ingresan ilegalmente al país”.
De esta actividad ilegal, conoció la Policía Federal y la Ministerial.
“En 2011 armaron un fuerte operativo en Iguala y le confiscaron más de 20 kilos de joyería italiana de contrabando, pero él y su gente fueron alertados y lograron ocultar la mayoría de la mercancía, la repartieron en casas y otros escondites. La policía, la PGR y otras autoridades conocieron de este señor desde entonces”.
-¿Qué otras autoridades?
-Todos en Iguala y en gran parte del estado conocían que Abarca tenía custodia militar. Llegó a tanto su poder que traía elementos de la zona militar que lo acompañaban a todos lados, incluso desde antes de que fuera candidato y presidente municipal. La cuestión es si sabían o no lo que hacía.
El hoy prófugo fue nombrado representante del Centro Joyero Obregón, ubicado a una cuadra del zócalo de Iguala y el cual alberga en sus dos niveles 145 negocios de joyería -muchos de los cuales le pertenecían a él o a algún integrante de su familia-. A la par se convirtió en dueño del centro comercial Galerías Tamarindos, el más grande y lujoso de la ciudad, ubicado frente al cuartel militar.
Pero pronto surgieron referencias inquietantes en torno a su accionar…
“Justo en los años en que Abarca acrecentó su poder dentro del ramo, se multiplicaron los secuestros a joyeros -cuenta Flores Mercado-. ‘Levantaron’ a muchos que venían principalmente de Guadalajara. Al interior sabíamos que alguien les estaba poniendo el dedo”.
-¿Quién, Abarca?
-Sí, él. El plagio más sonado fue el del dueño de Consorcio Diamante y su hijo… A él le interesaba comprar la parte de arriba del Centro Joyero de Iguala. Llegó con su hijo para ver los stands y comprarlos, se cotizaban sobre dos millones de pesos cada uno. Por la mañana los saludé, y en la tarde ya los habían secuestrado. Al señor lo dejaron libre para que operara el pago. Supe que les dio mucho dinero y hasta oro le pidieron a cambio de la libertad de su hijo. Después de esa experiencia el consorcio desapareció y la familia se fue del país. Muchos otros compañeros también fueron secuestrados, robados y asesinados. Y era él (Abarca) quien les estaba poniendo el cuadro, y luego se encargaba de desplazar esa mercancía robada o pedida como rescate…
El respaldo del gremio a José Luis Abarca se desplomó sin reservas en 2009, cuando la PGR difundió los nombres de los delincuentes más buscados a nivel nacional…
EL MUNDO
POR MARIA VERZA
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